El Gobierno ya sólo dispone de una semana para pactar la Ley de Amnistía con Carles Puigdemont. El texto se encuentra pendiente de modificación en la comisión de Justicia y sólo prosperará en el pleno del Congreso en caso de que Junts se muestre conforme con el maquillaje que les ofrezca Pedro Sánchez. En ese contexto ha llegado la imputación por terrorismo del expresident catalán a raíz del caso Tsunami.
A través de las palabras de Josep Rius, portavoz de la Ejecutiva de Junts, ha quedado de manifiesto que esta nueva circunstancia no ha roto las negociaciones. Existía ese riesgo, ya que Sánchez se dice en contra de amnistiar cualquier tipo de terrorismo, como le pide Puigdemont, precisamente para evitar el juicio que ahora se le viene encima. Pero Rius ha dicho: "Seguimos negociando con total discreción".
Eso no quita para que un análisis lógico permita extraer la siguiente conclusión: Junts va a exigir con más fuerza una modificación que proteja a Puigdemont. Si se aprobara la Ley de Amnistía tal y como está ahora y el expresidente de Cataluña fuera condenado por Tsunami, no podría esquivar la cárcel. O dicho de otro modo: no podría regresar a España sin ser detenido.
De hecho, los socialistas tuvieron que solicitar una ampliación del plazo original de negociación –era de quince días– ante las dificultades encontradas en las conversaciones con Junts. Ese plazo se amplió, pero ya sólo restan siete días para que se agote.
La declaración ha admitido preguntas, pero han sido preguntas sin respuesta. Porque Rius no ha querido hacer comentarios sobre la negociación en marcha. Hasta en tres ocasiones se ha negado a contestar: "Ya saben que nuestra manera de negociar es con total discreción. Y así seguirá siendo". Tal ha sido la negativa que la rueda de prensa apenas ha durado un cuarto de hora.
Contra el Supremo
"Todo el apoyo a Puigdemont por las lamentables acusaciones del Tribunal Supremo", ha dicho Rius al poco de comenzar la rueda de prensa. Sus primeras palabras, no obstante, han sido para Jordi Turull, secretario general de su partido, que sufrió una insuficiencia cardiaca recientemente y tuvo que ser intervenido. Se encuentra fuera de peligro.
Aunque sin esos adjetivos tan gruesos que suele utilizar Miriam Nogueras –diputada de Junts– en el Congreso, Josep Rius ha dedicado la comparecencia a cargar contra "la justicia española". "Una vez más, el Tribunal Supremo ha pasado a la arena política queriendo interferir en la voluntad del legislador", ha reiterado el portavoz de Junts.
"Luego son ellos los que piden separación de poderes", les ha recriminado a los jueces. Se refería a la reacción de algunos magistrados, que lamentaban las continuas acusaciones de los independentistas catalanes. Varias de las asociaciones profesionales han clamado contra los insultos de Junts.
Según Rius, con imputaciones como la de Puigdemont, el Tribunal Supremo "pone en juego el Estado de Derecho y el libre ejercicio de los derechos fundamentales". Ha calificado la imputación, adelantada por EL ESPAÑOL, como "ridícula". Un mismo adjetivo que ha empleado para definir la "sedición" con la que se condenó a algunos de sus compañeros.
"No se puede llamar terrorismo al libre ejercicio de manifestación", ha repetido Rius una y otra vez. "Nos preguntamos si en Europa se creerán esta tercera acusación contra Puigdemont", ha rematado.