El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha pedido a la institución que le entregue una copia de los documentos en los que se ha detectado irregularidades en las cuentas electorales de Unidas Podemos correspondientes a las elecciones generales de abril de 2019.
La Fiscalía no considera suficiente exigir responsabilidad contable y ha pedido esos documentos para remitirlos a los tribunales ordinarios con el fin de que investiguen presuntos delitos electorales y de falsedad documental, según un escrito firmado por Torres el pasado 27 de julio, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Es la primera vez que el Ministerio Público afirma que existen indicios de delito en relación con las cuentas electorales de Unidas Podemos.
El fiscal del Tribunal de Cuentas ve un posible delito en la contabilidad de la campaña de 28-A de Unidas Podemos
La formación de Iglesias ha sido objeto de denuncias en varias ocasiones, pero hasta ahora ni la Fiscalía ni los jueces habían visto motivo para una investigación penal.
Las cosas han cambiado. El escrito de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, adelantado por la Cadena Ser, afirma la existencia de "indicios de la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral" y, "dado que este Tribunal carece de competencia para el conocimiento de tales infracciones penales", se pide un testimonio de varios apartados del informe de fiscalización de la contabilidad presentada por los partidos respecto a las elecciones del 28 de abril de 2019, informe aprobado el pasado julio por el Tribunal de Cuentas.
Contrato posterior a la factura
El fiscal se refiere a que el Tribunal de Cuentas ha detectado que en la contabilidad presentada por Unidas Podemos "figuran gastos por operaciones ordinarias, por importe total de 290.727,41 euros, cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral" y, por tanto, no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.
Entre esos gastos están unos alegados servicios de consultoría "facturados con anterioridad al contrato y sin estar suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor". Éste fue la empresa Neurona Consulting, radicada en países latinoamericanos y con la que ha trabajado Juan Carlos Monedero.
Unidas Podemos alegó que lo que hizo Neurona Consulting no fue un trabajo de consultoría "al tener como objetivo la elaboración de líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos/as y la producción de material de carácter electoral", sostuvo.
El Tribunal de Cuentas rechazó estas explicaciones. El informe de fiscalización indica que "la elaboración de las líneas estratégicas de precampaña y campaña se consideran servicios de consultoría estratégica, esto es, trabajos de naturaleza preparatoria que no se consideran comprendidos en los conceptos" que la ley electoral considera gastos electorales (confección de sobres y papeletas electorales, propaganda y publicidad, alquiler de locales...).
El Tribunal de Cuentas añadió que, si bien el partido de Iglesias aportó vídeos y diseños publicitarios supuestamente relacionados con el contrato con Neurona, "no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor".
Durante la fiscalización se solicitó a la coalición sucesiva información en relación con ese gasto. Se le pidió, en concreto, que aportara el presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios a prestar y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación.
Unidas Podemos envió un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes (el partido y Neurona) el 6 de mayo de 2019, es decir, con posterioridad a la factura correspondiente a dicho contrato, fechada el 5 de abril de 2019, e incluso posterior a las propias elecciones.
El órgano fiscalizador observó también que en el contrato con Neurona se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, "sin valoración económica individualizada de lo contratado".
El Tribunal de Cuentas detectó también que la filial española de Neurona fue objeto de inscripción constitutiva en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2019, semanas antes de la cita electoral, "no coincidiendo su objeto social con las prestaciones contratadas”.
La apreciación de indicios delictivos por parte de la Fiscalía apuntala la denuncia del ex abogado de Unidas Podemos José Manuel Calvente, que fue despedido por la formacióm, frente a las descalificaciones de que está siendo objeto por los dirigentes del partido.
"Un servicio ficticio... humo"
Calvente, cuya denuncia está siendo ya investigada por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, se refirió en su declaración judicial a las sospechas que albergaba respecto al contrato con Neurona. "Son trabajadores [de Podemos] los que detectan estas irregularidades. Me dicen: 'oye, yo estoy haciendo cosas para Podemos y resulta que las está facturando Neurona. Neurona está facturando un servicio ficticio. Cómo es posible que cobre 300.000 euros por hacer seguimiento de campaña, que es una cosa como... humo'. Porque para mí es humo”.
El delito de falsedad en documento mercantil, que se referiría al contrato entre Unidas Podemos y Neurona y a la factura abonada a la consultora por el partido, castiga con penas de seis meses a tres años de prisión y multa al particular que falsee documentos integrados en el tráfico mercantil "simulándolo en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad" o "suponiendo la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho".
El delito electoral que, indiciariamente, el fiscal aprecia castiga con prisión de uno a cuatro años y multa a los administradores generales y de las candidaturas de los partidos "falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables".
Fuentes del Tribunal de Cuentas indicaron que Unidas Podemos es el único partido en cuya contabilidad electoral del 28-A el fiscal ha visto sospechas de delito.