El debate fue un intercambio de golpes. Durísimos, desde la intervención inicial de Ángeles Moreno, secretaria de Estado española y número dos de José Manuel Albares en Exteriores, hasta su cierre, por ella misma. En medio, dos discursos (muy institucionales) del comisario Didier Reynders, y en el meollo, toda suerte de descalificaciones cruzadas. El Estado de derecho español, al nivel del de los países sancionados por su deriva antidemocrática, como Polonia y Hungría; y Pedro Sánchez como responsable de ello.
España dio este miércoles en Estrasburgo el mismo espectáculo que ofrecían los debates sobre el Estado de derecho en los casos del PiS de Kaczynski y el Fidesz de Orbán. Pero éste, el caso español, es distinto: "Es un país grande, por primera vez el que está bajo la lupa", recordó Andor Deli, precisamente de la citada formación húngara, antes de pedir "igualdad de trato" si tanta preocupación hay en la Comisión Europea con el PSOE de Sánchez.
A lo largo de las casi dos horas de debate sobre el estado de derecho en España, se produjeron 27 intervenciones en contra de la amnistía (incluyendo las de los distintos portavoces del Grupo Popular Europeo, el grupo liberal Renew al que está adscrito Ciudadanos y el conservador del que forma parte Vox), y sólo 15 a favor de la medida de gracia pactada por el PSOE con los independentistas.
La conclusión más llamativa puede ser que la Comisión Europea está "preocupada" por las comisiones parlamentarias, que en el Congreso español "revisarán" las decisiones judiciales. Y que "seguirá estudiando" el contenido de la Ley de Amnistía "porque el asunto catalán es interno, pero el Estado de derecho no", sino que es competencia de Bruselas defenderlo.
Y la pelea, con puñetazos al mentón político cruzados de izquierda a derecha, comenzó después. Hay quien dice que la Ley de Amnistía y los pactos de Sánchez con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han llevado el procés de Cataluña al resto de España. En ese caso, el debate sobre La amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España ha hecho que la división polarizada se instalara en al Parlamento de Estrasburgo.
El líder de los populares europeos, Manfred Weber, proclamó que "Sánchez pasará a la Historia por haber roto el Estado de derecho en España", y Alberto Núñez Feijóo, "por salvarlo". Iratxe García, líder de los socialistas europeos (y españoles) dijo que "el único ataque al Estado de derecho es que el PP no acepta el resultado electoral"... y sacó a colación desde la policía patriótica de Mariano Rajoy hasta el supuesto "apoyo a los ultras que acosan las sedes del PSOE y atacan a periodistas".
Adrián Vázquez, líder de Ciudadanos y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos que levantó la inmunidad a Puigdemont, se preguntó en alto si "no sienten vergüenza" los integrantes de las filas socialistas: ¿Qué ha cambiado para defender lo que hacíamos en Polonia y Hungría? Lo que hace 12 semanas debatíamos aquí, está sucediendo ahora en España".
Jorge Buxadé llamó "golpista" al presidente español, y reivindicó un "noviembre nacional" entre aplausos de los suyos, que fueron muchos. Porque se pudo jactar luego del apoyo en estas tesis de todos los extremistas de derecha que tomaron la palabra. Franceses de Le Pen, polacos del PiS, y hasta la exembajadora húngara en Madrid, Eniko Gyori. La hoy eurodiputada de Fidesz advirtió a Dolors Montserrat: "La solución no vendrá de Europa, querida amiga, al contrario. Manteneos fuertes y tomad las calles".
Con aliados así, pensaría la exministra española... pero al final del todo, pidió la palabra Maite Pagaza, liberal de Ciudadanos en el grupo Renew, para aclarar de qué va, en el fondo, "lo que está pasando" en España: "El problema no es tanto la amnistía, sino que el PSOE ha dado la razón a los independentistas, y no la tienen".
Y lo que ello conlleva: los indultos, el debilitamiento de las leyes, ahora la amnistía masiva, "y lo que viene después, que es una mutación constitucional sin atenerse a las normas que la rigen".
Maite Pagaza (Cs), en el debate sobre la amnistía en Estrasburgo.
Los Tratados de la UE
Ocurre casi siempre que cuando hay un tema de actualidad que no le conviene al Gobierno de Pedro Sánchez, él tiene algo en la agenda que lo disipa, aunque sea sólo en parte.
Por ejemplo, este miércoles se ha celebrado el primer Consejo de Ministros de su nuevo Ejecutivo, llenando los periódicos del álbum de fotos con el paseíllo a modo de pasarela que Moncloa organiza con cada uno de ellos. El estreno dejó menos hueco al debate sobre La amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España que se celebraba en el Parlamento Europeo.
La Ley de Amnistía y los acuerdos políticos del PSOE con Junts y ERC han colocado a España en el punto de mira del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: el de los "principios y valores basados en el Estado de derecho" que definen la UE.
Y han metido a nuestro país en el mismo cajón al que cayeron los regímenes de Polonia, Hungría y, en su momento, Rumanía. Los tres, amenazados por el procedimiento de sanción del artículo 7: el que describe cómo las "amenazas" a la democracia o su "violación grave y persistente" son abordadas por las instituciones comunitarias.
La iniciativa, impulsada desde las filas del Partido Popular Europeo (EPP), y de los liberales de Renew, que encuadra a los siete eurodiputados de Ciudadanos, se había organizado en muy poco tiempo.
En contraste con los pies de plomo de la Comisión, que hasta este miércoles se había limitado a pedir "información detallada" y, una vez que la recibió, había permanecido en silencio, la agilidad de la Eurocámara demuestra que ésta es una institución independiente. Y que disfruta de su doble condición de órgano de control de los Gobiernos de los Estados miembros y de única institución directamente representativa de la soberanía ciudadana de la Unión.
Esto es lo que le ha pasado a España en este debate: independentistas como Jordi Solé (ERC) o Toni Comin (Junts), elevaron el tono contra "el Estado opresor" y preguntaron a sus señorías "dónde estaban cuando de verdad se violaron los derechos fundamentales, apaleando ciudadanos el 1-O o encarcelando a políticos demócratas en 2019".
Radicales de izquierdas como Rodríguez Palop (Podemos) o Manu Pineda (IU) devolvieron el golpe y llamaron "golpista" al PP, "por deslegitimar el Gobierno democrático siempre que no es suyo" y por "no tener cultura democrática, sino franquista".
Tanto Comin como Pineda tuvieron que ser desalojados del estrado. La presidencia les afeó su extensión y, sobre todo, sus gritos: "Guarden el decoro que merece esta Cámara", les dijo a ambos. Los dos seguían gritando, ya sin el micro abierto.
La Hungría de Viktor Orbán no se libró de las sospechas, primero, y de las sanciones, después, impulsadas por el Parlamento Europeo. Y la España de Pedro Sánchez, tras el pacto con el prófugo Carles Puigdemont, para amnistiar sus crímenes a cambio de sus votos, ya está en la fase de "vigilancia".
De hecho, los pasillos de Estrasburgo han hervido estos días, con cartas y ruedas de prensa, con reuniones de eurodiputados españoles y comisarios en el bar reservado para ellos, junto al hemiciclo, y con sondeos en busca de socialistas disidentes: alguno entre los subordinados de Iratxe García, la española que los preside en el grupo de S&D, capaz de desmarcarse de la línea marcada por Moncloa, a través de ella.
A Iratxe le demandaron que no interviniera, por ser juez y parte en este examen. O que lo hiciera sólo en nombre de la delegación española. Pero ejerció de líder de la Alianza Europea de Socialistas y Demócratas (S&D), implicando al segundo grupo de la Eurocámara al completo en la causa de Sánchez.
Por ahora, de hecho, algunos parlamentarios populares y liberales revelan a EL ESPAÑOL que simplemente han logrado "la sorpresa" y "la indignación" de algunos colegas no españoles de S&D. De hecho, socialistas eran la mayoría de asientos vacíos en un debate que se retrasó más de dos horas sobre el horario inicialmente previsto.
A las explicaciones de "lo que está ocurriendo en España", responden, de momento, con preguntas: "¿Por qué hasta julio debíamos levantar la inmunidad del expresident y ahora lo adecuado es que el PSOE pacte con él? ¿Cómo que se perdona el terrorismo o la malversación? ¿Qué es eso de fiscalizar a los jueces por lawfare?", es la reacción que, desde las filas del PP y de Cs, relataban antes de celebrarse... la bronca.
Porque eso fue lo que ocurrió este miércoles en Estrasburgo. Una enorme bronca crispada, picadita en breves intervenciones de apenas uno o dos minutos. Así es como funciona la democracia continental, y por eso los oradores van directos al tema, sin circunloquios ni eufemismos.
Los 705 miembros del Parlamento Europeo ya han podido escuchar los argumentos, y la toma de posición de Didier Reynders, comisario de Justicia. Ahora es cuando se aplicará lo de "quien resiste gana", que pregona estos días Dolors Montserrat, jefa de la delegación popular española.