Dos semanas después de obtener la libertad condicional por el caso de las tarjetas black, Rodrigo Rato vuelve a tener cerca otro banquillo. El juez Antonio Serrano-Arnal, que investiga desde 2015 al que fuera vicepresidente del Gobierno y director gerente del Fondo Monetario Internacional por actividades presuntamente delictivas durante su etapa como presidente de Cajamadrid y Bankia, ha dado por concluida la instrucción y ve motivos para que Rato vaya a juicio por presuntos delitos de corrupción en los negocios, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
En una resolución en la que da 20 días al fiscal y a la Abogacía del Estado para que presenten los escritos de acusación, el juez sostiene que la investigación ha arrojado indicios de que Rato cobró presuntamente comisiones por adjudicar campañas publicitarias sobre el nacimiento de Bankia a las agencias Zenith y Publicis.
Para ello, el empresario que intermedió, Alberto Portuondo, giró a estas entidades facturas falsas que "no se correspondían con una contraprestación real de aludidos servicios de consultoría sino que eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rodrigo Rato Figaredo su parte en las comisiones obtenidas por la sociedad Albisa (de Portuondo) de las publicitarias Zenith y Publicis en razón de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia y obtenidos durante la presidencia de Rodrigo Rato".
El juez añade que la contratación de Zenith y Publicis, lo mismo que la de Portuondo como consultor, no siguió el cauce normal establecido en la entidad bancaria sino que "ya venían indicados" por Rato y por su secretaria y persona de confianza, Teresa Arellano.
Comisiones
De acuerdo con la resolución judicial, que no es firme sino que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, Bankia contrató campañas de publicidad con Zenith y Publicis durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 a cambio de una comisión de 2.022.153 euros.
La comisión habría sido abonada por las agencias a Portuondo, que entregó a una de las empresas de Rato, llamada Kradonara, 835.024 euros. Miguel Ángel Montero, socio de Rato, recibió 189.704 euros.
Rato destinó ese dinero a un hotel en Alemania propiedad de la sociedad Bagerpleta GMBH.
El expolítico y exbanquero fue también propietario de una sociedad británica, Vivaway, que no declaró a Hacienda hasta mayo de 2013 y cuyas acciones son tituladas por la fiduciaria Finsbury Trust "a fin de evitar que aparezca a nombre de Rodrigo Rato".
Vivaway es dueña y socia única de Kradonara, sociedad que le fue vendida por su excuñado, Santiago Alarcó, al que el juez atribuye una presunta cooperación en el blanqueo de capitales de Rato. El instructor considera que con la compra de Kradonara "Rato implementa un canal que consigue alejar los fondos que ingresan en España de su origen, con el objeto de ocultar su persona de las sociedades que acaparan los fondos".
Entre 2006 y 2014 Rodrigo Rato introdujo en España a través de ese entramado empresarial 7.827.580 euros, "dinero de procedencia en parte desconocida y en parte procedente de dos sociedades constituidas en Panamá (Red Rose Finantial Enterprise y Wetscastle Corporation), tituladas por testaferros y sin actividad social conocida pero reconocidas por Rato ante la Hacienda Pública con ocasión de las regularizaciones del año 2012".
Telefónica
La elusión fiscal que el juez atribuye indiciariamente a Rato consiste, por una parte, en "maniobras de ocultación de su patrimonio exterior y maniobras entre sociedades bajo su control a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera
oculta para la Hacienda española" y, por otra, en la percepción a través de sociedades
meramente instrumentales de servicios profesionales que prestaba de
manera personal. De esta forma minoraba la cuota fiscal, al tributar por el Impuesto de Sociedades y no por IRPF, y haciéndolo, además, con bases imponibles negativas, por lo que no pagó nada a Hacienda.
Entre esos servicios profesionales prestados por Rato figuran informes que hizo a Telefónica, de la que percibió 300.000 euros los años 2013 y 2014 y 130.000 euros en 2015. El juez ve motivos para juzgar a Ramiro Sánchez de Lerín como cooperador necesario de los presuntos delitos fiscales de Rato.
Secretario general y del consejo de administración de Telefónica, Sánchez de Lerín abandonó la compañía en 2018 con una indemnización en torno a los 11 millones de euros después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara su imputación en este proceso.
Según la ONIF, Rato defraudó 996.955 euros en 2006, 251.458 en 2007, 960.475 en 2008 y 128.768 en 2009. La cuota defraudada en los años 2010 y 2011 resulta inferior a los 120.000 euros que señalan el límite del delito fiscal.
En 2012, habría defraudado 200.134 euros; en 2013, 260.313; en 2014, 447.134 y en 2015, 208.323 euros.
El instructor admite que la ONIF ha hecho numerosos informes con distintas cuotas y las ha ido modificando sucesivamente "sin que, como resulta razonable, esta situación pueda prolongarse ad infinitum ". Considera, por ello, que la determinación final del fraude deberá ser objeto del juicio oral.