El equipo de fiscales que investiga posibles irregularidades patrimoniales de Juan Carlos I se ha reunido este viernes para empezar a analizar la regularización tributaria realizada el pasado jueves por el rey emérito.
El anterior jefe del Estado ha satisfecho una deuda tributaria de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, para regularizar donaciones por valor de más de 800.000 euros recibidas del empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2017 y 2019.
La "declaración fuera de plazo sin requerimiento previo" formalizada ante la Administración tributaria de la Comunidad de Madrid ha empezado a ser mirada con lupa por los fiscales a las órdenes del fiscal de Sala coordinador de delitos económicos, Juan Ignacio Campos.
La Fiscalía General del Estado ha hecho público un comunicado en el que indica que, tras la reunión mantenida por los fiscales responsables de la investigación, el Ministerio Público "valorará el alcance de la declaración tributaria" presentada por Don Juan Carlos y, en particular, "su espontaneidad, veracidad y completitud", lo que hará "en el marco de una investigación más amplia que se continuará llevando a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo".
Fuentes de la Fiscalía han explicado que lo primero que se va a analizar es si la regularización tributaria es "completa" y "verdadera" con el fin de determinar si existirían indicios de delito fiscal en esos ejercicios y si, en caso de que la conclusión sea afirmativa, la declaración presentada el pasado jueves serviría como excusa absolutoria.
El Código Penal establece la posibilidad de que un presunto defraudador fiscal eluda la responsabilidad penal que le correspondería si regulariza su situación tributaria en determinadas condiciones.
Notificaciones
La ley penal considera regularizada la situación fiscal cuando se haya procedido por el obligado tributario al "completo reconocimiento y pago de la deuda" siempre que lo haga antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración tributaria correspondiente interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener "conocimiento formal" de la iniciación de diligencias.
En una posterior fase la Fiscalía analizará si la regularización fiscal se ha presentado en un tiempo hábil, es decir, antes de tener "conocimiento formal" de la investigación de la Fiscalía.
El fiscal de Sala Campos ordenó notificar a la defensa de Juan Carlos I, ejercida por el letrado Javier Sánchez Junco, el inicio de unas diligencias preprocesales sobre las donaciones de Sanginés. Pero es preciso analizar si esa notificación cumple el requisito de "conocimiento formal" de una investigación dirigida contra el rey emérito por concretos indicios de infracción fiscal o fue más bien realizada para garantizar el ejercicio de su derecho a la defensa para el caso de que le conviniera participar en esas diligencias preprocesales. La defensa de don Juan Carlos no ha tenido, sin embargo, intervención alguna en la investigación del Ministerio Público ya que decidió no personarse.