Las asociaciones judiciales han subrayado este lunes, a propósito del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por Interior, que es una "clara injerencia" del Ejecutivo tratar de acceder a las investigaciones que la Policía Judicial realiza para un juez.
"El Gobierno no debe enterarse del contenido de las investigaciones judiciales, y menos si le afectan", coinciden los jueces.
El coronel Pérez de los Cobos, hasta ahora jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, fue destituido el domingo por la noche después de que sus mandos y la directora del instituto, María Gámez, le pidieran que se enterara de las investigaciones sobre el 8-M entregadas por dos subordinados suyos a la jueza para la que trabajan como Policía Judicial. El coronel se negó y recordó que la magistrada, Carmen Rodríguez-Medel, había dado órdenes expresas a los investigadores para que le informaran sólo a ella.
En esas diligencias está siendo investigado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y se apunta a la responsabilidad del director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por la no prohibición de la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer.
El presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, considera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "debe explicar los motivos de la 'pérdida de confianza'" en el coronel Pérez de los Cobos para "garantizar que detrás de esa alegación no se esconde una decisión arbitraria".
El magistrado subraya que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan como Policía Judicial "dependen de los jueces de instrucción" y el Gobierno "no es que no pueda, es que no debe enterarse del contenido de las investigaciones judiciales que desarrollan esos agentes por orden del juez, máxime si la investigación afecta a alguien relacionado con el Ejecutivo del que orgánicamente -que no funcionalmente- dependen esos investigadores".
"Si el cese del coronel Pérez de los Cobos está relacionado con el respeto a la orden de la instructora de que los agentes no facilitaran información a nadie salvo a ella, podría ser un intento de interferir en la dependencia funcional que el artículo 126 de la Constitución atribuye a los miembros de la Policía Judicial respecto a los jueces y, por tanto, susceptible de afectar al principio de independencia judicial".
El máximo directivo de la APM afirma que Marlaska "deber saber que esa interferencia es un quebramiento grave de la normativa ética, deontológica y profesional que debe inspirar la actuación de un ministro del Interior".
"Interferencia"
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, considera que en el conflicto planteado hay varios planos. En lo que se refiere a la concreta investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, "la Policía Judicial, por mucho que dependa de Interior, a quien tiene que informar es a la jueza y sólo debe atender las órdenes de la instructora en cuanto a la investigación".
En un plano más general, la doble dependencia de la Policía Judicial implica que los mandos deben facilitar medios e infraestructura a los agentes para trabajar pero "sin inmiscuirse en modo alguno" en la investigación judicial. "El ministro de Interior, el secretario de Estado, el director de la Guardia Civil...ningún mando político tiene que recibir información de una investigación judicial, no les corresponde, y menos si la investigación les afecta".
Por ello, a su juicio, sería improcedente que los mandos de los agentes que trabajan para el juez "reclamaran información para comunicarla a los políticos. "Eso es una forma de interferencia en la investigación judicial", afirma Fernández Vaquero.
El portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, manifestó que hay que "recordar a los gobernantes el artículo 126 de la Constitución", según el cual la Policía Judicial depende de los jueces y del fiscal en sus funciones de "averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente".
El magistrado indica que es una "reivindicación histórica" de su asociación que esa dependencia de los jueces no sólo sea funcional sino también orgánica, "precisamente para evitar que el Gobierno se inmiscuya en las investigaciones judiciales que puedan afectarle".
Para Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente, "no entraríamos si fuera una mera decisión política, pero la Policía Judicial está al servicio de los órganos judiciales y por eso no debe haber transmisión de información sobre la investigación que no sea al órgano judicial".
"Llama la atención que Grande-Marlaska, siendo juez, no sepa que no debe inmiscuirse en la instrucción de un asunto, sobre todo cuando es parte interesada", añade la magistrada, para la que exigir a un mando información de lo que hacen sus subordinados como Policía Judicial es "una clara injerencia" y "choca frontalmente con la independencia judicial".