El Consejo General del Poder Judicial ha decidido este viernes reclamar al ministro del Interior, Fernando Marlaska, y su consejero homólogo en Cataluña, Miquel Buch, un plan integral para la protección de los jueces que ejercen en esa comunidad.
En un acuerdo adoptado por unanimidad por la Comisión Permanente, el órgano de gobierno de los jueces afirma que "viene observando con preocupación intensa y creciente cómo en Cataluña se reproducen y multiplican los ataques a jueces, a sus familias, a sus bienes y a las instalaciones judiciales".
"El pueblo manda, Arran obedece"
El detonante del acuerdo ha sido el último ataque a la vivienda del juez del Supremo Pablo Llarena y la aparición en numerosas sedes judiciales de Cataluña de excrementos y pintadas con mensajes de odio, insultos y amenazas, acciones reivindicadas por los Comités de Defensa de la República (CDR).
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El CGPJ recuerda que esas agresiones se producen desde hace tiempo, "inicialmente alentadas por miembros de las instituciones autonómicas catalanas que promovieron manifestaciones ante sedes judiciales como fórmula de rechazo al cumplimiento de sus obligaciones por parte de jueces y tribunales, ofendiendo con ello gravemente las condiciones constitucionales en las que debe desenvolverse la división de poderes".
Posteriormente, esas actitudes han degenerado en "conductas criminales y se han multiplicado, al tiempo que se exponen como 'acciones' de grupos que se identifican bajo nombres o siglas conocidas", señala el Consejo, que lamenta que esos comportamientos sean jaleados desde la Generalitat.
El CGPJ "no percibe" que se estén adoptando las "medidas exigibles para proporcionar la garantía de seguridad e integridad de las personas de los jueces y magistrados, las de sus familias y sus bienes ni la de las personas que colaboran con ellos, así como las de los lugares donde prestan servicio, como tampoco se percibe efectividad alguna en la investigación y persecución" de esos actos.
La situación de los jueces en Cataluña, advierte el CGPJ, "les impide desarrollar sus funciones jurisdiccionales con el debido clima desosiego y tranquilidad, circunstancias que resultan indispensables para la independencia judicial en un Estado Democrático y de Derecho".
El Consejo va a dirigirse al ministro del Interior y al consejero catalán de Interior "reclamando la adopción de un plan integral de protección de los jueces que prestan servicio en Cataluña y de las sedes judiciales".
También va a solicitar a la Fiscalía General que persiga los ataques a los miembros del Poder Judicial en Cataluña y supervise las investigaciones que estén llevando a cabo las fuerzas policiales "para asegurar su suficiencia y corrección y descartar que se puedan producir omisiones que den lugar a la exigencia de responsabilidades".