La ministra portavoz ha comparecido en Moncloa después de la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno se ha visto "sorprendido" por la propuesta del líder del Partido Popular de incorporar a la Comisión Europea como "mediador y verificador" para la renovación del CGPJ y la "posterior reforma" de la ley que regula su sistema de elección.

Pero Pilar Alegría ha insistido mucho en esos dos conceptos: ha repetido hasta cinco veces, en la rueda de prensa, el concepto de "mediación y verificación". Y ha "celebrado como una buena noticia que, por fin, el PP se avenga a cumplir la Constitución, tras cinco años de bloqueo" aclarando que "hay un punto de partida, que es el acuerdo alcanzado hace un año entre Félix Bolaños y Esteban González Pons".

Ese acuerdo entre el hoy ministro de Justicia y Presidencia y el ya entonces vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP incluía un cambio de la Ley Orgánica del CGPJ. La fórmula entonces aceptada por los dos negociadores era que el nuevo Consejo, con su nueva configuración, elaborara en seis meses una propuesta de reforma "para profundizar en la independencia de la Justicia".

Pero, como han insistido después fuentes de Moncloa, "eso es un asunto que va después". Para el Gobierno está claro que las cosas son como siguen: "Nos alegra que el PP quiera una mesa con un verificador para hablar de estos asuntos, como si quiere añadir más, pero el mismo Didier Reynders dijo hace diez días que ambas cosas no se pueden vincular".

La mención al comisario de Justicia de la UE, personalmente, también es cosecha de Moncloa. Tanto el PP como el Ejecutivo dicen aceptar "quien quiera Bruselas nombrar" para este cometido. Pero el Gobierno cita a Reynders adrede, porque en su última rueda de prensa conjunta con Bolaños, en Bruselas, aclaró que "la renovación debe hacerse de manera urgente y, de inmediato, cambiar el sistema de elección".

De inmediato es "después" para Moncloa... y "una cosa no va sin la otra" para el PP. Por eso, el papel que vaya a jugar la Comisión Europea en este punto es clave. Otras fuentes del Gobierno han insistido en que con "mediar" se refieren a que la Comisión "facilitará el acuerdo entre las partes" y "verificar" debe ser "que el PP asuma que hay un acuerdo del que partimos".

La confusión entre los dos contendientes estriba en que ese pacto de Bolaños y González Pons incluía una Ley Orgánica para "despolitizar las instituciones", con nuevas salvaguardas e incompatibilidades.

Feijóo, en su comparecencia, ha puesto ejemplos, como la Fiscalía General, o los dos magistrados del Tribunal Constitucional "que son ex altos cargos de Moncloa", nombrados por Sánchez. "Ése es un ejemplo de lo que estaría hoy prohibido". Y en esa Proposición de Ley Orgánica, el PP quiere incluir, también, la reforma del sistema de elección del CGPJ, apara que los 12 vocales jueces los elijan los jueces "que es lo que exigen los estándares europeos".

Y eso también lo dice Reynders...

Más Aragonès que Feijóo

Más allá del acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución, y del principio de acercamiento en la renovación del CGPJ, hay dos detalles que son clave de este encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Y ambos tienen que ver con la comparación entre las relaciones institucionales y las políticas del Ejecutivo con el Partido Popular y con sus socios.

El primero es que, al contrario que tras la "visita oficial" a Pere Aragonès, en esta ocasión Sánchez no ha comparecido ante los medios. Ha sido su ministra portavoz la que ha rebajado la importancia de la cita.

Es lo habitual en este tipo de reuniones: el líder de la oposición explica sus impresiones, pero Moncloa envía a la voz oficial del Gobierno a dar cuenta de los acuerdos y desacuerdos. Pero en apenas 24 horas, se ha escenificado una cumbre bilateral y una cita de rutina. Es decir, se ha privilegiado una especie de encuentro entre líderes de países amigos frente a la cita obligada con el líder del primer partido de España.

De un día para otro, Sánchez ha dado mayor trascendencia a su reunión con un presidente autonómico cuyo partido le apoya en el Congreso, aunque aboga por la separación de España, que a la mantenida con el presidente del PP.

El segundo detalle es que Feijóo ha presentado una oferta novedosa para llegar al pacto más difícil, el que encalla y encanalla a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) desde hace cinco años.

Y la novedad ha consistido en poner un espejo frente a los acuerdos "indecentes" del presidente con el independentismo: si él ha aceptado ser supervisado en el extranjero por sendos verificadores internacionales de sus acuerdos políticos, el PP le ha puesto ante la tesitura de ser tutelado por otro pero, en este caso, institucional e irrechazable.

Bruselas será quien medie en las negociaciones para renovar el CGPJ. Según el PP, la Comisión Europea no es un mediador internacional, sino "nacional", pues el Ejecutivo comunitario tiene cedida soberanía española. De modo que aunque el modelo se asemeje, y Génova trate así de demostrar el descrédito de Moncloa como negociador capaz, no hay conflicto de legitimidades.

Para Moncloa, no es así. "Ni Reynders ni Vera Jourová tienen apellidos españoles", bromeaba una fuente del Consejo de Ministros. "Nadie se esperaba que el PP quisiese un mediador internacional, pero bienvenida cualquier fórmula... nosotros tenemos experiencia en ésta".

Y una vez aceptado por Sánchez, además, creen los populares que esto los coloca en posición de ventaja para lograr que el Gobierno acepte la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido que reclama Feijóo: porque es el mismo que exige la Comisión, insistentemente, desde hace años.

Los "estándares europeos" que proclama Reynders, titular de Justicia en Bruselas, significan que "al menos la mitad de los vocales sean elegidos directamente por los jueces". Y esto, en España, significaría que los 12 vocales jueces del CGPJ pasarían a ser designados por sus pares, por votación directa.

Hasta ahora, el Gobierno Sánchez se ha negado "rotundamente" a este cambio. Y el PP, sin él incluido, ha rechazado negociar la renovación del Consejo, que lleva caducado en su mandato cinco años, es decir, un mandato entero.