Francina Armengol descartó este martes tener algún tipo de responsabilidad en el contrato que suscribió su Govern con la trama de Koldo y que ahora investiga la Fiscalía Europea Anticorrupción. "No dejaré que mancillen mi nombre y que lo mezclen con nada que se parezca a la corrupción", sentenció.
La presidenta del Congreso de los Diputados, en la picota desde hace días por la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión -que supuestamente pagó mordidas al hombre de confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes-, salió ayer a ofrecer explicaciones.
En todo momento, defendió la legalidad del contrato de 3,7 millones de euros que firmó el Servicio de Salud de Baleares con la compañía investigada en el marco de la operación Delorme. Además, dijo que la decisión de encargar a esta empresa el material sanitario fue de "los técnicos", no suya.
En su repaso de los hechos desde abril de 2020 hasta la fecha, Armengol dejó sombras que ponen en entredicho su credibilidad: o porque no se ajustan a la realidad, como es el caso de la reclamación del dinero a la compañía de la trama, o porque no despejan las principales incógnitas que rodean el caso.
1. Quién llamó al 'Govern'
La principal duda que surge en la ramificación del caso Koldo en Baleares es quién fue la persona de la trama que contactó con el Govern para sugerir la contratación del material sanitario que otras Administraciones socialistas habían rechazado previamente.
Este martes, Armengol no quiso despejar el interrogante. "Nos llegaron a todos los miembros del Gobierno nombres de empresas, de contactos...", empezó diciendo. Pero pese a reiterársele la pregunta de quién descolgó el teléfono para llamar en nombre de Soluciones de Gestión, dio la callada por respuesta.
"Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero", se limitó a decir.
2. ¿Habló con Ábalos?
También se le preguntó si en aquellos momentos habló con el entonces ministro José Luis Ábalos. La cuestión se quedó huérfana de cualquier respuesta.
La expresidenta de Baleares no quiso aclarar si el ministro de Transportes le sugirió contratar con la empresa investigada por el cobro de mordidas durante la pandemia con la venta de material sanitario.
3. Los "técnicos" de su confianza
Armengol descargó en los "técnicos" del Sistema de Salud balear la responsabilidad de contratar con Soluciones de Gestión. Pero eludió un matiz importante, las dos personas que entonces dieron luz verde a la operación eran de su círculo de confianza: Manuel Palomino, director de Gestión y Presupuestos, y Antonio Mascaró, subdirector de Compras y Logística.
4. Dos certificados
Tal y como dijo Armengol, el Servicio de Salud de Baleares, una vez que recibió el material sanitario, pidió un informe de calidad al Centro Nacional de Medios de Protección. Fue en mayo de 2020. Semanas después, el 8 de junio, recibió las conclusiones: las mascarillas eran "inservibles" para uso hospitalario.
Con esta resolución, el Govern mandó el material a un almacén, donde todavía permanece. Pese a ello, en agosto de 2020, certificó con Soluciones de Gestión su conformidad con los servicios prestados. No sólo eso, la compañía emitió un segundo certificado para que la Administración mostrara su "satisfactoria" experiencia con el suministro.
Según explicó en rueda de prensa el actual director del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña, es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados para poder presentarlos al concurrir a otras contrataciones públicas.
5. Ocultó información a la UCO
En julio de 2022, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se personó en las oficinas del Servicio de Salud de Baleares para recabar documentación sobre el contrato con la trama de Koldo. La Fiscalía Anticorrupción ya había iniciado la investigación que ahora ve la luz.
El citado director de Gestión y Presupuestos, Manuel Palomino, entregó una serie de papeles a los agentes, pero según denuncian ahora fuentes de la Administración balear, entre ellos no estaba un informe relevante: el que elaboró el Centro Nacional de Medios de Protección que alertaba de la estafa, pues las mascarillas no se ajustaban a las características que figuraban en el contrato.
6. No avisó a Prohens
Armengol asegura que si no informó personalmente a su sucesora, Marga Prohens, del recurso que había para reclamar por las mascarillas es porque la actual presidenta no quiso reunirse con ella.
Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, repuso minutos después que cuando se produjo el traspaso de poderes, Armengol "había huido" de Baleares para encabezar la lista del PSOE al Congreso y ser diputada.
Desde el equipo de Armengol aseguran que se dio cuenta de la investigación judicial en la documentación que dejaron en el Consolat del Mar, sede de la Presidencia balear, una afirmación que niegan tajantemente en el entorno de la actual presidenta autonómica.
7. Tardó tres años en reclamar
Francina Armengol defendió este martes que su Gobierno reclamó a Soluciones de Gestión un total de 2,6 millones de euros, el sobreprecio de las mascarillas, que se vendieron como FFP2 cuando, realmente, no servían para el uso inicialmente previsto.
Lo cierto es que el que fue el director general del Servicio de Salud, envió una nota a la compañía en la que anunciaba que las mascarillas "no cumplen con los requerimientos técnicos" y que, por tanto, se procedía a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir el perjuicio causado. Esa nota, apuntan desde el equipo de Prohens, "no tiene validez jurídica ni administrativa".
Cuatro meses después, el 6 de julio, día en que se votó la investidura de Prohens en el Parlamento autonómico, el director del Servicio de Salud emitió un informe de propuesta de resolución parcial del contrato para la reclamación. Pero no lo inició.
8. ¿Caducó el plazo?
Armengol acusó al PP de dejar caducar el expediente de reclamación. Sin embargo, el 24 de agosto de 2023, el director general del Servicio de Salud del actual Govern dictó la resolución por la que se acordó iniciar el procedimiento de resolución parcial del contrato de emergencia de suministro de mascarillas. Y reclamó un importe de 2.626.584,40 euros. El plazo del expediente es de ocho meses, es decir, que todavía no se ha cumplido.
Eso sí, una vez que trasciende que el contrato de Soluciones de Gestión se enmarca en una operación de corrupción orquestada por una organización criminal, el Govern de Prohens decide reclamar la totalidad del dinero suscrito en el contrato: los 3,7 millones de euros.
A día de hoy, en el Ejecutivo estudian distintas vías para garantizar que se recupera el dinero: la administrativa y la penal. En cualquier caso, niegan que se haya dejado caducar el expediente.