La Fiscalía Anticorrución ha solicitado al juez Diego de Egea, que sigue una investigación con el excomisario José Manuel Villarejo como principal investigado, la reapertura íntegra de dos piezas sobreseídas en el marco del caso Tándem al encontrar nuevos indicios penales contra quienes estuvieron investigados.
Se trata de las denominadas piezas Iron y Land. En la primera, estuvieron investigados abogados del despacho madrileño Herrero y Asociados. En la segunda, se investigó a miembros de la familia Cerezuela que habrían contratado los servicios de Villarejo para que realizara un informe sobre la construcción de la lujosa urbanización La Finca de Madrid.
El juez dictó un auto de sobreseimiento provisional sobre estas dos piezas el pasado 30 de julio, pero el Ministerio Público solicita ahora su reapertura al encontrar "nuevos elementos incriminatorios contra todas las personas involucradas, y en particular, contra los siete investigados en total que se vieron afectados por las decisiones de archivo y que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil".
El comisario Villarejo ha revelado al juez la existencia de una ‘Operación Cataluña’
Cientos de documentos encontrados
Los investigadores han avanzado en la revisión del ingente material encontrado en los registros de noviembre en las propiedades de Villarejo y los primeros detenidos en la Operación Tándem (los excomisarios Enrique García Castaño y Rafael Redondo).
Ese avance, según la Fiscalía, ha permitido "seguir ampliando la fuente de prueba en todas las líneas abiertas en la presente investigación sobre las actividades delictivas de una organización incrustrada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos 15 años".
Archivo "precipitado"
En los informes de la Fiscalía solicitando la reapertura, han mostrado su disconformidad con la decisión del juez de cerrar estas dos piezas, que califican de "precipitado". El Ministerio Público ya presentó dos recursos contra las decisiones en agosto pendientes de resolver por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fuentes fiscales explican que con esta petición pretenden la "simplificación y más adecuada ordenación" de la que ya denominan "macrocausa".