La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversa con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, este jueves en los pasillos del Congreso.
Sánchez da por perdida la tasa energética, según sus socios, y la llevará al Congreso sólo "para cubrir el expediente"
- Tras 20 días desde el último acuerdo, ni PNV ni Junts dan muestras de que vayan a votar a favor del gravamen ni se han vuelto a reunir con Hacienda.
- Más información: PNV y Junts plantan al Gobierno en la reunión del impuesto energético y dejan sin mayoría a Sánchez para los Presupuestos
Para aprobar una parte de su reforma fiscal, el Gobierno de España se comprometió hace tres semanas a coordinar entre sus socios un impuesto extraordinario a las empresas energéticas. Como mínimo a presentarlo en el Congreso por medio de un real decreto, negociar para que se aprobara y venderlo como un síntoma de unidad del bloque de investidura.
Durante 20 días, el PSOE se resistió a cumplir con lo pactado y lo dejó para el último momento, este miércoles, reuniendo en una misma sala a todos los socios para debatir la posible prórroga del impuesto. Se presentaron todos menos PNV y Junts, cuyos votos son imprescindibles y son contrarios al gravamen.
De hecho, entre los socios parlamentarios empieza a calar la idea de que los socialistas también lo están. A lo largo de esta semana, distintos aliados del Gobierno han ido coincidiendo en este diagnóstico, sobre todo después de la comisión del miércoles, y dudan completamente de que se pueda alcanzar una solución que contente a izquierda y derecha del PSOE.
"El decreto lo llevarán al Congreso para cubrir el expediente, para que no le puedan decir que no cumple, y si se lo tumban pues perfecto", asegura un socio destacado. "No les va a doler nada", añade, dado que PNV y Junts nunca se comprometieron a apoyar nada.
La impresión es la misma entre todos los consultados. Uno de ellos aduce "falta de compromiso"; otro dice que "todo el mundo tiene que dejarse pelos en la gatera, pero hay gente que sólo piensa en la foto". Algunos, como el PNV, ya llevan tiempo diciendo que están hartos de esta forma de gobernar en la que no hay nunca pactos sólidos ni posiciones fijas.
El PNV es el que más ha alzado la voz contra el impuesto. Su portavoz, Aitor Esteban, ha instado en varias ocasiones al Gobierno a dejar de poner "parches fiscales" para "encubrir errores de la legislación" y emprender una revisión global del sistema impositivo en su conjunto. Empezando por terminar con el impuesto energético.
A menos que haya un cambio de guion en las próximas dos semanas, la medida decaerá el próximo 1 de enero. En caso de no lograr sacar adelante la norma antes de fin de año, el Gobierno pactó con ERC, Bildu y BNG la prórroga de un año del gravamen mediante decreto ley.
Según indican fuentes parlamentarias, este nuevo decreto está pendiente de unas "actualizaciones" que se cerrarán la semana que viene en una nueva reunión con los socios. Del mismo modo, nadie puede prometer que Junts y PNV no vayan a votar en contra y sabotearlo por completo.
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que no lo dan todo por perdido y que esperan atraer a ambos a través de deducciones para fomentar la descarbonización y la inversión en electrificación. No obstante, los dos dicen que tras 20 días de espera todavía no les han citado para negociar "nada nuevo".
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En paralelo a todo esto, Junts llegó a un acuerdo este lunes con el PP para suspender el impuesto del 7% a la producción de electricidad, pacto al que luego se sumaron PNV, ERC y Vox. Esta situación, cada vez más frecuente en el Congreso, vuelve a dejar al Gobierno en minoría y sus ingresos fiscales en el aire.
Podemos presiona con el diésel
A última hora del jueves, fuentes de Podemos insistieron en que no apoyarán el decreto ley del impuesto al diésel del Ministerio de Hacienda "si se desliga del impuesto a las grandes energéticas". Que se voten por separado es una de las opciones que está sobre la mesa en la negociación que mantiene el Gobierno con Junts y PNV.
"Es inaceptable que el Gobierno plantee una subida del impuesto especial de hidrocarburos mientras que no avanza en la aprobación del impuesto permanente a las empresas energéticas", se queja un miembro de la dirección morada. "Precisamente, el del diésel es un impuesto indirecto que asumen fundamentalmente las clases trabajadoras".
A juicio de Podemos, sería "enormemente injusto" cargar los costes de la emergencia climática y la transición ecológica "sobre los hombros de la gente" en lugar de sobre las grandes empresas energéticas, a las que acusan de ser los principales responsables de la contaminación. "No se hará con nuestros votos, desde luego", sentencian.
