'Briefings' a los medios y cartas a los eurodiputados: Cs y PP buscan socialistas contra la amnistía en la UE

Hay "poca esperanza" de inicio, pero el hecho de que este miércoles se celebre un debate monográfico sobre La amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España "ya es un éxito, un primer paso". Así lo expresa Adrián Vázquez, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, líder del partido a nivel nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, la que elaboró el expediente para levantarle la inmunidad a Carles Puigdemont.

Este martes, Vázquez ha enviado una carta a todos los miembros de la delegación socialista en la Eurocámara.

No hay deslegitimación del Gobierno de Sánchez ni palabras fuera de tono en la misiva [consúltela aquí en PDF], a la que ha tenido acceso este periódico, pero sí va a los hechos: la democracia parlamentaria está basada en pactos, admite el líder liberal, pero el "precio" de éste entre el PSOE y el independentismo, su contenido, sí supone "una quiebra del Estado de derecho", de la "separación de poderes" y de la "igualdad ante la ley" de todos los ciudadanos.

¿Servirá de algo el debate de este miércoles? "Por sí mismo, no", advierten eurodiputados del PP y de Cs. "Pero por algo hay que empezar", dicen unos. "Y entretanto, armar una estrategia a largo plazo", explica otro, "porque Félix Bolaños sí lo hace", señalando las "maniobras" del nuevo ministro de Justicia de Pedro Sánchez.

Los eurodiputados de Ciudadanos recuerdan, en charla con EL ESPAÑOL, que todo esto ya lo pasaron en el pasado, en 2017, cuando el discurso indepe triunfaba sobre el del Estado defendiéndose, ante los colegas de la UE. "Pero hoy es el Gobierno el que juega con la ventaja de saber qué quiere y de ir colocando sus piezas para lograrlo".

Adrián Vázquez, líder de Cs y de los liberales en el Parlamento Europeo, con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. EP

Uno de esos movimientos, señala un funcionario con larga tradición europea, fue la llegada de la paracaidista Ana Gallego a la dirección general de Justicia de la Comisión. "La colocó Moncloa, aprovechando la cuota nacional en puestos funcionariales clave, una de esas malas prácticas burocráticas de la Unión".

Gallego llegó en 2021, directamente desde la dirección de Cooperación y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo, primero, y Pilar Llop, después. Es la funcionaria de más alto nivel en el gabinete del comisario Didier Reynders y la vicepresidenta Vera Jourová. Y aunque su poder político sea menor al de los dos miembros del Ejecutivo comunitario con los que Moncloa lidia, es una ficha clave para entender las medias tintas con que Bruselas protesta ante las deficiencias que España muestra en su Poder Judicial.

[Bolaños planteará una reforma de las mayorías para renovar el CGPJ si sigue el bloqueo del PP]

Muchos suspensos en los anuales Informes sobre el Estado de derecho, muchas recomendaciones incumplidas, alguna llamada de atención... y poco más. Lo último, la carta de Reynders hace dos semanas, exigiendo "información detallada" sobre la Ley de Amnistía, que Bolaños respondió de inmediato, pero "de una manera sorprendentemente dura", apuntaba este domingo el líder del Partido Popular Europeo (EPP), Manfred Weber, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

¿División socialista?

Porque la otra clave reside en la tradición parlamentaria europea, basada más en el consenso que en la batalla partidaria. En la Eurocámara no hay mayorías y todo sale por debates y acuerdos, pero en este caso no es un país díscolo con un Gobierno de ideología extremista el que se pondrá bajo la lupa el miércoles. Sino la cuarta potencia de la UE, regida por el primer ministro más potente que tiene la socialdemocracia europea, junto a Alemania.

Por eso no es difícil hallar apoyos a Pedro Sánchez fuera de España, incluso del canciller Olaf Scholz. Y sí muy complicado encontrar disidentes en las filas de la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo, más allá de que esta cámara actúa de manera autónoma con marcajes muy duros a la Comisión y al Consejo.

Pero por mucho que haya eurodiputados socialistas que entiendan que el Estado de derecho y los principios y valores europeos se están poniendo en riesgo en España, "lo incipiente de la controversia", el peso de España y el prestigio de Sánchez impiden "dificultan mucho la misión", según admiten fuentes españolas en Estrasburgo.

Y más teniendo en cuenta que la líder del grupo S&D es una española, Iratxe García. En la mañana de este martes, la eurodiputada también compareció ante la prensa. Lejos de dar explicaciones sobre su cambio de posición respecto a la amnistía y los acuerdos con el independentismo, acusó a los populares de "estar pasando una digestión muy pesada, como cuando comes de más" tras los resultados del 23-J.

Preguntada por si hay divisiones en su formación, ya que ella misma convenció a los suyos durante estos años de que lo correcto era seguir yendo de frente contra Puigdemont y los suyos, respondía sin darle valor a ese rumor. "Es una magnífica noticia para toda Europa que haya un Gobierno progresista en España, ahora que las derechas expanden un mensaje contrario a los valores de la Unión".

Acababa de salir de la misma sala de prensa Dolors Montserrat, vicepresidenta de los populares europeos en el Parlamento. "El que resiste gana", apuntaba en conversación con este diario, "y en el seno de los socialistas europeos, sí hay división. Los alemanes y los italianos, que son las dos delegaciones más potentes tras la española, están molestos con el PSOE de Sánchez".

Batalla larga

Junto a Montserrat, en los pasillos de Estrasburgo, estaba Weber. Acaba de comparecer ante los medios junto a la exministra española, y departía con periodistas de su país para expandir los argumentos de que éste "no es sólo un asunto interno de España"...

La idea era, por un lado, desarmar lo que Bolaños le dijo a Reynders y Jourová el lunes por la noche por teléfono: "Respeten el debate político y parlamentario en España frente a los intentos de algunos grupos políticos de convertir un debate interno y español en una cuestión europea". Y por otro, poner presión al Gobierno alemán, socialista como el de Sánchez, con un mensaje potente.

Eurodiputados de Cs y del PP, durante una protesta contra la amnistía ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Efe

Scholz ya ha dejado claro que Sánchez es su aliado socialista más importante en la UE. Y la Comisión, de momento, no quiere intervenir. A preguntas de este periódico, un portavoz de Reynders y Jourová se limitó a reconocer que sí, que "Bolaños los llamó el lunes", que sí, que están "buscando fecha para una reunión", y que sí, que siguen "analizando el contenido" de la proposición de Ley de Amnistía. Ninguna valoración, ninguna respuesta, nada.

Por eso, Ciudadanos y PP siguen apretando, concertando reuniones con sus colegas antes del debate del miércoles, para que convencerlos de "lo que está en juego" en España, apunta el liberal Jordi Cañas. "Tenemos un ministro que es el ejemplo del control que quiere Sánchez sobre todo", apostilla Montserrat: "Bolaños maneja el Ejecutivo, con las atribuciones de Presidencia; el Legislativo, con las de Relaciones con las Cortes; y el Judicial, con la cartera de Justicia".

A su lado, Weber asiente. El alemán está implicado "de lleno" en la batalla. Su comparecencia de prensa, explica una fuente cercana, se convirtió más en un briefing a los medios de comunicación del resto de los Estados miembros, para "aleccionarlos". El objetivo es explicar que "no es lo que puede ocurrir, sino lo que está ocurriendo en España". Y que se parece mucho "a lo que ya hemos visto en otros países de la Unión, como Polonia, Hungría y Rumanía".

Ante la prensa, Weber mostraba su apoyo a "los millones de españoles manifestándose pacíficamente, ondeando banderas europeas y españolas en contra del pacto político de Pedro Sánchez y los separatistas, contra la ley de amnistía y en defensa del Estado de derecho".

Bolaños pretende estrenar su cargo en Justicia viajando la semana que viene a Bruselas para, por fin, explicar en primera persona a Reynders y Jourová la proposición de ley "y la posición del Gobierno español al respecto".

La redacción de la norma fue negociada por el equipo de Bolaños con los de Oriol Junqueras (ERC) y Puigdemont (Junts). Pero hasta este lunes, Bolaños alegaba ante la Comisión Europea que, "al ser un asunto de los grupos parlamentarios", él no podía aportar información a Bruselas. Llegará después del debate de este miércoles, al que se espera la asistencia del comisario y la vicepresidenta: Cs y PP tratarán de persuadirles con antelación.

La batalla política será larga. Y se apoya en la movilización de la sociedad civil: una iniciativa de la ilerdense Teresa Freixes, catedrática de Derecho constitucional español y europeo, pide firmas para enviar una carta a los europarlamentarios.

El objetivo de 100.000 firmas ya estaba al 95% a media tarde de este martes: https://savespanishruleoflaw.org/. El texto busca sensibilizar a los parlamentarios de los Veintisiete primero, y al resto de instituciones de la UE después, de que "la democracia española está en riesgo", de que éste es "un gran peligro para el proyecto europeo" y de que "la UE debe actuar antes de que sea demasiado tarde".