El Gobierno, a través del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, insiste en que la ley de amnistía no afectará a delitos de terrorismo, a pesar de que ha sido pactada para que exculpe a acusados por estos delitos, como los miembros de los CDR y del llamado Tsunami Democrático.
Para ello, lo que hace el PSOE en la enmienda pactada con Junts es diferenciar de facto entre un terrorismo amnistiable y otro no amnistiable que causa daños personales.
El argumento del Gobierno es que la enmienda pactada con Junts excluye los delitos de terrorismo en los que haya violación "grave de derechos humanos" y asegura que se refiere a la definición que establecen el Convenio Europeo y la directiva de la UE sobre dicho delito.
En concreto la enmienda señala que "los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario”.
Es decir, no son amnistiables los actos de terrorismo cuando "de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos". Se trata de los casos de daños personales o secuestro en los que, además, haya intención de causarlos.
Sin embargo, los acusados por hechos vinculados al proces independentista en los que también están acusados Carles Puigdemont y Marta Rovira podrán ser amnistiados, pese a que están acusados de terrorismo. Según la explicación del Gobierno, su caso no afecta a "violaciones graves de derechos humanos" y, por eso, no se incluyen en la excepción a la norma.
(El PSOE y sus socios pactan ampliar la amnistía para delitos de terrorismo y blindar a Tsunami)
Incluso, auqnue se pudiera probar una relación entre las protestas en el aeropueeto y una muerte por infarto de un turista francés, no sería óbice para la amnistía, porque no hubo intención de provocar ese daño.
La tesis del Gobierno es que en la anterior redacción sólo se excluían los delitos de terrorismo con condena firme, lo que suponía no excluir nada porque para cuando se aplique la amnistía, ninguno de ellos tendrá sentencia.
Por eso, asegura, que lo que se hace ahora es establecer el criterio de la diferenciación entre delitos de terrorismo con o sin vulneración grave de derechos humanos, es decir, daños personales.
"Se refuerza la intervención jurisdiccional", explica el Ejecutivo para argumentar que deberán ser los jueces los que decidan si los casos concretos que instruyen son amnistiables por afectar o no a los citados tratados europeos.
Con esa referencia, además, se busca garantizarse que la norma no tenga problemas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), puesto que se remite a esas normas de la UE.
El Gobierno ha explicado estas semanas reiteradamente que su "línea roja" es el terrorismo y, sin embargo ha permitido finalmente que se amnistíen casos considerados como de terrorismo. Asegura ahora que lo mantiene porque siguen excluidos los delitos de terrorismo con graves vulneraciones de derechos.
No niega que casos como el de Puigdemont, con acusación de terrorismo, serán amnistiados.
Moncloa asegura que no hay rectificación porque el ministro Bolaños ya dijo la pasada semana: "Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley y, por tanto, ese es un principio en el que nosotros estamos muy convencidos".