El proceso judicial alrededor del mayor caso de corrupción de las últimas décadas en la isla de Mallorca, el caso de la Policía Local de Palma también conocido como caso Cursach, continúa desvelando información sorprendente.
El nuevo instructor del caso, el juez Miquel Florit, ha relatado en su último auto de procedimiento abreviado -el paso previo a la apertura de juicio oral- contra los principales acusados, el auténtico "temor" que el empresario de la noche mallorquina y sus colaboradores ejercían sobre los funcionarios del Ayuntamiento de Palma.
Bruno Da Silva, uno de los empresarios que denunció a Cursach, cuenta el acoso que sufrió
Gracias al miedo, el chantaje y los sobornos habría conseguido hacer reformas sin ningún tipo de licencia en las discotecas de su propiedad, las conocidas internacionalmente Pachá y Tito's, con el consiguiente riesgo para la seguridad pública. Un control ejercido por "temor a represalias" que habría continuado hasta el año pasado, incluso con Cursach y con su mano derecha, Bartolomé Sbert, en prisión.
Así, según relata el juez Florit en su auto, "el poder, miedo e influencia del Grupo (en referencia al Grupo Cursach) es de tal envergadura e intensidad, que informes solicitados por esta instrucción a raíz de la detención y registro de los establecimientos del Grupo, no fueron entregados, o su entrega se demoró sin aparente justifiación, todo ello sin olvidar que el trámite administrativo necesario para ejecutar en su caso su eventual cierre por carecer de licencia de obras (Megapark y Tito's) por ser estas ilegalizables (Pachá) o por afectar a la seguridad de las personas (Pachá y Megapark) ha estado detenido más tiempo de lo habitual pese a la existencia de informes técnicos emitidos por funcionarios que no se han dejado intimidar por el poder que ostenta la organización criminal investigada".
Colaboradores en el Ayuntamiento
El empresario de la noche mallorquina contó con el apoyo de funcionarios que, según han declarado distintos testigos en sede judicial, se convirtieron en "auténticos gestores" del Grupo Cursach en 'Cort', como se denomina al consistorio en la capital. Es el caso de Julián Garau, uno de los procesados, que trabajaba como celador de obras.
Según el juez, Garau mantenía contacto frecuente con los hombres de mayor confianza de Cursach, Antonio Bergas y Bartolomé Sbert, y con él mismo. Realizaba gestiones para el grupo Cursach "dando la impresión por el tono y el contenido de las conversacioines, de que es un empleado del Grupo en vez de un funcionario del Ayuntamiento, y que entre otros servicios prestados al Grupo se ocupa de acelerar los papeles".