El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto unas diligencias penales por presunta prevaricación administrativa y/o lesiones por imprudencia profesional contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Son las primeras actuaciones penales que se producen contra autoridades relacionadas con el Ejecutivo derivadas de la pandemia del Covid-19.
La jueza Carmen Rodríguez-Medel -que investigó a la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, por el caso de los másteres presuntamente falsos, asunto que está pendiente de juicio- ha recibido por reparto una denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y contra todos los delegados del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por no haber prohibido concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 de marzo y el 14 de marzo a pesar -afirma la denuncia- de la recomendación sobre el Covid-19 emitida el 2 de marzo por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.
Rodríguez-Medel ha abierto diligencias previas sólo respecto al delegado de Gobierno de Madrid, al ser el único sobre el que tiene competencia. En una resolución dictada el pasado lunes y conocida hoy, la magistrada insta al denunciante a que, si lo estima procedente, traslade la denuncia ante los órganos competentes: los miembros del Gobierno ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el resto de delegados de Gobierno ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.
Dudas sobre los delitos
En la denuncia se relata que en la Comunidad de Madrid hubo 77 reuniones multitudinarias a partir de 5 de marzo , entre ellas la manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer, a la que asistieron numerosos miembros del Gobierno.
La instructora ha admitido a trámite la denuncia al no apreciar, de inicio, que los hechos no puedan ser constitutivos de delito, aunque expresa muchas cautelas, entre ellas las derivadas de su provisional tipificación.
Asi, la jueza manifiesta "serias dudas" de que se trate de una prevaricación administrativa, aunque tampoco la descarta. "La calificación jurídica puede ser ésta o puede ser esta en concurso con otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional aunque, a priori, sin perjuicio de que se recabe dictamen pericial forense sobre este particular, la relación de causalidad parece ciertamente difícil de acreditar desde una perspectiva técnica", señala.
La jueza ha ordenado una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.
Diligencias
Al médico forense adscrito al Juzgado le encarga que emita un informe sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración o cuándo fue notoria.
A la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid le encarga un atestado en el que se dé cuenta, entre otra cuestiones, de cuál fue el curso dado al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades: qué órgano lo recibió en España, si lo difundió entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid.
La Guardia Civil deberá informar también sobre si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas y si por las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, se hizo advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir a esas concentraciones, de modo que los asistentes aceptaran la autopuesta en peligro.