Los procesos judiciales abiertos por los preparativos para celebrar un referéndum unilateral de independencia ya alcanzan a una consejera del Gobierno de Carles Puigdemont. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra Meritxell Borràs, consejera de Gobernación y Administraciones Públicas, y contra el ex secretario general de ese departamento, Francesc Esteve. Éste ha sido recientemente ascendido a cargo de director del gabinete jurídico de la Generalitat.
Por primera vez, el procedimiento se abre por un delito -malversación de caudales públicos- que, de confirmarse, conllevaría penas de cárcel. La Fiscalía atribuye a los investigados, además, desobediencia al Tribunal Constitucional y prevaricación continuada.
Según la querella, “en su voluntad de celebración de un referéndum de autodeterminación, al objeto de mantener el propósito contenido en la Resolución 1/XI (anulada por el Tribunal Constitucional) de crear un Estado catalán independiente", Borràs y Esteve "adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el referéndum".
Para ello, añade la querella, dictaron un acuerdo marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlament de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana, y publicaron la licitación en el Diario Oficial de la Generalitat el pasado 9 de mayo, por un valor de 200.000 euros.
De las cláusulas incluidas en el acuerdo se desprende que las condiciones de la contratación se deferirán al momento en que sea necesario el suministro de las urnas, y sólo serían conocidas por las empresas adjudicatarias porque sólo a ellas se les remitirá por correo electrónico el pedido concreto de suministros.