Pedro Sánchez recuperará una reforma legal del PP que él mismo tachó de "nociva" para la instrucción de causas judiciales, para poder facilitar la aplicación de la ley de amnistía.
Para el PSOE, la reforma que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Enjuiciamiento Criminal era la “ley de impunidad” o la “ley Berlusconi”. El artículo 324 que introdujo el PP para limitar los plazos de instrucción fue para el PSOE de Pedro Sánchez una bandera política por entender que servía para la impunidad de delitos de corrupción.
Ahora, el propio Sánchez ha anunciado en La Sexta que reformará ese articulo para limitar los plazos de instrucción, es decir, para recuperar lo que ya hizo el PP de Rajoy. La hará para facilitar la aplicación de la ley de amnistía a los investigados por el procés independentista.
Fuentes de Moncloa admiten que si se hiciera supondría un cambio de posición del PSOE, como lo sería por parte del PP si se opone a la hipotética reforma.
En su discurso en la moción de censura de julio de 2018 que le llevó a la Presidencia del Gobierno, Sánchez anunció la reforma de esa limitación de esos plazos de instrucción porque, según dijo en la tribuna del Congreso es “especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas”.
[Pedro Sánchez, dispuesto a limitar el tiempo de instrucción de los jueces para convencer a Junts]
De hecho, en el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se decía: “Sustituiremos el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción”.
Y antes, el programa electoral del PSOE de 2019 señalaba: “Eliminar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducido por el gobierno del PP en 2015, para evitar que el establecimiento de plazos de caducidad de los procedimientos se convierta en una ventana para la impunidad de aquellos que están encausados por delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción”.
Ese artículo, de hecho, sirvió para que algunos casos de corrupción como el de un expresidente del PP de Murcia que fue exculpado por cumplirse el plazo máximo de instrucción.
El 324 introducido por Rajoy fue duramente criticado y combatido por asociaciones progresistas de fiscales y jueces como la UPF y Jueces y Juezas para la Democracia.
En 2019, PSOE y Unidas Podemos modificaron ese artículo sin llegar a eliminarlo, pero ampliando plazos. Esa limitada rectificación fue controvertida pero sirvió para reducir los casos que se archivan por esa causa.
Ahora el Gobierno estudia una reforma que aumente la intervención del fiscal, lo que supondría incrementar la capacidad de decisión de los fiscales en los plazos de instrucción.
Hay que recordar que Junts y ERC pidieron al PSOE en la negociación de la investidura que garantizara la colaboración de la Fiscalía con la aplicación de la amnistía.
Tanto en el caso de Tsunami democratic como el de la trama rusa del proces acaban de ser ampliados sus plazos de instrucción, luego la reforma de Sánchez tendría que aplicarse con carácter retroactivo para que terminen su instrucción.