El rey emérito, Juan Carlos I, analiza desde hace semanas con su equipo jurídico y de asesores fiscales la posibilidad de regularizar con Hacienda los fondos percibidos como donaciones del empresario mexicano-británico Allen Sanginés-Krause con posterioridad a la abdicación, en 2014.
Fuentes del equipo de asesores del antiguo jefe del Estado aseguran que la regularización está aún en estudio y no ha sido formalizada, en contra de lo publicado por algunos medios. Estas fuentes no ocultan el malestar existente con el Gobierno, al que atribuyen la filtración de una regularización que aún no se ha realizado y justo en el día en que se conmemora el aniversario de la Constitución que consagró el régimen de 1978, que sectores del Gobierno pretenden arrumbar.
[De hecho, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aprovechó la recepción del Día de la Constitución para arremeter contra Juan Carlos: "Menudo día ha elegido para confesar que ha defraudado a Hacienda", aseveró. Echenique subrayó también que cuando el rey emérito quiere regularizar la situación fiscal respecto al caso de sus "tarjetas opacas, lo hace porque le han pillado". "Es una confesión", insistió.]
Los fondos cuya regularización se sopesa fueron donaciones procedentes de Sanginés que sirvieron para financiar gastos ordinarios de miembros de la familia de Juan Carlos I. Se ingresaron en cuentan bancarias abiertas en España que manejó el coronel Nicolás Murga, ex ayudante de campo de don Juan Carlos.
Esas donaciones son posteriores a la abdicación y no fueron en su día declaradas a Hacienda, por lo que los asesores del rey emérito analizan las cuantías recibidas en cada ejercicio fiscal para determinar el montante de la regularización.
La Agencia Tributaria y el Gobierno conocen que se está trabajando en esa estrategia, que, en principio, permitiría descartar la infracción fiscal en la segunda de las diligencias abiertas por la Fiscalía sobre el patrimonio oculto de Juan Carlos I.
Patrimonio oculto en Suiza
Las investigaciones comenzaron tras conocerse que el anterior jefe del Estado mantuvo en Suiza, sin declarar a la Hacienda española, una ingente cantidad de dinero procedente de donaciones del rey de Arabia Saudi (100 millones de dólares) y del sultán de Bahréin (1,9 millones de dólares).
Esos fondos fueron ingresados en cuentas corrientes suizas a través de la Fundación Lucum, creada por Dante Canónica y Arturo Fassana, gestores de la fortuna del rey, y finalmente transferidos en 2012 a Corinna Larsen, examante de don Juan Carlos.
En principio, los asesores de Jan Carlos I descartan regularizar estos fondos. Pese a admitir que formaron parte del patrimonio del rey emérito de forma irregular, consideran que los hechos se refieren al período anterior a la abdicación y, por tanto, están cubiertos por la inmunidad que blindaba penalmente al anterior jefe del Estado.
Admiten, además, que la cuota que habría sido defraudada asciende a una cantidad millonaria a la que Juan Carlos I no podría hacer frente por sus propios medios en este momento.
Existen unas terceras diligencias abiertas por la Fiscalía al pasado noviembre tras un informe del Sepblac. El organismo encargado de detectar y analizar operativas de blanqueo de capitales habría encontrado fondos que atribuye a Don Juan Carlos en unas estructuras financieras en Jersey.
El rey emérito no tiene conciencia de que esos fondos le pertenezcan. Las fuentes consultadas los atribuyen a antiguas operaciones financieras de Manuel Prado, íntimo amigo de Juan Carlos I, fallecido en 2009.