Jordi Turull, exconsejero del Puigdemont encausado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de rebelión, aparece citado de forma expresa en la sentencia del caso Palau por la que la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a penas de prisión a los exdirectivos de la institución musical y a Daniel Osàcar, extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

La mención no favorece en absoluto al exconsejero y actual diputado de Junts per Catalunya en el Parlament. Según la sentencia, Turull fue miembro de la mesa de contratación que actuó en el expediente para la construcción de un pabellón deportivo municipal en San Cugat, adjudicada a Ferrovial por 4,1 millones de euros en 2002.

Se trata de una de las cuatro únicas obras respecto a las que la Audiencia afirma que "ha resultado acreditado" que fueron concedidas a Ferrovial "en virtud de un pacto" según el cual la empresa entregaba fondos a Convergència "a cambio de que ésta, haciendo valer el ascendiente que algunas de las personas que la integraban tenían sobre aquellas que conformaban los órganos de gobierno y de adjudicación de obra pública en entes autonómicos o locales integrados por miembros del propio partido, garantizase la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual".

Comisión del 2,5% para CDC

Las otras tres obras fueron el revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del Ebro, la línea 9 del metro de Barcelona y la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Respecto al pabellón de San Cugat, la sentencia afirma que "en el momento de la adjudicación de la obra, la alcaldía y la mayoría del consistorio era detentada por CDC" y que "la comisión ilícita devengada por esta operación se calculó conforme a las reglas [pactadas]: un 4% (167.040’76 euros), donde el 2’5% (104.400’47 euros) se entregó a CDC y el 1’5% (62.640’28 euros) fue para Félix Millet y Jordi Montull" por su intermediación en la canalización de las comisiones pagadas por Ferrovial al partido nacionalista, camufladas como patrocinios al Palau.

La Audiencia afirma que Osàcar y su antecesor en la tesorería de CDC, Carles Torrent (fallecido en 2005), bien directamente bien a través de otros miembros del partido "no determinados", "con la intención y voluntad de que se adjudicaran a Ferrovial diversos contratos para la ejecución de obra pública a cambió de la entrega de dinero" en proporción al valor de la obra, influyeron "sobre alguno o algunos de los componentes de las mesas de adjudicación para que en las obras relacionadas [entre ellas, la de San Cugat] en todo o en una parte significativa de ellas se valorara la oferta de Ferrovial como la mejor de las presentadas, para de esta forma dejar el camino expedito a la posterior aprobación de la propuesta por el órgano administrativo de adjudicación, que dicha formación controlaba".

Según la sentencia, los tesoreros de Convergència tenían "el suficiente peso o fuerza" como para poder "exigir" a los miembros del partido que formaban parte de las mesas de contratación la realización de actividades que aseguraran el futuro económico de la formación.

Una "pátina de legalidad"

La sentencia lo explica así: "Los citados tesoreros, prevaliéndose de dicha condición y de las consecuencias que seguir o no las indicaciones del tesorero del partido podría tener sobre las perspectivas futuras en la carrera profesional o política de aquellos a los que dirigieron su influjo y de las que los influidos eran sin duda alguna perfectos conocedores, instaron a los miembros de aquellas mesas de contratación, ya directamente, ya mediante la interposición de otro miembro del partido con mayor ascendiente sobre aquellos, a valorar las ofertas presentadas por Ferrovial como las mejores, de forma tal que, posteriormente, el órgano administrativo que las adjudicaba formalmente, formado por personas pertenecientes a CDC y a cuyos miembros, mediante la misma trama de influencias, se les hacía saber que debía adjudicarse la obra en el sentido que le interesaba al partido, pudiera adjudicar la obra a dicha mercantil sin tener que desviarse de la propuesta de la mesa, revistiendo con ello todo el proceso de adjudicación de una pátina de legalidad, legitimidad y rectitud, de la que carecía por completo".

"Dicha influencia, además, consiguió su objetivo", añade la Audiencia. Ferrovial, que no tenía un volumen significativo de obra pública en Cataluña antes de iniciar sus patrocinios al Palau, empezó a conseguir adjudicaciones.

Entre ellas estuvo la del pabellón deportivo de San Cugat, que la sentencia describe señalando que "en esta adjudicación no consta acreditado quiénes formaban la comisión técnica, pero en la mesa de contratación, además del teniente de alcalde de

dicha localidad gobernada por CDC en federación con UDC, formaba parte de la misma Jordi Turull Negre, militante de CDC, concejal en otra localidad cercana [Parets], miembro de la Diputación de Barcelona y diputado del Parlament de Catalunya desde 2003 [en realidad, 2006] por dicha formación, siendo el órgano de adjudicación la comisión municipal de gobierno, conformada por miembros de aquella federación".

"Nuevamente, la vinculación entre mesa de contratación y órgano de contratación y la vinculación con CDC aparece diáfana", concluye la Audiencia.

Turull fue propuesto como testigo en el juicio del caso Palau pero finalmente no declaró. El defensor de CDC, Xavier Melero renunció a su testimonio y al de otras 35 personas al saber que Montull iba a confesar la financiación ilegal del partido de Pujol, Mas y Puigdemont.