El I Congreso de la Infancia y la Adolescencia ha concluido este viernes en Madrid con una apelación al Gobierno para que incremente los Juzgados exclusivos en materia de familia y modifique su distribución de modo que se garantice la igualdad de acceso de los ciudadanos a una Justicia especializada en todo el territorio nacional.

Más de ochenta juristas y especialistas han participado durante dos días en el congreso, seguido telemáticamente por más de 6.000 personas y organizado por los colegios de abogados de Madrid y Barcelona y la Plataforma Familia y Derecho.

El documento de conclusiones del encuentro subraya que los niños y adolescentes son “víctimas directas de los procesos judiciales [separaciones y divorcios] que afectan a su entorno familiar” y sufren una problemática específica en el ámbito escolar y social (adicción a las tecnologías, a las drogas o al sexo, acosos, alteraciones en la alimentación) “que, al ser cada vez más compleja, requiere de una tutela judicial especializada”.

También recuerdan que, en concordancia con la normativa supranacional y nacional, “las opiniones, necesidades, inquietudes y vivencias de los menores deben ser escuchadas en todo proceso en el que se adopte una decisión que les afecte”.

Propuesta

Los expertos consideran imprescindible la instauración de Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad que proporcionen una atención especializada en estas materias y "garanticen la igualdad de acceso de la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia”, así como agilizar y unificar el tiempo de la respuesta judicial.

Para hacerla efectiva, proponen el abandono de los actuales conceptos de juzgados de familia y juzgados de incapacidades para constituir Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad.

De acuerdo con esa propuesta, a los 148 Juzgados de Familia existentes actualmente, más los 15 de incapacidades, se añadirían otros 80 Juzgados (ya existentes y dedicados a primera instancia civil o mixta) para llegar a un total de 243 Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad que se ocuparían de todos los litigios relacionados con estas materias.

Estos órganos deberían contar, a su juicio, con un fiscal y un equipo técnico, con acceso a mediadores, médicos forenses y demás recursos técnicos y personales necesarios.

Asimismo, los operadores jurídicos solicitan una reforma del sistema de declaración de desamparo, “encomendando al juez esa decisión en lugar de a las autoridades administrativas que lo tienen actualmente reconocida”, y recuerdan que la internacionalización de las relaciones interpersonales está incrementando la problemática que afecta a la infancia y a las familias, “lo que requiere un especial conocimiento del marco normativo supranacional y de los instrumentos y mecanismos de cooperación internacional”.

Foro permanente

Los organizadores han acordado la constitución de un foro de debate con vocación de escucha y permanencia que, bajo la denominación Avanzamos juntos, permita compartir información, impulsar iniciativas comunes y difundir en las páginas web asociativas, medios de comunicación y redes sociales las iniciativas comunes de personalidades jurídicas y asociaciones y entidades del Tercer Sector.

También se ha hecho pública la próxima creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, de la ley de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre capacidad, así como de otras reformas sobre materias propias de la jurisdicción.