El Gobierno de Pedro Sánchez, concretamente el Ministerio de Trabajo, se enfrentará este próximo miércoles a un juicio como demandado en la Audiencia Nacional por dar luz verde a la creación del primer sindicato de prostitutas de nuestro país, la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). 

Puesto que la práctica consistente en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona (el proxenetismo) está prohibido en España y penado por nuestro Código Penal, la constitución de dicho sindicato este verano fue un escándalo. Que el Gobierno permitiera su existencia suponía, según denunciaron numerosas asociaciones feministas, que también reconocía la afiliación de las trabajadoras y, por tanto, a sus contratantes (los proxenetas). De ahí que pusieran el grito en el cielo y exigieran su disolución.

Una vez publicada su aprobación en el BOE el pasado 4 de agosto, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio,admitió que le habían "colado un gol por la escuadra" y destituyó a la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, por permitirlo puesto que, según explicó en rueda de prensa, tomó la decisión sin consultarle. Valerio también solicitó a la Abogacía del Estado que iniciara todos los trámites pertinentes para declarar la resolución "nula de pleno derecho". 

Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo pública una nota de prensa en la que anunciaba que ya habían iniciado los trámites para impugnar el sindicato y afirmó: "La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esta actividad ilícita". 

"¿Por qué no han dado marcha atrás?"

Sin embargo, a día de hoy, el equipo de Sánchez todavía no ha prohibido el sindicato. De ahí que la asociación internacional feminista y pro Derechos Humanos L'Escola haya presentado una demanda contra el Gobierno (Ministerio de Trabajo) y contra el sindicato de prostitutas OTRAS que deberá dirimirse en juicio el miércoles en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Antes de llegar a este punto, la asociación presentó un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo el pasado 30 de agosto. Puesto que no obtuvieron contestación alguna, en octubre presentaron un requerimiento en el que consultaban cómo estaba el asunto, quién era el funcionario encargado del expediente y solicitaron la medida cautelar de suspender el sindicato mientras se resolvía dicho recurso.

El Gobierno contestó que tenía seis meses para pronunciarse sobre el recurso administrativo. El documento oficial remitido a la asociación les informaba de la posibilidad de dirigirse a la Justicia por la vía de lo Social, y que la Audiencia Nacional era el tribunal competente.

De ahí que L'Escola decidiera dar un paso más y, el 3 de septiembre, presentara una demanda contra el Ministerio de Trabajo en la que pedían la nulidad del acto administrativo que confirmó la constitución de dicho sindicato. Demandó al Gobierno porque "no ejerció el control que les correspondía contra el proxenetismo", explica a EL ESPAÑOL Nuria González, presidenta de la asociación. Extendieron también la demanda al sindicato OTRAS para que no hubiera indefensión hacia sus miembros.

González se pregunta "por qué el Gobierno no ha dado marcha atrás ni inmediatamente después de que se publicara la decisión en el BOE o para contestar a nuestro recurso administrativo". También afirma que "nadie, ni de la Abogacía del Estado, ni del ministerio de Trabajo ni de ningún organismo oficial se ha puesto en contacto con nosotras".

La asociación 8M pide la disolución

El próximo miércoles, media hora antes de que tenga lugar el referido juicio contra el sindicato OTRAS y el Gobierno, también se celebrará otro juicio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra los estatutos del sindicato de prostitutas. 

En este caso, la demandante es otra asociación feminista, 8M, que en su caso solicita la nulidad de los estatutos del sindicato y por tanto su disolución. No demandan al Gobierno, sólo al sindicato. La defensa de OTRAS solicitó que el segundo juicio del día, en el que está demandado junto al Ministerio de Trabajo, no se celebrara hasta que no se hubiera resuelto si el sindicato debe seguir existiendo o no, asunto que se abordará en la primera sesión del día. Sin embargo, la Audiencia Nacional no ha considerado dicha petición y los dos juicios se celebrarán finalmente.