"Apagón informativo" o "señales claras": Generalitat y Gobierno usan datos de la Confederación del Júcar para culpar al otro
- El tiempo que la CHJ tardó en informar sobre el desbordamiento del Poyo pudo ser clave para alertar a la población y salvar vidas.
- Más información: Mazón anuncia la creación de una comisión de investigación: "No voy a eludir ninguna responsabilidad"
¿Se habrían podido salvar vidas si la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) hubiera avisado mejor de lo que lo hizo del desbordamiento del barranco del Poyo, que acabó anegando más de medio centenar de poblaciones en la provincia de Valencia el 29 de octubre?
El Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat Valenciana no se ponen de acuerdo a la hora de valorar la actuación de la Confederación del Júcar, órgano fundamental para dirimir las responsabilidades sobre la mayor catástrofe natural registrada en España en lo que va de siglo. Ya se contabilizan 216 muertos y 16 desaparecidos en la provincia.
El Ejecutivo central sostiene que los sistemas de información de la Confederación Hidrográfica, que depende del Ministerio que dirige Teresa Ribera, "funcionaron bien", y que "los profesionales y responsables políticos" de la Generalitat no supieron interpretar el riesgo real. Estos son los datos que esgrimen ambas Administraciones.
El barranco del Poyo
"La cronología de la DANA evidencia que los sistemas de información funcionaron. Las señales eran claras", señalan las fuentes del Gobierno, "pero la mejor información sirve de poco si no hay inteligencia y profesionalidad para tomar las decisiones ejecutivas adecuadas y a tiempo en el territorio".
La Generalitat Valenciana confirma que la CHJ sí informó puntualmente de las variaciones en el caudal del río Magro. Pero no ocurrió lo mismo con el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó la devastación.
Al respecto, el Ejecutivo de Mazón ha denunciado que la CHJ mantuvo un silencio de dos horas y media sobre la evolución del barranco del Poyo. "Ese apagón informativo fue letal", señala la Generalitat. La Confederación Hidrográfica informó a las 16:13 horas de que este cauce arrastraba 28 metros cúbicos de agua, lo que implica que la situación estaba fuera de peligro.
Y no fue hasta las 18:43 horas cuando la CHJ remitió el siguiente correo electrónico, en el que informaba que el caudal se había disparado hasta los 1.686 metros cúbicos. El tiempo transcurrido entre ambos avisos habría resultado crítico para alertar a la población y salvar vidas.
En su intervención de este viernes ante las Cortes Valencianas, Carlos Mazón recordó que la CHJ está obligada a enviar alertas sobre el caudal del barranco del Poyo cuando supere los 150 metros cúbicos por segundo.
Pero la CHJ no lo hizo a las 17 horas, cuando el caudal era de 325 metros cúbicos, ni a las 16 horas, cuando ya era de 1.725. El correo electrónico remitido a las 18:43 horas llegó demasiado tarde.
¿Bastaba un email?
"Las señales eran claras", insiste el Gobierno, "la CHJ transmitió en tiempo real y con avisos las variaciones de caudal". Pero desde la Generalitat Valenciana cuestionan que fuera suficiente enviar un correo electrónico, cuando la situación resultaba ya tan dramática
De hecho, un representante de la Confederación Hidrográfica participó en la reunión del centro de emergencias (Cecopi) de la Generalitat, y en ningún momento hizo alusión al desbordamiento del barranco del Poyo. Sólo se refirió al riesgo de que se rompiera la presa de Forata, situada en el río Magro, algo que podría haber causado una catástrofe aún mayor.
La presa de Forata
"La CHJ es responsable de la gestión de riesgo en la presa de Forata. De ahí que se concentrara en el riesgo de rotura del embalse, que hubiera afectado directamente a miles de personas", alega el Gobierno.
Sin embargo, la Generalitat recuerda que la Confederación Hidrográfica también es responsable de dominio público hidráulico (DPH), que incluye la rambla del Poyo: tanto de informar sobre su situación como de ejecutar las obras de interés general para su acondicionamiento.
Los cauces
Pero también hay controversia sobre las tareas de mantenimiento y las obras que es preciso acometer para evitar inundaciones como las del 29-O, o para atenuar al menos sus efectos.
"Los expertos, toda la literatura científica y los ejemplos reales", señalan las fuentes oficiales del Gobierno, "coinciden en que la limpieza de ríos para convertirlos en ramblas ‘desnudas’ agravan los efectos de las inundaciones. Se acelera la velocidad y fuerza del agua. El terreno no drena. Se necesitan bosques de ribera".
En cambio, la Generalitat considera que se trata de "una cuestión discutida a nivel científico", sobre la que no existe consenso.
"La renaturalización de los cauces", es decir, devolverlos a su estado natural, "es la medida más efectiva para minimizar el impacto de las inundaciones", sostiene el Gobierno.
Tampoco hay acuerdo al respecto. La Generalitat Valenciana recuerda que el propio Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones elaborado por la CHJ reconoce la necesidad de ejecutar "obras estructurales" en el barranco del Poyo, para hacer frente a "inundaciones con periodo de retorno de 500 años".
El cambio climático
"El cambio climático mata; lo hemos visto", indicó el martes el presidente Pedro Sánchez, para explicar las causas de la DANA de Valencia, durante su participación en la cumbre del clima de Bakú.
El Gobierno abunda en el mismo sentido, desplegando todo un abanico de datos. Señala que, según el programa Copernicus de la UE de observación de la tierra con fines medioambientales, 2024 ha sido el año más cálido de la historia.
El Mediterráneo ha batido un récord de temperatura con 31,8º y recuerda que la temperatura del agua de mares y océanos es fundamental en la formación de fenómenos climáticos extremos.
"Los partidos, organizaciones y otros actores que cuestionan o ridiculizan el cambio climático amenazan la protección de los ciudadanos", concluye de todo ello el Gobierno.
La Generalitat no cuestiona ninguno de estos datos. Pero también es cierto que las lluvias torrenciales y las riadas han tenido un carácter cíclico en la Comunidad Valenciana, cuyos efectos se han podido contener con infraestructuras como el desvío del cauce del río Turia, ejecutado tras la riada de 1957 que se cobró 81 vidas.
La gota fría de octubre de 1982 provocó la ruptura de la presa de Tous y dejó más de 30 muertos. En aquella ocasión llegaron a registrarse precipitaciones de más de 1.000 litros por metro cuadrado en la localidad de Muela de Cortes.
De nuevo, la gota fría del noviembre de 1987 causó inundaciones en poblaciones como Oliva (817 litros por metro cuadrado), Gandía (más de 700) y la Vega Baja de Alicante. La DANA de 2019 volvió a golpear esta comarca alicantina y causó seis muertes.