El Tribunal de Cuentas sancionará a Vox, Sortu y los Comunes por recibir donaciones irregulares

El partido de Santiago Abascal se enfrenta además a otros dos expedientes sancionadores por irregularidades en el mismo ejercicio: por aceptar donaciones finalistas y por cobrar cuota de afiliados, aportaciones y donaciones en efectivo. La Ley de financiación de partidos políticos no permite ninguna de estas prácticas.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, Vox no ha justificado el origen de 91.972 euros que ingresó en efectivo en 2020. Buena parte de este dinero procede de los fondos que el partido recoge en mesas informativas en toda España, que luego ingresa a través de cajeros automáticos (casi siempre en aportaciones de más de 300 euros), sin identificar a los autores de las aportaciones.

El partido de Abascal también declaró 102.048 euros en ingresos por actividades promocionales, sin identificar su procedencia. La quinta parte de esta cifra, 29.491 euros, corresponde a 53 ingresos por cantidades superiores a los 300 euros, lo que vulnera la Ley de financiación de partidos políticos.

En conjunto, los partidos políticos españoles percibieron en 2020 unos ingresos de 245 millones de euros, según el informe de fiscalización que el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el jueves.

De esta cifra, 179 millones (el 73%) del total son fondos públicos, procedentes de la aportación que reciben sus grupos institucionales (en las Cortes y los Parlamentos autonómicos) y las subvenciones del Estado.

En concreto, los partidos recibieron 65 millones de euros de sus grupos parlamentarios en las Cortes y los parlamentos autonómicos, y otros 39 millones de la subvención que los ayuntamientos otorgan para el funcionamiento de los grupos de concejales.

Sólo el 27% de los ingresos de los partidos políticos, 66 millones, corresponde a financiación privada: las aportaciones que realizan sus cargos públicos (29 millones), las cuotas pagadas por los afiliados (27 millones) y las donaciones de particulares (sólo 2 millones de euros).

Pese a este constante caudal de dinero público, al cierre de 2020 los partidos políticos mantenían deudas con los bancos por importe de 79,2 millones de euros. De esta cifra 59,5 millones corresponden a créditos con garantía hipotecaria y otros 5,7 millones a microcréditos con particulares.

Además de las infracciones antes citadas, el Tribunal de Cuentas ha detectado en su informe de fiscalización otras irregularidades, que no son motivo de sanción.

Tres partidos (Izquierda Unida, Nueva Canarias y la CUP) no reflejaron en su contabilidad la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, por lo que la opinión de su informe de fiscalización es desfavorable. Otras 17 formaciones han recibido el informe favorable, pero con salvedades (correspondientes a irregularidades que no son graves por su cuantía o entidad).

Por otro lado, sólo 14 de los 25 partidos analizados habían cumplido la obligación de poner en marcha un Sistema de Prevención de Riesgos Penales (SPRP), que incluya un mapa de riesgos, un canal interno para denunciar conductas irregulares, un código ético y un sistema disciplinario.