Fiscalía pide 2 años y 9 meses de cárcel a Sandro Rosell por defraudar a Hacienda en 2012

La Fiscalía ha solicitado para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell una pena de cárcel de 2 años y 9 meses y una multa de 300.000 euros por un supuesto delito contra la Hacienda Pública, derivado de su declaración del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) del año 2012.

Según consta en el escrito de calificación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que el Ministerio Público ha hecho llegar al Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, el fiscal asegura que Sandro Rosell no declaró ciertas rentas —casi 230.600 euros— en dicho ejercicio, en lo que la Fiscalía tacha de "conducta de defraudación" presuntamente "ideada y ejecutada" por el directivo catalán.

De igual modo, el empresario se habría deducido gastos impropios, no relacionados con su actividad, por valor de 48.077 euros y pagos no justificados, por casi 1.500€, con una tarjeta VISA.

"Durante el ejercicio tributario de 2012, se sirvió formalmente de la misma [una empresa de la que era administrador único, dedicada a la organización de eventos, así como el alquiler de espacios para estos congresos y a la promoción inmobiliaria] para obtener rentas que no declaró en su autoliquidación por IRPF, por un importe total de 352.382,05 euros, siendo estas rentas derivadas de su personal actividad profesional", indica el documento, de cinco páginas.

Según añade la Fiscalía, dicha mercantil, domiciliada en Barcelona, lugar de residencia de Rosell, carecía "de estructura empresarial para prestar los servicios que constituían su objeto social", y durante el ejercicio en cuestión —el del 2012— "los trabajadores que prestaron servicios en la misma fueron cinco personas, de las cuales cuatro de ellas realizaban labores de mantenimiento y limpieza en las oficinas y domicilio de la citada dirección y labores de mantenimiento y limpieza de la segunda residencia del acusado".

"Señalar que ni el acusado ni la referida sociedad tributaron por la prestación de servicios que constituyó la base de su actividad durante el aludido ejercicio", añade la Sección Especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona en su escrito, en el que atribuye a la compañía, como única función, el subarriendo de las oficinas en el inmueble "que tenía arrendado el acusado".

La estrategia supuestamente empleada para defraudar consistió, de acuerdo con el documento, en "la emisión y cobro" por parte de la empresa de facturas a unos clientes que, en realidad, lo eran del propio Rosell, ocultando así "la retribución al acusado por los servicios profesionales que prestaba a terceros".

La petición de Fiscalía

Además de la solicitud de pena de prisión y la multa —con 100 días de arresto sustitutorio en caso de impago—, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y la imposibilidad de beneficiarse de subvenciones o ayudas públicas ni gozar de beneficios fiscales durante un periodo de 3 años. 

La petición de pena de prisión —de 2 años y 9 meses— es, sin embargo, reducida, tras aplicársele una atenuante, ya que Rosell pretendió "reparar el daño" e ingresó el 17 de junio de 2019 a las arcas públicas 287.911 euros, correspondientes a la cantidad defraudada —230.591,62 euros— y a los intereses de demora (uno 57.000 euros).