Corinna Larsen, la antigua amante de Juan Carlos I, puede seguir tranquila por lo que a la Audiencia Nacional se refiere. El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tandem-Villarejo, ha confirmado el archivo de las diligencias que reabrió el 27 de julio de 2020 para investigarla. En una resolución dictada el pasado 21 de junio, conocida por EL ESPAÑOL, el magistrado ha rechazado un recurso de Podemos para que la llamada pieza Carol fuera reanudada.
García-Castellón llegó a citar a Larsen como investigada sobre la base de dos audios encontrados en casa de José Manuel Villarejo. El excomisario grabó el 7 de octubre de 2016 una conversación mantenida en Londres con Larsen durante la que ésta le expresó su sospecha de que una de sus asistentes, N. M., de nacionalidad española, estuviera filtrando información sobre ella al rey emérito y al CNI. Villarejo se ofreció a "chequear" el teléfono español de la asistente.
El 14 de septiembre de 2020 el instructor amplió el objeto de la investigación a otro supuesto encargo de Corinna a Villarejo relacionado con las trabas administrativas con las que se había encontrado su amigo Ben Goldsmith para desarrollar un proyecto inmobiliario en un terreno de su propiedad en Ronda.
Las indagaciones duraron poco: el siguiente 28 de octubre el juez cerró la pieza Carol tras recibir un escrito de la defensa de Larsen y otro de la Fiscalía Anticorrupción en el que advertían de que el presunto delito de revelación de secretos relativo a la asistente N.M. requería una denuncia previa de la presunta víctima, que no se había presentado. Además, para poder perseguir un presunto delito de cohecho concertado en el extranjero era necesaria una querella del fiscal, que tampoco existía.
Recurso
Podemos, personado en la pieza como acusación popular, recurrió el archivo alegando que, además de esos dos delitos cuya persecución presentaba obstáculos procesales, se podían investigar "otros hechos", en referencia a la presunta actuación de Larsen como testaferro del rey emérito.
Adujo, asimismo, que no habían sido identificadas las víctimas de los presuntos encargos de Corinna a Villarejo, las cuales podrían ejercitar acciones.
"El alegato [de Podemos] pierde todo su sentido en la medida en que no quedan concretados esos otros delitos que pudieran haberse cometido, y muy en concreto en el supuesto presente, atendida la condición de acción popular, que no permite subrogarse en la posición de unas víctimas que ni concreta ni especifica el perjuicio que pudiera haberse causado", ha contestado García-Castellón. "Nos encontramos ante un requisito de procedibilidad ineludible, de carácter imperativo", concluye respecto a la necesidad de querella del fiscal.
"Sin indicios de delito"
Pero es que, además, "no cabe apreciar indicios de la comisión de delito alguno", asegura el juez en lo relativo a los posibles encargos de Larsen a Villarejo porque éste "ya se encontraba jubilado" cuando él y Larsen hablaron de N.M. y de Goldsmith. "Tampoco consta que [Villarejo] solicitara colaboración de otros funcionarios policiales, ni que se efectuaran consultas en bases de datos policiales respecto de N.M.", añade.
"Tras las demás diligencias practicadas no resultan indicios que acrediten siquiera indiciariamente que dicho acceso a información reservada tuviera lugar, ni que se transmitiera datos reservados de N.M. a Corinna", reitera el juez. Y las otras dos personas que en su día tuvieron la condición de investigados (Rafael Redondo, socio de Villarejo, y Juan Villalonga, que propició el encuentro entre el excomisario y Larsen) "no aparecen vinculados con dicho encargo en modo alguno, ni en la grabación de la conversación en que se habría encomendado dicho encargo, ni en una hipotética ejecución".
Finalmente, respecto de Ben Goldsmith "no ha podido concretarse la realidad del encargo".
El juez señala que "una serie de infracciones penales que parecen inferirse del contenido de las conversaciones registradas, es decir, del relato expuesto
por Corinna Larsen en los audios, serían los que constituirían el objeto de investigación ante las autoridades suizas". El fiscal de Ginebra Yves Bertossa investiga desde 2018 a Larsen, a los gestores de la fortuna que Juan Carlos I escondió en Suiza y a dos entidades bancarias por un presunto delito de blanqueo de capitales.