La Fiscalía comunicó la denuncia al novio de Ayuso tres horas después de que se publicara la noticia

Es más, según fuentes conocedoras de la investigación, ése fue el momento en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso conoció las cantidades que Hacienda le reclamaba. Y que los delitos imputados eran los de defraudación tributaria y falsedad documental por los ejercicios 2020 y 2021 por impuesto de sociedades de la compañía Maxwell Cremona.

Hasta ese momento, el asesor fiscal del interesado daba por cerrado el litigio, tras haber ofrecido un pacto a la Agencia Tributaria y haber liquidado "con un cálculo por lo alto" las posibles multas.

Correo electrónico oficial de Fiscalía comunicando su denuncia a Alberto González Amador.

Durante el año 2022, cuando aún lidiaba solo con Hacienda, Alberto González ya había liquidado sus presuntas deudas, asumiendo los posibles delitos —y, por tanto, la interpretación de Hacienda de que había utilizado irregularmente facturas que reducían sus obligaciones tributarias—.

Efectivamente, la oferta inicial de acuerdo fue por iniciativa suya. Pero en contra de la nota que ha emitido la Fiscalía este jueves, el acuerdo sigue en pie. Y, por tanto, serían Hacienda y la Fiscalía las que deberían aclarar si procede seguir adelante con el proceso penal o si, por el contrario, la "buena fe" demostrada por el denunciado al haber depositado las posibles cantidades adeudadas en Hacienda. 

Es por esa razón por la que la presidenta madrileña dijo este miércoles que "es la Agencia Tributaria la que le debe 600.000 euros" a su pareja. 

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Según las fuentes consultadas, hace ya más de un año que comenzó la inspección fiscal a la empresa de la pareja de Ayuso. Y en ese tiempo, "las diferencias de criterio" se centraron "en dos facturas concretas" que la empresa de González Amador había incluido en sus cuentas y que la Agencia Tributaria consideraba falsas.

La parte investigada admitió la irregularidad. Eso sí, alegando falta de dolo, "porque se trataba de dos negocios que, finalmente, no salieron".

Durante las sesiones de información entre la inspectora de Hacienda y el asesor fiscal de Alberto González Amador, éste ofreció solventar el litigio mediante un acuerdo de conformidad.

La nota de la Fiscalía

Así consta en el comunicado de la Fiscalía, emitido este jueves. A las 12.45 horas del 2 de febrero, el letrado defensor de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid mandó un email a la Fiscalía Provincial de Madrid para "proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal".

Posteriormente, en las negociaciones, fuentes del entorno de la presidenta madrileña detallan que la funcionaria comunicó que tenía "órdenes de arriba" de seguir mirando a fondo el asunto. Y que no debía depositarse cantidad alguna "hasta terminar el proceso".

En ese momento, la parte denunciada dio por hecho que se le estaba sometiendo a una inspección "con un exceso de celo, por ser quien es".

El asesor fiscal de la compañía de González Amador, entonces, decidió que "lo más conveniente" era demostrar esa buena fe y hacer un cálculo posible al alza de las cantidades presuntamente adeudadas para depositarlas en Hacienda.

Y el 12 de febrero, a las 11.34 horas, el fiscal contestó por correo electrónico al abogado de González Amador, tomando nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas".

Según las fuentes del entorno de González Amador, todo quedó en silencio en el mes siguiente, hasta el pasado 12 de marzo. 

En ese tiempo, el 13 de febrero, el fiscal interpuso la denuncia contra Alberto González, otras cuatro personas más y ocho sociedades mercantiles, por "dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública", relativos al impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, "y un delito de falsedad en documento mercantil".

Una semana después, el día 20 de febrero, la Fiscalía remitió la denuncia al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid. Y el 5 de marzo, el juzgado registró la denuncia.

Irregularidades

Así, el día 12 de marzo, tres horas después de que el caso estallara a las 6.01 horas en la prensa por una filtración de la parte denunciante —o bien Fiscalía o bien Hacienda—, el fiscal encargado del asunto remitió el citado e-mail, a las 8.50 horas al letrado del Sr. González Amador "para facilitarle el derecho de defensa". En ese correo le reiteró, como ya había hecho el 12 de febrero, que no había "obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal".

De todo este episodio, las fuentes del entorno de Ayuso concluyen que "se han cometido irregularidades y actuaciones extrañas destinadas a utilizar a una persona privada en una lucha política" del Gobierno y del PSOE contra la presidenta madrileña.

Las irregularidades, por "asumir la negociación del acuerdo, primero, y pararlo después por unas 'órdenes de arriba' que Hacienda tiene que explicar". Y las actuaciones extrañas por "el comunicado de la Fiscalía en el que detalla una investigación a un ciudadano privado".

En todo caso, el entorno del denunciado, González Amador, sigue a la espera de una comunicación oficial de Hacienda para conocer la liquidación definitiva de las cantidades adeudadas y saber, por tanto, si le será devuelto el resto o "la persecución" acabará en un juicio penal.

Lo que sería extraño, a la vista del comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid, que concluye reconociendo que hay un "pacto de conformidad" en vigor. Y que éste sigue vigente tras proponerlo "el letrado de don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024".