El PP pide "disolver" los partidos que promuevan referéndums ilegales o declaren la independencia

El Partido Popular ha registrado este miércoles, en el Congreso de los Diputados, una enmienda a la totalidad a la Ley de Amnistía. Se trata de un "punto de partida" de una "actividad política, social y legal" para tratar de "frenar y revertir el daño que socialistas e independentistas están haciendo" a España, ha explicado el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en una rueda de prensa desde Génova. 

En el texto alternativo a la medida de gracia para los responsables del procés, los populares proponen, entre otras cosas, una reforma del Código Penal para castigar con penas de prisión de 5 a 10 años a los políticos que declaren la independencia. También plantean "disolver" y "suspender la actividad" de los partidos políticos y organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia. 

La enmienda del PP, en palabras de su promotor, es "un rearme y refortalecimiento del Estado y la democracia". En su opinión, justo lo contrario a lo que propugna el Gobierno con la amnistía, que hoy ha rebautizado como "ley de impunidad". El portavoz del grupo popular en el Congreso ha compartido las líneas maestras del texto alternativo de su grupo, en el que destaca la reforma penal para incluir "una serie de delitos de deslealtad constitucional". 

El objetivo final que plantea el PP es: castigar a "aquellas autoridades, cargos públicos, funcionarios que promuevan inobservancia de leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales, buscando perjudicar la unidad de nuestro país". 

En ese sentido, lo más destacado de la enmienda es la modificación penal para tipificar "las declaraciones de independencia y los referendos o consultas ilegales", que recoge "la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos".

En concreto, el PP propone: "Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación absoluta de seis a doce años la autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma que, fuera de los cauces legales de reforma constitucional, promoviendo la inobservancia de las leyes o con incumplimiento de resoluciones judiciales, en perjuicio de forma manifiesta de los principios de unidad e indivisibilidad de la nación española, declare la independencia de una parte del territorio nacional o su integración en otro Estado o realice actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien". 

De prosperar esta iniciativa del PP, un juzgado podría ordenar la disolución de partidos políticos, caso de Junts y ERC, y de organizaciones como Òmnium Cultural y la ANC, si se repitiesen tanto la consulta ilegal en Cataluña como la declaración unilateral de independencia. Además, sus impulsores podrían recibir penas de prisión. 

La próxima semana tendrá lugar el debate de la enmienda a la totalidad del PP a la ley de amnistía. Será en un pleno extraordinario que, ha criticado Tellado, se convoca "fuera del periodo de sesiones y con un calendario perverso, que han ideado desde Moncloa imponiéndoselo a la presidenta Armengol, cuyo único objetivo es garantizar como sea y cuanto antes la impunidad para los socios de Pedro Sánchez". 

El PP, ha garantizado su portavoz parlamentario, presenta "un texto alternativo que no es el final de ningún proceso" con el que buscan "retrasar o detener esta ley ilegal". Más bien es el comienzo de una estrategia para poner coto a una norma de "impunidad" que quiere "reescribir la historia reciente de España" que, censura Tellado, "el independentismo lleva años tratando de imponer". 

En la enmienda, ha incidido Tellado, los populares se oponen a la idea central de la ley de amnistía: "En ningún caso se hace para defender la convivencia de Cataluña, es una burda compra de votos". La medida de gracia, ha defendido el portavoz parlamentario, no es más que un "ataque al principio de legalidad y a la igualdad de todos los españoles ante la ley".