La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 2 que acceda a la entrega a Alemania de un ciudadano nacido en China y con pasaporte británico contra el que las autoridades judiciales alemanas han emitido una euroorden para poder juzgarle por presuntos delitos de contrabando y elusión fiscal.

El fiscal ha informado favorablemente la orden de detención y entrega pese a que la defensa del reclamado alega que en la resolución dictada por la Justicia alemana falta una concreción de los hechos y no se determina con claridad la cuantía supuestamente defraudada.

Se trata de dos objeciones similares a las mencionadas por el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein respecto al cargo de malversación de fondos públicos que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena imputa al expresidente catalán Carlos Puigdemont. En una resolución dictada el pasado 5 de abril cuyo contenido adelantó EL ESPAÑOL, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein aduce que la euroorden española "no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se cometió el delito" ni se concreta si realmente se destinaron fondos públicos al referéndum ilegal del 1-O, como afirma Llarena.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la entrega a Alemania del ciudadano chino, pese a las objeciones planteadas, sobre la base del "espíritu que debe presidir la interpretación de las órdenes europeas de detención y fiel al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales".

Por ello, "en ningún caso ha entrado a valorar la entidad de los elementos de prueba de que disponen las autoridades requirentes, como viene siendo habitual", destaca la Fiscalía en un comunicado.

Además de las pegas señaladas, la defensa del reclamado ha planteado también dudas de identidad en cuanto a que sea él, y no otro ciudadano chino, el autor de los hechos imputados en la euroorden alemana. Esto tampoco ha sido cuestionado por la Fiscalía, que pide que se acepte la resolución de la Justicia alemana como si hubiera sido dictada por un juez español.

Las autoridades alemanas imputan al reclamado la realización de actividades de importación haciendo figurar cantidades económicas inferiores a las reales para eludir la obligación de pago de derechos de arancel.