Didier Reynders analizará el informe de los letrados del Congreso que cuestiona la constitucionalidad de la futura Ley de Amnistía. El dictamen, además, advierte de que la futura norma invade competencias de los jueces.
La delegación europea de Ciudadanos (Cs) ha hecho llegar al comisario de Justicia este documento, a través de una carta firmada por el portavoz de los liberales, Adrián Vázquez, que también se lo ha remitido a la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
Según Vázquez, el informe, conocido este miércoles, "debería paralizar la tramitación de la Ley de Amnistía", a la que la delegación española de Cs califica de "ley de impunidad".
"No se puede forzar al Congreso de esta manera, pasar por encima de las instituciones tiene consecuencias para el Estado. Informamos a la Comisión Europea para que conozca de primera mano lo que ocurre en nuestro país", ha señalado el eurodiputado liberal en un comunicado. "Hay que descarrilar esta aberración", ha insistido el portavoz.
Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, este informe de los letrados adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados pone en duda que la norma que pretende amnistiar los delitos vinculados al procés sea constitucional. O, al menos, tal y como figura redactada en la proposición de ley registrada por el PSOE el pasado noviembre en la Cámara Baja.
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Los técnicos jurídicos señalan que, para poder aprobarla en esos términos, sería precisa una reforma de la Constitución. Además, los letrados del Congreso señalan que el articulado de la Ley de Amnistía podría invadir la "potestad jurisdiccional" que la Carta Magna atribuye, en exclusiva, a los Juzgados y Tribunales.
Así lo recalcan las misivas dirigidas por Vázquez a Reynders y Jourová, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. "El número exacto y el tipo de delitos amparados [por la Ley de Amnistía] siguen sin especificarse, lo que podría vulnerar el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución Española", explican ambas cartas, redactadas en inglés, que alertan de que esta problemática "podría socavar la confianza de los ciudadanos en la estabilidad del sistema jurídico".
Vázquez expone, a su vez, que la proposición de ley firmada por el PSOE incluye "acciones no directamente vinculadas a las consultas [independentistas del 9-N de 2014 y del 1-O de 2017] y otras llevadas a cabo posteriormente". También señala que la "indeterminación en el ámbito de aplicación de la ley" podría provocar una aplicación arbitraria de la misma, violando así el principio de igualdad. Y muestra su "preocupación", en sintonía con los letrados del Congreso, por que la amnistía pueda amparar delitos de malversación de fondos públicos y terrorismo y ello contradiga las directivas de la Unión Europea destinadas a combatirlos.
La proposición de ley firmada por el Partido Socialista, no obstante, sí fue admitida a trámite en el Congreso. De hecho, este martes, Junts presentó varias enmiendas al texto para hacerlo aún más ambicioso —que ampare, por ejemplo, todos los delitos de terrorismo, a quienes hayan sufrido lawfare o que incluya la devolución de multas millonarias a dirigentes independentistas— y más afín a las exigencias de Carles Puigdemont.
Ahora bien, el informe de los letrados sostiene que, aunque la inconstitucionalidad de la proposición de ley no sea "palmaria y evidente" —por eso fue admitida a trámite—, sí puede deducirse ésta de su contenido concreto.