Un hecho insólito tendrá lugar este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares: un exjuez de instrucción, Miguel Florit, se sentará en el banquillo acusado por dos periodistas y sus respectivos medios (la agencia Europa Press y Diario de Mallorca) de presuntos delitos por los que se enfrenta a una petición de pena de 42 años de inhabilitación para todo empleo o cargo público.

No es usual que los periodistas lleven a juicio a un juez, pero también es singular el motivo por el que se inició este proceso: Florit llevó a cabo una injerencia sin precedentes en la confidencialidad de las fuentes periodísticas que protege la Constitución al autorizar la entrada y registro de los citados medios y la requisa de los móviles y los ordenadores de los periodistas Blanca Pou y Francisco Mestre, que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2018.

Durante los meses anteriores Florit -a petición de la Policía y con el respaldo del fiscal anticorrupción Juan Carrau- había recabado de las compañías telefónicas los datos sobre el posicionamiento de los móviles de los periodistas y el listado de las llamadas emitidas y recibidas -indiscriminadamente- por Mestre desde octubre de 2017 y por Pou desde enero de 2016.

Ninguno de los periodistas tenía la condición de investigado. Lo que el juez pretendía era "confirmar y acreditar las sospechas relativas a quiénes eran sus fuentes", concluyó la magistrada instructora del proceso contra Florit, Felisa Vidal, que en una resolución dictada el pasado 11 de junio vio motivos para que su colega se sentara en el banquillo.

Florit, que entonces investigaba el caso Cursach, sospechaba que varios funcionarios de policía que habían intervenido en la investigación de ese asunto estaban  proporcionado información sumarial a los periodistas.

Sin motivación

Pero, en lugar de actuar sobre las comunicaciones de los presuntos responsables de las filtraciones, optó por incautar a los periodistas sus móviles, ordenadores y pendrives, y lo hizo -señaló la jueza Vidal- en autos estereotipados, carentes de motivación, en los que no ponderó los derechos fundamentales en juego y sin justificar la necesidad y proporcionalidad de la medida.

Florit autorizó también el "volcado y posterior estudio" del contenido de los dispositivos incautados "a fin de detectar posibles envíos de datos filtrados por parte de los investigados". Esta medida no se llevó a cabo porque el juez acordó dejarla sin efecto después de saber que los periodistas y medios afectados habían presentado una querella contra él. Durante la investigación no ha quedado acreditado que la Policía accediera a los dispositivos durante el tiempo en que estuvieron en su poder.

Miguel Florit no es ya miembro de la carrera judicial. El pasado noviembre solicitó su jubilación anticipada, por lo que una eventual condena no tendría ninguna repercusión en su cargo de juez.

Los afectados, defendidos por los letrados Nicolás González-Cuéllar y Javier Crespo y a los que se han unido la agencia Efe y la Asociación de Medios de Información, le atribuyen un delito de prevaricación continuada; dos delitos consultados contra la inviolabilidad del domicilio por los registros practicados en los medios de comunicación; un delito continuado contra el ejercicio de derechos, en referencia al secreto profesional de los periodistas, y un delito continuado de interceptación ilegal de comunicaciones.

No sólo está en juego la suerte penal del magistrado sino también la protección de los informantes de los periodistas, "pilares de la libertad de prensa y cuya desprotección podría disuadir a las fuentes de ayudar a la prensa a informar al público sobre cuestiones de interés general", destacaba la magistrada instructora en la resolución en la que imputó a Florit.

Luzón, testigo

Está igualmente en juego si en el futuro será lícito que en las investigaciones penales en las que no hay indicios contra los periodistas se opte por el camino más sencillo de poner al descubierto sus fuentes en vez de llevar a cabo pesquisas, seguramente más complicadas, centradas en quienes sean sospechosos de filtraciones indebidas.

"De las declaraciones de los agentes [que plantearon al juez la interceptación de las comunicaciones de los periodistas] resultaba la posibilidad de acordar esas mismas medidas respecto de otras personas que finalmente pudieran ser los responsables del delito de revelación de secretos", destacó la instructora en alusión a los agentes sospechosos de las filtraciones. "Ello hubiera resultado menos gravoso e igualmente útil; circunstancia que no puede orillarse por el dato de que hubiese sido necesario investigar a un mayor número de personas, lo que no constituye una dificultad suficientemente grave para tener que acudir a la medida que se adoptó".

La requisa de los móviles de los periodistas es contundentemente defendida por la Fiscalía Anticorrupción. Tanto su responsable, Alejandro Luzón, como el fiscal que llevó el caso, Juan Carrau, están citados como testigos.  

El fiscal superior, Bartolomé Barceló, propugna la libre absolución del magistrado. En su escrito de conclusiones provisionales, afirma también que Florit dictó las medidas que afectaban a los periodistas teniendo ya identificados a una serie de funcionarios policiales como presuntas fuentes informantes.