El Gobierno privilegia a los opositores a juez y fiscal al subir sus becas a 1.300 euros durante 4 años y blindarlas en la ley

Es decir, los opositores becados recibirán una ayuda que no podrá ser inferior a los 15.876 euros anuales, o, lo que es lo mismo, 1.323 euros al mes.

El objetivo del Ejecutivo es facilitar el acceso al mundo de la judicatura a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos y "democratizar el acceso al empleo público bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad", en palabras del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, encargado de avanzar el contenido de este anteproyecto en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Hasta ahora, existía un sistema de subvenciones públicas, las llamadas Becas SERÉ, impulsadas por el Ministerio de Justicia en 2022 y dirigidas a los opositores a la carrera judicial, Fiscalía, abogacía del Estado y letrados de la Administración de Justicia, y los criterios y la cuantía se establecían a través de una orden ministerial. 

¿Qué cambia ahora? En primer lugar, estas ayudas a futuros jueces y fiscales se "blindan por ley" para que no dependan de la voluntad del Gobierno de turno o de la disponibilidad presupuestaria. "No se trata de que este sistema de becas públicas dependa de la sensibilidad de un ministro de Justicia o de un color político", afirmó el ministro.

La igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial

En segundo lugar, se equiparan al SMI, con lo que la cuantía aumenta sensiblemente. "Son obviamente becas dirigidas a opositores cuyas familias tengan rentas bajas o medias. Con el anterior sistema de ayudas, la dotación de las becas se situaba en 8.000 euros, una prestación que ahora ascenderá a los 15.876 euros.

Sobre los requisitos, todavía no están claros, porque el anteproyecto aún no es público "son obviamente becas dirigidas a opositores cuyas familias tengan rentas bajas o medias", avanzó Bolaños en su comparecencia, sin entrar en más detalles. "Los requisitos se establecerán". 

En los criterios objetivos de valoración de las Becas SERÉ, en las que se inspirarán estas ayudas, sumaba puntos una "menor renta familiar" o haber sufrido una "situación acreditada de violencia de género". También se pedía "no estar disfrutando de otras subvenciones para el mismo objeto, de entes públicos ni privados" así como "estudiar la oposición bajo la dirección de un centro especializado". 

En otro tipo de oposiciones no existen becas de estas características con una duración tan sostenida en el tiempo. Se dan, por ejemplo, ayudas de promoción interna: quien siendo subinspector de Policía quiera ascender y convertirse en inspector, puede dedicar si así lo pide partes de las horas de su trabajo a estudiar sin ver perjudicada su retribución económica. 

Llama la atención la escasa ayuda pública que existe para las oposiciones a la carrera diplomática. Se trata de subvenciones casi anecdóticas. El Ministerio de Asuntos Exteriores convoca ocho plazas que cubren íntegramente el programa preparatorio, un curso que ronda los 400 euros al mes. Para las ayudas se tienen en cuenta criterios académicos y de renta.

60 afortunados de Castilla y León han disfrutado ya de las becas para optar a los cargos más altos del sector judicial

En cualquier caso, las ayudas son subvenciones indirectas, ya sea a través de la concesión de tiempo para estudiar, en el primer caso, o de un apoyo en forma de curso, pero en ningún caso de un sueldo que el opositor percibe mes a mes.

Otras medidas

Este anteproyecto, que llega al Consejo de Ministros en primera vuelta, prevé habilitar por ley un centro público de preparación de opositores para que los aspirantes puedan acudir a estudiar y cantar sus temas durante el proceso de preparación. 

De hecho el Centro de Estudios Jurídicos se convertirá un centro público de preparación de oposiciones con delegaciones en cada territorio. En esta línea, se habilitará un registro público de jueces y magistrados que actúan como preparadores.

La futura norma también regulará la financiación de las asociaciones profesionales de la judicatura, que no podrán tener financiación privada, algo que, según Bolaños, "va en la línea de garantizar no solo la imparcialidad, que eso nadie lo pone en duda, sino también la apariencia de imparcialidad" de tales asociaciones.

La reforma contempla también la modificación del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. Así, sustituye una prueba oral por una prueba escrita basada en un caso práctico, que hasta ahora no existía, mientras que quienes acceden por el cuarto turno, primero realizarán el ejercicio de redacción de un dictamen y luego se valorarán los méritos profesionales.

Ambos ejercicios escritos estarán, además, anonimizados. También regula el cuarto turno —que implica que juristas de reconocida competencia que llevan más de 10 años de ejercicio profesional puedan acceder a la carrera judicial— para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre se convoque también el concurso oposición.

Así se garantiza que se cumpla la ley y que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia, ha destacado Bolaños. Prevé, por primera vez, el cuarto turno en la carrera fiscal y regula un proceso de estabilización para los jueces y fiscales sustitutos, como exige la Comisión Europea.

"Jueces sumisos"

Fuentes del Partido Popular acusan al Gobierno de estar "intentando tomar el control de los futuros jueces y fiscales". Todas las medidas anunciadas de este anteproyecto de ley, según la primera impresión de la dirección del PP, buscan sesgar la selección, la formación y la ideología de los integrantes del Poder Judicial, una de las tres patas constitucionales del Estado de derecho, y contrapeso de los abusos del poder político.

"En todo caso, no debería sorprender a nadie", explica un portavoz del PP con sorna, "que Pedro Sánchez, que ya ha colonizado el CIS, la televisión pública, la agencia Efe y hasta la Fiscalía General del Estado, ahora quiera meter mano en la selección de los jueces".

A falta de conocer el texto del anteproyecto, el riesgo que detectan los populares en esta medida, es la regulación de los criterios de selección de los formadores acreditados en el Centro de Estudios Jurídicos, que se convertirá en el centro público de preparación.

"Todo en el mundo de la Justicia debe estar muy bien aquilatado, para salvaguardar la división de poderes", advierte otra fuente de la dirección del PP. Este miembro de la cúpula popular recuerda el precio que pagó su partido "aguantando durante años ataques de la izquierda" hasta que, con la garantía de la Comisión Europea, logró forzar al PSOE a claudicar en una reforma del CGPJ que salvaguardara su independencia.

"La debilidad parlamentaria de Sánchez le está llevando a una deriva aún más autoritaria", concluye un portavoz del partido de Alberto Núñez Feijóo. "Lo han demostrado este fin de semana, asaltando una empresa privada para colocar a un presidente de obediencia socialista". Según los populares, "el sanchismo sólo puede ya intentar controlar a los que no piensan como ellos, porque somos cada vez más".

Para Vox, se trata de un nuevo "asalto al Poder Judicial" por parte del Gobierno para "evitar sentarse en el banquillo de los acusados". "Quieren someter a los jueces para que sean sumisos con el poder y que no investiguen sus corruptelas", explican fuentes del partido de Santiago Abascal. "Pretenden sustituir el mérito y la capacidad por el carné de afiliado del PSOE".

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa de la carrera judicial, con 885 afiliados, lamenta las "sombras que arroja esta ambiciosa reforma". "Nos oponemos a crear cualquier sistema de acceso a la carrera judicial que pudiera poner en cuestión los criterios de igualdad, mérito y capacidad, y entendemos que no resulta constitucionalmente viable llevar a cabo un proceso de estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos que obvie el nivel de exigencia actualmente existente en los métodos actuales de ingreso a la carrera judicial, lo que correlativamente supondría un perjuicio irreparable para los miles de opositores", ha valorado Sergio Oliva, portavoz de la AJFV.