El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha aceptado por segunda vez la petición de sus superiores de retrasar la excedencia voluntaria cuya solicitud anunció el pasado junio, tras la terminación del juicio contra la hermana del Rey, Cristina de Borbón, y su marido, Iñaki Urdangarín.
El nuevo fiscal general, José Manuel Maza, ha pedido a Horrach que continúe en la Fiscalía Anticorrupción de Baleares hasta que se dicte la sentencia del caso Nóos, que deberá conocerse antes del próximo 31 de marzo.
Tras la finalización del juicio oral del caso Nóos el 22 de junio, Horrach comunicó su intención de abandonar de forma inmediata el Ministerio Público para dedicarse al ejercicio de la abogacía. Encargado durante los últimos 10 años de los casos de corrupción política y económica más relevantes de Baleares, el caso Nóos supuso para Horrach un notable desgaste personal y público, primero por su enfrentamiento con el juez instructor, José Castro, con motivo de la imputación de la infanta y después por la tensión vivida en el juicio con la presidenta del tribunal y ponente de la sentencia, Samantha Romero.
Pese su vivo deseo de dejar la Fiscalía, Horrach accedió entonces a quedarse en el convencimiento de que la sentencia se notificaría antes del pasado 5 de diciembre, fecha en la que terminaba la exención del reparto de asuntos concedida a Romero para que pudiera dedicarse en exclusiva a redactar la resolución del caso Nóos.
Sin embargo, a finales de noviembre la presidenta de la Sala pidió prorrogar esa exención hasta el próximo marzo (incluido), lo que fue aceptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Baleares "con carácter improrrogable y excepcional". Los asuntos que no se turnan a Romero son asumidos por el resto de los magistrados de su sección.
También en noviembre cambió la jefatura del Ministerio Público. José Manuel Maza sustituyó a Consuelo Madrigal y Horrach contactó rápidamente con Fortuny, sede de la Fiscalía General, para volver a hacer patente su deseo de marcharse.
Fuentes del Ministerio Público han señalado que, a pesar de ello, Horrach ha aceptado quedarse hasta abril. "Es el que mejor puede valorar la sentencia y preparar el recurso de casación que, en su caso, corresponda", explican estas fuentes. El fiscal de Baleares no se quedará, sin embargo, para contestar los recursos que interpongan las demás partes, como pretendía la Fiscalía del Supremo. De un lado, porque es una función que puede ser asumida sin especial complejidad por los fiscales de la Sala Penal pero también, de otro lado, porque ello bloquearía la marcha de Horrach muchos meses más.
La infanta
En la Fiscalía se confía en que la Audiencia de Baleares absuelva a Cristina de Borbón, contra la que Horrach nunca ha visto indicios de delito. La única parte que acusa a la hermana del Rey, el sindicato Manos Limpias (ahora bajo sospecha en un proceso penal que tramita la Audiencia Nacional), pide para la infanta ocho años de cárcel como supuesta cooperadora necesaria en dos fraudes tributarios atribuidos a Urdangarín.
En un reciente acto organizado por Vanity Fair, Horrach afirmó que "la presunción de inocencia de la infanta saltó por los aires desde el minuto uno en que estuvo imputada" y añadió que "para mí seria una sorpresa su condena porque sería la primera vez en España no solo que se sienta en el banquillo a una persona por hechos como ese sino que además es condenada".
A la Fiscalía ha llegado algún dato -que la institución no da por confirmado- de que la tardanza en la sentencia se debe a discrepancias de las magistradas Eleonor Moyá y Rocío Martín con la posición de la ponente sobre el delito de malversación de fondos públicos. El hecho de que la petición sobre el mantenimiento de la exención de reparto haya sido formulada por Romero apuntaría a que no ha declinado la ponencia y el tribunal estaría intentando llegar a un consenso, aunque el hermetismo que rodea el asunto impide contrastar esos extremos.
Aparte del caso Nóos, Horrach tiene abiertos más frentes judiciales con otras piezas del proceso Palma Arena y con el caso Son Espases, referido a la adjudicación de un hospital por 780 millones de euros.
En estas últimas diligencias, en las que el empresario Juan Manuel Villar Mir tiene la condición de investigado, el fiscal ha mantenido conversaciones con la defensa del presidente balear Jaume Matas para que éste proporcione datos incriminatorios sobre la supuesta entrega de comisiones a cambio de un mejor tratamiento procesal para él. La permanencia de Horrach en la Fiscalía permite tener más tiempo para lograr un eventual acuerdo.