El acuerdo entre el PSOE y Junts para aprobar este jueves la Ley de Amnistía romperá la negociación del Gobierno con el PP para la renovación y la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ésa es la advertencia que sale de la jornada inaugural del congreso del Partido Popular Europeo (PPE), este miércoles en Bucarest. "Es muy difícil pactar nada con quien está contra los jueces", ha advertido Esteban González Pons.
La reunión prevista el próximo 13 de marzo, en Estrasburgo, entre el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario institucional del PP, con la supervisión de Didier Reynders, ha quedado en el aire, "a la espera de lo que pase mañana". Este jueves, se reúne la Comisión de Justicia del Congreso, en la que se conocerán los detalles de las "cesiones" de Pedro Sánchez al partido de Carles Puigdemont.
"El Gobierno está tan débil, tan agusanado por la corrupción", ha sentenciado Pons, "que ya no puede sostener ninguna línea roja". Y en esas circunstancias, los populares no están dispuestos a avalar un Ejecutivo "bajo sospecha por casos tan graves" como los que lo acosan y con la intención de "mantenerse en el poder a cambio de ofrecer impunidad a cambio de votos, atacando a los jueces".
González Pons ha hecho estas declaraciones a la salida de la reunión de Alberto Núñez Feijóo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que ha estado presente. En ella, el presidente popular ha ofrecido el apoyo de la delegación del PP a la política alemana para ser la candidata a renovar como presidenta de la Comisión Europea, tras las elecciones europeas de junio, "con dos condiciones".
La primera condición, "la defensa del Estado de derecho en España", país que está "sufriendo un retroceso democrático" que, para el PP, ya es alarmante y detectable a simple vista con la Ley de Amnistía "a cambio de votos para permanecer en el poder". Y la segunda, "un cambio en las políticas de la Comisión respecto a la ganadería y la agricultura".
Alberto Núñez Feijóo, reunido con Ursula von der Leyen, en el congreso del PPE en Bucarest.
Ha sido en ese contexto en el que el también vicepresidente del PPE ha condicionado la continuidad de las negociaciones para renovar el CGPJ a que "el PSOE demuestre entre hoy y mañana que está a favor de la independencia del Poder Judicial".
Es decir, que los de Feijóo no hallan el modo de implicar a la Comisión en esta negociación, al mismo tiempo que le reclaman a Bruselas que haga un "estrecho escrutinio" a la amnistía de Sánchez a los líderes del golpe independentista catalán de 2017.
Fuentes del partido aseguran que "cuando conozcamos el texto de la ley podremos confirmar la decisión". Y añadieron: "La duda cuando Junts hizo caer la ley el 30 de enero era saber si Puigdemont cedía o Sánchez tragaba... y hoy el presidente ha admitido que ha hecho cambios en el texto, de modo que parece claro que el PSOE ha traspasado una línea roja más" que hará imposible el acuerdo por el CGPJ.
González Pons, vicesecretario institucional del PP, ha advertido de que "es muy difícil pactar con quien está en contra de los jueces", refiriéndose al acuerdo anunciado por Sánchez con el partido de Puigdemont para aprobar, este jueves, el dictamen de la Ley de Amnistía.
Como ya advirtieron fuentes de Junts a este diario el pasado lunes, el pacto está cerrado con el PSOE, y "quien tendrá que desdecirse son ellos". Otro de los negociadores cercanos al expresident fugado en Waterloo reconocía el domingo que la formación de derecha separatista estaba convencida de que el PSOE incluiría el terrorismo en la amnistía porque "están tan débiles que no querrán perder su exigua mayoría".
Esta debilidad nace del descalabro electoral en Galicia, hace tres semanas, y del estallido del llamado 'caso Koldo', hace dos semanas. Sus ramificaciones y las revelaciones de, entre otros, este diario ha llevado a la Fiscalía Europea a investigar los contratos firmados por un actual ministro, Ángel Víctor Torres, y la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol.
Según la investigación, el uso de fondos europeos para la compra de mascarillas con comisiones ilegales por parte de los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares en 2020, podrían incurrir en delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.