El voto de la Eurocámara sobre la trama rusa obliga a Sánchez a elegir entre Puigdemont y la UE

Jordi Cañas (Ciudadanos) lo celebraba a la salida: "Los socialistas querían que no se supiera la verdad para seguir adelante con la amnistía, pero Europa no va a permitirlo". Dolors Montserrat (PP) destacó cómo el PSOE, incluso, votó en contra de que el texto final mencionara al líder del partido que lo mantiene en el poder: "Presentamos enmiendas para que se citara directamente al prófugo Puigdemont, enmiendas que el PSOE rechazó para no molestar a su socio".

A pesar de las maniobras del PSOE y de ERC para evitarlo, al aprobarse toda la resolución las enmiendas también salieron adelante. "El PSOE no ha tenido otra opción que votar a favor del conjunto de resolución, se ha visto acorralado por la democracia europea", concluye Montserrat, en conversación con este diario.

[Lea aquí la resolución del Parlamento Europeo de hoy sobre la trama rusa]

El texto denuncia, con su nombre y apellido, que el "dirigente separatista" Carles Puigdemont "exige una amnistía por sus presuntos delitos" a cambio de mantener en el Gobierno a Sánchez, secretario general del PSOE, con los siete votos de Junts en el Congreso.

Y expresa la "especial preocupación" de la Eurocámara "por las conexiones de Rusia con varios partidos políticos", entre ellas, las "supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso".

Concretamente, porque "la injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE".

La resolución se hace eco de una información de EL ESPAÑOL, que el pasado 2 de noviembre denunciaba que el expresident, hoy huido de la Justicia española, "se reunió con el exdiplomático ruso Nikolái Sadovnikov en Barcelona, en vísperas del referéndum ilegal de Cataluña en octubre de 2017".

Reseña que la intención de Rusia era "crear una influencia política y económica para desestabilizar la democracia en la Unión Europea". Y destaca que el juzgado encargado de la investigación del caso Volhov, que vincula "al antiguo presidente catalán y a su entorno con Rusia, ha prorrogado recientemente la investigación por seis meses".

Estas reuniones investigadas por Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, pueden ser constitutivas del delito de traición, contemplado en el artículo 592 del Código Penal. Ahí se castiga a aquéllos que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros.

Algo muy parecido, según fuentes jurídicas, a lo que la Eurocámara señala cuando se refiere a los intentos de Putin de "desestabilizar la democracia y el Estado de Derecho en España y en la Unión Europea".

"Línea roja infranqueable"

Por eso, según las fuentes consultadas en Estrasburgo, tras la abrumadora votación -433 a favor, 56 en contra, y 18 abstenciones- se puede decir que la Unión Europea ha marcado "una línea roja infranqueable" por la Ley de Amnistía que hoy se negocia en el Congreso de los Diputados español.

Es más, es el mismo Parlamento Europeo el que se obliga a abrir una investigación específica del caso Puigdemont en su relación con las injerencias rusas en los procesos democráticos de la Unión Europea. El texto reclama a la presidenta del Europarlamento, la maltesa Roberta Metsola, "que los asuntos de los diputados catalanes al Parlamento Europeo en cuestión se remitan al Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados".

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El experto legal consultado por este diario lo explica ateniéndose al marco jurídico europeo, que es prevalente sobre el de España, en tanto que Estado miembro de la UE. "Esta resolución no tiene en sí misma carácter normativo, pero sí produce importantes consecuencias, puesto que la Comisión está obligada a velar por el cumplimiento de toda disposición emanada de los órganos europeos", apunta este abogado del Estado especializado en cuestiones parlamentarias.

La principal labor de la Comisión Europea, además de ejercer como Ejecutivo de la Unión, es la de ejercer de "guardiana de los Tratados".

Por eso, lo votado este jueves, en realidad, viene a poner en un texto adoptado oficialmente por el 85% de los representantes de los ciudadanos europeos el discurso de principios básicos que defendió Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión, durante del debate de esta resolución, el pasado martes.

Entonces, el político griego, titular de la cartera para la Protección del Estilo de Vida Europeo, proclamó que "es deber de esta casa investigar quién hizo qué, y bajo qué condiciones, para hacerle el juego a Moscú".

Schinas hizo, incluso, mención expresa a los lazos del independentismo catalán con funcionarios rusos, haciéndose eco de las informaciones sobre "estrechos y regulares contactos", que incluyeron reuniones de subordinados de Puigdemont en Moscú y de agentes rusos en Cataluña entre 2017 y 2020.

Bruselas está obligada a imponer a los Estados miembros el respeto de los principios y valores de la UE. Entre ellos, el Estado de Derecho, la separación de poderes, los derechos fundamentales y, entre ellos, el de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.

Iratxe García, líder de los socialistas en el Parlemento Europeo, junto a su compañero Pedro Marques y al verde Philippe Lamberts. EP

Y por eso, según este experto, ahora queda obligada políticamente ante cualquier iniciativa que vaya en contra de lo votado este jueves en Estrasburgo.

"Ello llevaría consigo, de manera inequívoca, a la imposibilidad de que ninguna Ley de Amnistía pudiera perdonar o borrar la presunta comisión de estos delitos", concluye este jurista, "ni paralizando la investigación en fase de instrucción, ni eliminando el delito tras sentencia firme".

Opciones cegadas

En las últimas semanas, tras el no de Junts al dictamen de la ley en el Congreso, el PSOE ha filtrado varias opciones para contentar al partido de Puigdemont. Desde la reforma de la definición de "terrorismo" en el Código Penal a la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar a los jueces los tiempos de investigación de las causas. 

Nada de eso ha contentado a la formación de derecha independentista.

Primero, porque no se fían de "la imaginación de los jueces prevaricadores" españoles. Pero, sobre todo, porque ya advirtió, desde la presentación de enmiendas, que "la más importante" de las suyas era la que eliminaba el terrorismo y la traición al Estado de las exclusiones a la amnistía.

Junts votó no a la ley porque no se cumplían sus dos exigencias: que sea "integral", es decir, para todos los independentistas del procés, y "de aplicación inmediata".

Aun así, los negociadores socialistas -Santos Cerdán, Félix Bolaños y José Luis Rodríguez Zapatero- siguieron buscando opciones. Y la última en saltar fue la de dejar la norma como está y, después, que el Gobierno proceda al indulto posterior de aquéllos que no fueran amparados, finalmente, por el paraguas de la norma. 

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Sin embargo, de nuevo, según el experto legal consultado, esto tampoco sería viable tras lo votado este jueves en Estrasburgo. "Esta resolución impediría también que tales delitos fueran siquiera indultados", explica. "Si así fuera, se contravendría el sentido literal del texto adoptado por el Parlamento Europeo, en el sentido de proteger eficazmente la estabilidad, el orden público y la paz en el seno de la Unión Europea".

Es más, los insultos a los jueces Aguirre y Manuel García-Castellón también podrían ser perseguidos amparándose en esta resolución, apunta Edmundo Bal.

El exportavoz de Cs es hoy (y era antes) abogado del Estado. Y fue apartado de su puesto por el primer Gobierno Sánchez por negarse a rebajar las acusaciones de rebelión a sedición. "Cualquier posible ataque al juez que investiga estos hechos podría ser denunciado ante los órganos ejecutivos de la UE", sostiene. "No olvidemos que el juez español es juez europeo cuando se trata de aplicar disposiciones emanadas de los órganos de la UE".

Bal añade, en charla con EL ESPAÑOL, que celebra la noticia de la resolución aprobada y se siente reivindicado jurídica y políticamente cuando el Parlamento Europeo "insta a los Estados miembros a iniciar o proseguir las investigaciones judiciales de la trama rusa con mención expresa del secesionismo catalán y del nombre de Carles Puigdemont".

"Insostenible en la UE"

Ya en términos políticos se expresaba Javier Zarzalejos. El eurodiputado del Partido Popular ha sido el negociador español del texto. "Creo que se está perfilando con claridad una evidencia: que la amnistía es jurídica y políticamente insostenible en la Unión Europea", apunta en conversación con EL ESPAÑOL. "No es aceptable a escala europea ni la impunidad a la carta para la corrupción, ni enterrar las investigaciones sobre la injerencia rusa".

Zarzalejos es vocal en las dos principales comisiones de la Eurocámara relacionadas con el procés, la de Libertades Civiles y la de Asuntos Jurídicos. Para el político bilbaíno, la polémica con la que se saldó la comparecencia del presidente español el pasado diciembre ha podido operar en el voto tan masivo, apoyado incluso por el grupo socialista: "La arrogancia con la que Sánchez ha tratado al Parlamento Europeo y su estrategia de llevar a Europa la polarización, están teniendo respuesta".

Por su parte, Adrián Vázquez ponía el foco en una de sus enmiendas, la ya reseñada más arriba para "iniciar una investigación" a Puigdemont por la trama rusa del procés. "Esto es un hachazo, un gran hachazo a la Ley de Amnistía" porque, sostiene que España no podría amnistiar delitos que son del ámbito europeo y que están bajo investigación en la UE.

"No sé si impide la aprobación de la ley, pero si el Gobierno decide seguir adelante, sería ya un choque frontal contra Unión Europea", sentencia uno de los eurodiputados que impulsó la celebración de este debate con resolución en la Eurocámara. "Que paren ya, y que sepan que contra el Estado de Derecho, y negociando con gente que tiene vínculos claros con el régimen de Putin e intentaron socavar el orden constitucional de un Estado miembro, no van a llegar a ningún lado". 

Cuando Sánchez impuso el rechazo a la enmienda de Junts y esto provocó que Puigdemont ordenara el voto negativo a la Ley de Amnistía en el Congreso, quedó claro que el PSOE era consciente del límite comunitario al proyecto de amnistía que lo mantiene en Moncloa. Este jueves, esa frontera ha quedado por escrito y votada por inmensa mayoría en Estrasburgo.

"No han tenido otra opción", insiste Montserrat. "¿Cómo explicas a los de tu partido en Europa que te opones a investigar la injerencia rusa porque necesitas los votos de un prófugo que pudo tener conexiones con los emisarios de Putin? Es que sería el fin europeo de Sánchez y el PSOE".