El Gobierno busca "fórmulas" para que no decaiga la ley que permitiría desalojos exprés por un error de ERC y Bildu
- Podemos amenaza con tumbar al completo el proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia si no se corrige la enmienda de los okupas.
- Más información: El error de Bildu y ERC en el Congreso permitirá desalojar a los okupas con juicios rápidos
Nuevo problema para el Gobierno por culpa de la compleja aritmética parlamentaria que lo sostiene. El Congreso de los Diputados votará este jueves sobre el proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, una de las leyes estrella de Félix Bolaños, que incluye una enmienda que permitiría desalojar a okupas a través de juicios rápidos.
Esta enmienda, que aprobaron Bildu y ERC "por error", molesta a la mayoría de socios parlamentarios del PSOE, y el Gobierno se está buscando la "fórmula" para que la norma no decaiga, especialmente después de que Podemos haya amenazado con tumbar la ley al completo si el Gobierno no se compromete por escrito a subsanar este error en un plazo de dos meses.
"Estamos explorando fórmulas variopintas", aseguran fuentes del PSOE. "Vamos a pelear hasta el último momento", añaden. Desde el Gobierno se muestran confiados en que darán con la tecla que permita ganar la votación del jueves.
El proyecto de ley es de suma importancia para el Ejecutivo. Se trata de una ley con más de 300 artículos y que reforma alrededor de 30 leyes vigentes, una exigencia de la Comisión Europea que Félix Bolaños aseguró que, de no aprobarse, España perdería 2.400 millones de euros de los fondos Next Generation.
Ya se intentó sacar adelante la pasada legislatura, pero no se pudo por la convocatoria anticipada de elecciones generales, y Bolaños la considera "la mayor reforma de la Administración de Justicia en décadas".
Intereses cruzados
Pero los intereses cruzados de los socios del Gobierno alejan ahora esa victoria para el Ejecutivo. Los problemas empezaron el pasado mes de noviembre, cuando se aprobó el proyecto de ley en el Congreso, y el PNV introdujo una enmienda que modificaba el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de usurpación de morada y de allanamiento de morada pasaran a tramitarse por los llamados juicios rápidos.
Con esta modificación se permitirá agilizar su resolución y los desahucios que puedan ordenarse en sede judicial. Esta enmienda fue aprobada gracias al apoyo de PP, Junts, ERC, Bildu, UPN y Coalición Canaria. PSOE, Sumar, Podemos y el BNG votaron en contra. Vox se abstuvo por no confiar en los nacionalistas vascos.
Después de la votación, desde ERC y Bildu aseguraron que el voto a favor se trató de un error y se disculparon por ello, asegurando que intentarían subsanarlo. Sin embargo, la norma fue remitida al Senado y los socios del Gobierno no han tenido margen de maniobra para cambiar la situación.
El siguiente episodio del trámite se vivirá este jueves, cuando el Congreso vote el veto que el Senado ha impuesto al proyecto de ley, y Podemos amenaza con tumbarlo todo si no se llega a un compromiso por escrito para, en el plazo de dos meses, volver a prohibir los desahucios.
"Un Gobierno que se dice progresista no puede reactivar el drama que supusieron los desahucios en la anterior década", dijo este martes el portavoz morado en el Congreso, Javier Sánchez Serna. "Desde Podemos exigimos al Gobierno que se mantenga la prohibición en 2025", añadió.
Ante la posibilidad de que los morados tumben el proyecto de ley, el Gobierno se ha puesto a explorar varias fórmulas para evitar una nueva derrota parlamentaria. Y aunque algunas fuentes socialistas han llegado a deslizar la idea de que se pueda retirar, desde el Ejecutivo aseguran que no planean llegar hasta ese extremo y que esperan ganar la votación del jueves.
Fuentes de Podemos aseguran que no es necesario llegar tan lejos como para retirar el proyecto de ley, pero que es una cuestión de "método", que dejan en manos del PSOE. "Lo indispensable es que se arregle un problema que puede dejar a gente en la calle", añaden.