El levantamiento del sumario de una de las piezas del caso Tándem o caso Villarejo saca a la luz las prácticas irregulares a las que habría recurrido el comisario y sus colaboradores, entre ellos el abogado Rafael Redondo y cuatro miembros de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, para sostener una querella en nombre de una de sus clientas, la polaca Marzena Katarzina Nikiel contra el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano.
Según el sumario de la pieza -que se abrió a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2018 y se ha mantenido en secreto por procedimiento reforzado durante más de siete meses- el ya denominado "clan parapolicial" de Villarejo recopiló datos privados y no accesibles a través de registros públicos contra el hombre para elaborar un informe "prejudicial" contra a él de cara a presentar la querella y extorsionarle, según sostiene Anticorrupción.
Extracto del informe elaborado por los socios de Villarejo y recogido por la Policía.
Entre esos datos se encontraban los documentos de identidad y el lugar de trabajo de la exmujer del empresario y de los hijos de ambos, el lugar de trabajo de sus hermanos, o los nombres y datos privados de las mujeres con las que mantuvo relaciones después de su divorcio.
También las cantidades que adeudaba a entidades financieras con los que había contraído préstamos, los movimientos en sociedades mercantiles en las que había participado o declaraciones de personas de su entorno con las que contactaron para conocer, entre otros datos, operaciones en efectivo que realizó.
Extracto del informe elaborado por los socios de Villarejo y recogido por la Policía.
"Informe falso"
El abogado Rafael Redondo, socio de las empresas de Villarejo, habría sido el encargado de recoger todos esos datos en un "informe falso" de 51 páginas, como lo califican los investigadores, hallado en uno de los registros del caso y que los miembros de Asuntos Internos de la Policía recogen en sus informes aportados a la causa y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Para obtener parte de esos datos, habría contado con la ayuda de hasta cuatro miembros de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional a los que han identificado los agentes de Asuntos Internos y que ya han sido citados a declarar por el juez Alejando Abascal de la Audiencia Nacional.