El juez cita como investigado al hombre de confianza del exnúmero 2 de la Policía

El juez que instruye el 'caso del pequeño Nicolás' ha interrogado en calidad de investigado a un mando policial conocido por ser la sombra durante los últimos años del que fuera número 2 de la Policía, Eugenio Pino. José Angel Fuentes Gago ha estado destinado como jefe de gabinete en la Dirección General Operativa (DAO) hasta que ha sido recompensado con un puesto en La Haya, como agregado de Interior en la delegación diplomática en Holanda.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes jurídicas, este martes prestó declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, por su presunta implicación en la grabación ilegal de una reunión mantenida entre el que fuera responsable de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, y varios agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás'.

Este inspector jefe había sido citado la semana anterior pero se pospuso su declaración al no acudir con abogado porque quería requerir los servicios de la Abogacía del Estado. Finalmente ha acudido a declarar con un abogado personal, dentro de una pieza que se encuentra en estos momentos secreta. La Abogacía del Estado se encuentra personada en la causa como acusación, en defensa del CNI.

Fuentes Gago ha sido en los últimos años uno de los hombre fuertes en la DAO, mano derecha de Eugenio Pino, y persona de su máxima confianza. Ha estado involucrado en lo que se conoce como 'Operación Cataluña', como reconoció un compañero suyo, Bonifacio Díaz, ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga unas posibles artimañas de la Policía para obtener irregularmente cierta información de la familia Pujol. “Gago y yo hemos hecho alguna información sensible sobre los Pujol. El jefe nos lo mandaba porque confiaba en nosotros. Esa información se guardaba en la base de datos sin problema”, sostuvo en su declaración ante el juez el propio Bonifacio Díaz.

Organizó la reunión grabada de Fernández Díaz

Fuentes Gago fue la persona que organizó la reunión entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso -según asegura este último-, reunión cuyo contenido se filtró y provocó la dimisión de De Alfonso. El propio De Alfonso aseguró a Público -diario que desveló la grabación de la reunión- que el organizador de la reunión, que se celebró en el propio despacho del ministro, fue su amigo Fuentes Gago. “Yo he confiado en ellos, y me he confiado y el contacto sí era José Ángel Fuentes Gago. Ahora, nunca pensé ni hubiera pensado que a mi me tuvieran el teléfono monitorizado para hacer cosas parecidas”, explicaba al periódico. Por ahora se desconoce quién ordenó grabar esa conversación.

Fuentes Gago también ha sido el policía que ha hecho dos informes favorables al comisario José Villarejo, uno dándole el visto bueno de todo su entramado empresarial que posee el mando policial y el otro por la entrevista, grabada y filtrada a los medios, que mantuvo con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por el origen de su ático.

Ahora ha sido citado como investigado por otra grabación ilegal. En este caso, alguna persona, probablemente a través de un programa espía instalado en un teléfono móvil, grabó la conversación entre el que fuera jefe de Asuntos Internos y dos agentes del CNI. En este caso, el juez sospecha que quien ordenó hacer la grabación pudo ser otro comisario de Policía, José Villarejo -investigado en la causa-, para hacérsela llevar al propio Gómez Iglesias.

Se quiso hacer creer que en esa conversación se hablaba de “lavar pruebas” aunque la Policía científica ha negado tal extremo tras el análisis de su contenido. El objetivo de hacerle llegar esa grabación al pequeño Nicolás, según las sospechas de los investigadores, es que éste solicitara la anulación de la causa y quedara exonerado de toda su investigación por hacerse pasar por miembro del CNI, por miembro del Gobierno o por emisario del Rey con el objetivo de estafar a diversas personas.

Las sospechas de los investigadores de porqué Villarejo quiso ayudar al joven es porque ambos podrían haber mantenido contactos previamente y se quería ocultar una posible vinculación del comisario con el presunto estafador intentando anular toda la causa.

De testigo a investigado

El juez Arturo Zamarriego ha considerado ahora que Fuentes Gago debe pasar de testigo a investigado. Pocos días después de celebrarse esa reunión grabada ilegalmente, el audio le llegó -entre otros- a este inspector jefe. Cuando éste reenvió el correo electrónico con la grabación a Martín -Blas -a quien se había grabado-, el correo tenía borrado el remitente.

Según se explica en el informe policial que se analiza la grabación ilegal, Fuentes Gago envió por correo electrónico la grabación a Martín-Blas y figuran borrados los datos del emisor “por lo que todo parece indicar que, premeditadamente, eliminó del archivo el nombre y la dirección de correo de la persona que se lo había reenviado a él, pero no el dato de la hora y la fecha”, habiéndolo recibido tres horas antes de reenviarlo, el 12 de octubre de 2014, dos días después de la celebración de la reunión.

“Delata una mala gestión”

Fuentes Gago ya declaró como testigo en la causa el 6 de noviembre de 2015. Durante el interrogatorio, el juez le preguntó por el informe que hizo negando cualquier incompatibilidad por parte de Villarejo entre su cargo como comisario y un entramado empresarial con un patrimonio de más de 16 millones de euros a través de 12 sociedades.

“Yo hice un informe de compatibilidad administrativa, única y exclusivamente. Un informe de 7 folios sobre compatibilidad administrativa del puesto de trabajo que desempeña como comisario y actividad empresarial y como de la información que me aportó él a la petición que se le efectuó no entraba en incompatibilidad según recoge la ley 4/2010. Mi informe asépticamente es un informe administrativo de incompatibilidades, no hice ningún análisis exhaustivo porque no era ni mi función ni mi capacitación de su entramado empresarial. Es que no recuerdo el listado de empresas, es que yo no realicé ninguna valoración de las empresas, simplemente los títulos que ostentaba”, sostuvo ante el juez.

“¿Como es posible que convoquen una reunión con Villarejo para hablar del asunto de la grabación sabiendo que uno de los medios de comunicación que lo publicó le pertenece?”, le espetó entonces el juez. “En ese momento le aseguro que nosotros desconocíamos que Villarejo tenía todo este entramado empresarial que usted relata. El informe que hago es de habilitación administrativa, no es un informe económico en modo alguno, de verdad, no le puedo, yo no puedo emitir un juicio de valor porque estaría confundiéndome y podría inducirle a usted a error”, respondió.

El ministro del Interior entonces ordenó que se hiciera una investigación interna sobre el entramado empresarial de Villarejo después de que el diario El País desvelara todas sus empresas y su patrimonio. Según el informe policial aportado en el caso del pequeño Nicolás, Fuentes Gago hizo su informe basándose únicamente en los datos aportados por el propio comisario -jubilado desde hace unos meses- sin contrastar la información con otras fuentes, máxime cuando se le había entregado un informe desde Asuntos Internos con todas las empresas y sus posibles irregularidades. “El inspector Gago delata claramente una mala gestión de su labor profesional dada la falta de imparcialidad y de objetividad en el informe que realizó ya que no contrastó ninguna información”, recoge el informe.

Según el grupo policial que investiga a Villarejo en el asunto del 'pequeño Nicolás', las afirmaciones de Fuentes Gago en su informe “no son ciertas” porque a su juicio, el comisario sí incurre en incompatibilidades. En el informe que avala su entramado, no menciona -según recuerdan los investigadores- la sociedad Stuart&Mckenzie, despacho de abogados que dirige Villarejo, donde trataban los abogados Rafael Redondo y David Mejías, que intervienen en investigaciones judicializadas como por ejemplo la denuncia contra el comisario Jaime barrado, en el caso de la dermatóloga Elisa Pinto; y además David Macías actúa en el 'caso Nicolay' como abogado de la asociación Transparencia y Justicia, cuyo secretario general es Rafael Redondo.