Todas las asociaciones de jueces rechazan la reforma del PSOE porque está diseñada para "casos con nombre y apellidos"

Más allá de los detalles técnicos del texto, tanto la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) como el Foro Judicial Independiente (FJI) denuncian que la propuesta parece diseñada a la medida de determinados casos de corrupción que afectan en estos momentos al Gobierno.

Algo que responde a "la peor de las técnicas legislativas imaginables, puesto que la ley por definición ha de tener vocación de generalidad y de aplicación en el futuro", señala el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva Parrilla.

El PSOE ha introducido además en el texto una disposición transitoria que establece que la reforma "será aplicable" a los procesos que se encuentren en curso cuando entre en vigor. Oliva señala que esta disposición "afecta gravemente a la exigencia de que no se puede legislar sobre casos ya en curso".

En la misma línea, el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, señala que la reforma no parece fruto de una reflexión teórica, sino de "la inquietud real sobre casos con nombres y apellidos", que afectan directamente al Gobierno.

Acusación popular

La propuesta del PSOE establece que no podrán ejercer la acusación popular los partidos políticos ni sus fundaciones, y sólo podrán hacerlo particulares o entidades que acrediten un "vínculo personal, social o profesional directo" con el interés público tutelado en la causa.

Además, la acusación popular quedará apartada del proceso de instrucción, para evitar "filtraciones interesadas" del sumario, según el PSOE. Su papel quedará limitado a presentar la denuncia o querella que dé inicio a las actuaciones, no podrá tener acceso al sumario hasta que concluya la instrucción, y luego podrá participar en el juicio oral.

El portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, Edmundo Rodríguez, ve "desacertado" impedir que los partidos ejerzan la acusación popular, y que ésta no pueda participar en la fase de instrucción. A su juicio, si la acusación popular está personada en la causa, debe poder hacerlo en las mismas condiciones que las demás partes.

Esta asociación considera que el tratamiento de las distintas acusaciones debería abordarse de forma "coherente" a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante la cual la Fiscalía será la que dirija la instrucción de las causas.

Dicha reforma se había aplazado durante los últimos 20 años, pero por fin comienza a despegar: ya ha sido dictaminada por el CGPJ y el Ejecutivo tiene previsto aprobarla en uno los próximos Consejos de Ministros, para iniciar su tramitación parlamentaria.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Alejandro González Mariscal de Gante, admite que la figura de la acusación popular ha sido con frecuencia "denostada", pero ha resultado útil en muchas causas en las que el Ministerio Fiscal inicialmente no veía necesario investigar.

González no encuentra ningún motivo que justifique excluir de la fase de instrucción a la acusación popular y considera que esta medida no favorece el ejercicio de la Justicia. Por otro lado, vetar a los partidos como acusación popular habría impedido que el PSOE se personara en su momento en el caso Gürtel.

El portavoz de la APM recuerda que los jueces encargados de la instrucción ya valoran si las entidades que quieren ejercer la acusación popular tienen un "interés legítimo" en la causa, antes de admitir su personación. Por tanto, la reforma que plantea el PSOE le parece innecesaria.

Desde el Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo denuncia que la propuesta del PSOE pretende convertir a la acusación popular en un "convidado de piedra, que no podrá tener acceso al procedimiento ni pedir diligencias al juez".

A su juicio, se trata de una "limitación excesiva, que va contra el espíritu de la Constitución", cuyo artículo 125 preserva el derecho de los ciudadanos a ejercer la acusación popular.

Por otro lado, limitar este papel a quienes tengan un interés directo en la causa provocará que no puedan ejercer la acusación popular las asociaciones, sino únicamente los particulares y, en la práctica, sólo aquellos que tengan la solvencia económica necesaria para asumir los costes del proceso, argumenta Portillo.

"Recortes de prensa"

La iniciativa que ha registrado este viernes el PSOE propone reformar el artículo 269.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que el juez se vea obligado a inadmitir cualquier denuncia que "se base en meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad, o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión, sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados".

Para Juezas y Jueces por la Democracia, se trata de convertir en Ley la jurisprudencia del Supremo que ya se aplica habitualmente en los tribunales.

Foro Judicial Independiente recuerda que los tribunales ya rechazan, de acuerdo con esta jurisprudencia, las denuncias que estén basadas exclusivamente en informaciones de prensa.

Otra cosa es que esas noticias, añade Fernando Portillo, incluyan realidades fácticas (por ejemplo, documentos, como las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez). "Si una fotografía muestra la comisión de un delito, se debe investigar", dice al respecto Portillo.    

Recusación de jueces

Para asegurar "la neutralidad y el derecho a un juez imparcial", el PSOE pretende ampliar los motivos de abstención o recusación previstos en la Ley: "Cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte", explica el PSOE.

La Asociación Francisco de Vitoria (AFV) ve "preocupante" que se intente arrojar, de este modo, "dudas" sobre la actuación de los jueces como colectivo.

Juezas y Jueces por la Democracia ve innecesario este precepto, pues las causas de abstención y recusación de los jueces ya están suficientemente regulados por Ley. Al respecto, Edmundo Rodríguez considera que el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo es "recusable" y no podrá participar en la sentencia sobre la amnistía, porque se posicionó en contra de dicha ley antes de que fuera aprobada.

Desde la APM, Alejandro González advierte que la propuesta del PSOE "deja caer que los jueces resuelven con un criterio político, lo que está alejado de la realidad". Y recuerda que, ya en 2015, la Audiencia Nacional apartó a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel del tribunal que debía juzgar el caso Gürtel, para que no se viera cuestionada la apariencia de imparcialidad.

Ofensa a los sentimientos religiosos

Juezas y Jueces por la Democracia sí ve acertado derogar, para garantizar la "plena libertad de expresión", el artículo 525 del Código Penal, que castiga con penas de multa (de ocho a doce meses) las ofensas a los sentimientos religiosos.

Por su parte, el portavoz de la APM, Alejandro González, cree que esta decisión responde a la legítima "voluntad" del legislador, aunque supone que dichas ofensas seguirán reguladas a través de los delitos de odio: "Nadie entendería que los sentimientos religiosos de los católicos sean susceptibles de ataques y tengan un nivel de protección inferior al de otros colectivos".