El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, se sienta este martes en la Audiencia Nacional en la primera pieza que llega a juicio de la trama Púnica, en la que se investiga el 'chivatazo' que el exconsejero de Aguirre recibió, presuntamente, de uno de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, José Manuel Rodríguez Talamino.
El abogado de Francisco Granados, Javier Vasallo, ha pedido la nulidad de todas las grabaciones en las que se basa la investigación de la UCO porque considera que "no se han fundamentado en ninguno de los autos dictados por el juez" y se han tomado en "prospección".
El letrado también considera que el "juez ha liberado sin motivación alguna" al empresario y exsocio de Granados David Marjaliza en esta pieza de la operación Púnica, en la que no está imputado.
Los guardias civiles niegan el chivatazo a Granados
Los hechos por los que Granados se sienta por primera vez en el banquillo por la trama Púnica se remontan a septiembre de 2014. Rodríguez Talamino investigaba al político a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y presuntamente contó a éste, durante las fiestas de Valdemoro de 2014, que le estaban investigando. Después de esa conversación en la que le pusieron en aviso, Granados habría llamado al guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre en busca de más información. El juez Eloy Velasco abrió una investigación contra los tres por un presunto delito de violación de secretos.La Fiscalía pide tres años de prisión para cada uno de ellos por un delito de violación de secretos con grave daño para la causa pública.
Aceleraron la investigación
La actuación del guardia civil Rodríguez Talamino obligó a acelerar la investigación para evitar la destrucción de pruebas y más filtraciones. No en vano, Granados llamó a su amigo David Marjaliza, también investigado en la trama Púnica, y le transmitió lo que le había contado Caro Vinagre, que le habían instalado un dispositivo de grabación en el edificio Éboli de Pinto, donde tenía una de sus empresas.
Es la primera pieza de la Operación Púnica (de las 16 abiertas) que llega a la Audiencia Nacional y por la que Granados se enfrenta a tres años de prisión. El exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro (Madrid) cumplió dos años de prisión preventiva en la cárcel de Estremera tras ser detenido. Salió de prisión el pasado junio.