El Tribunal Constitucional ya tiene sobre la mesa la primera renuncia de un miembro de las sindicaturas electorales catalanas. Carme Vilanova, presidenta de la sindicatura de la demarcación de Arán, renunció a ese 'cargo' hace dos días ante la alta probabilidad, adelantada por EL ESPAÑOL, de que el TC impusiera multas coercitivas a los encargados de la administración electoral de la votación secesionista.
El Constitucional ha acordado este jueves esa medida, imponiendo el pago diario de 12.000 euros a los integrantes de la sindicatura electoral catalana y de 6.000 euros diarios a los miembros de las sindicaturas de las demarcaciones.
Las multas empezarán a ser ejecutivas a las 10 horas del día siguiente a la publicación de la decisión del TC en el BOE. Para el Constitucional, este plazo es suficiente para que los afectados "justifiquen ante este tribunal que han renunciado a su cargo en la sindicatura electoral de Cataluña y en las sindicaturas de demarcación, previa revocación y comunicación de todos los acuerdos adoptados".
En el supuesto de que no renuncien, cada día recaerá una nueva cuota y, en el caso de que no la paguen, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha sido encargada por el TC de proceder a su cobro incluso por la vía de apremio.
Vilanova se ha adelantado a la situación y ya ha comunicado al TC su renuncia, según confirmaron fuentes del tribunal.