La Mesa del Senado pedirá un informe para dilucidar si es posible no tramitar la Ley de Amnistía

La Mesa del Senado será la que lo encargue, según ha podido saber este diario. Con muy pocas esperanzas de que haya resquicio alguno, pero como una "obligación moral de hacer lo que haga falta". Por eso, en realidad, al PP no le preocupó que este miércoles, durante el discurso incendiario de Santiago Abascal, el líder de Vox llegó a advertir a los populares de que si no bloquean la norma en el Senado "estarán colaborando con el golpe".

Y es que después de calificar de "golpista" a Pedro Sánchez y de recordar la querella que recién presentó el presidente de Vox en el Tribunal Supremo, se comprometió a "seguir haciendo todo" lo que esté en su mano para "salvar la democracia y a la patria". Y entre esas acciones, incluyó una advertencia al PP: o el partido de Feijóo bloquea la Ley de Amnistía en el Senado, "donde tienen la mayoría" o Vox "no podrá mantener su colaboración en las instituciones".

Antes de salir del hemiciclo y unirse a las manifestaciones de protesta en la fuente de Neptuno, junto al Congreso, y en Ferraz, el líder del partido de derecha extrema no llegó a decir que romperán los gobiernos autonómicos y municipales textualmente, pero así se recibió en las filas populares. Que, según fuentes de su dirección, tampoco necesitaban "ese incentivo" para tratar de hacer "cualquier cosa" por evitar la amnistía de Carles Puigdemont y el resto de implicados en el procés.

El PP ya no cuenta con detener la investidura de Sánchez en ningún caso. Y su discurso instando al presidente en funciones a que "vaya a elecciones" se limita a un argumentario. Con él pretenden reforzar la idea de que "no sólo están comprando la presidencia del Gobierno a cambio de la impunidad", sino que ("y sobre todo", insisten) "el PSOE no está haciendo una cosa que no iba en su programa, sino una cosa gravísima que negaba en su programa". 

Tanto es así que este periódico pudo confirmar que miembros de la Mesa de la Cámara Alta impulsarán la petición de ese informe jurídico a sus letrados para saber "hasta dónde se podría llegar constitucionalmente" en una acción de este tipo. Un miembro de la dirección del PP confirmó, poco después, que en Génova se entiende que "hay poco margen para no calificar" la proposición de ley, pero que "aquí no somos expertos juristas, y merece la pena averiguarlo hasta la última coma". 

Informe para qué

Según fuentes cercanas al órgano de gobierno del Senado, lo que se quiere consultar es si la Cámara que preside el popular Pedro Rollán tendría en algún caso capacidad de no calificar la norma. O si puede elevar alguna cuestión de constitucionalidad. O si existe algún resquicio por el que "evitar que una de las instituciones de representación de la soberanía nacional valide un texto a todas luces inconstitucional".

El PP sostiene que, en su articulado, la norma que ya está registrada en el Congreso "es esencialmente la misma" que la que Meritxell Batet, expresidenta de la Cámara Baja, rechazó de plano en marzo de 2021 "por inconstitucional". Y que "si algo es inconstitucional en el Congreso, lo es en el Senado". Así que, más allá de la evidente posición política del PP, no querrían colaborar en un "acto ilegal".

Por otro lado, fuentes socialistas en la Cámara Alta sostienen a preguntas de este periódico que no hay margen para no calificar. "El Senado sólo puede vetar o enmendar", explica un dirigente del PSOE, "y en rigor, lo que devuelve al Congreso es eso, el veto o las enmiendas, no la ley en sí".

Es decir, que si en 20 días la Cámara Baja no tiene constancia de veto o enmiendas, "la Ley de Amnistía se publica en el BOE y entra en vigor"... con la única salvedad de que el nuevo Reglamento de la Cámara le podrá permitir a los populares frenarla un par de meses.

Pero en el Partido Popular están conjurados con llegar "hasta donde haga falta" para evitar "el deterioro del Estado de derecho" que ellos atribuyen a los acuerdos de Sánchez con el independentismo.

Un alto dirigente del PP, incluso, asegura a EL ESPAÑOL "ya nos gustaría poder no calificarla, aunque ello supusiera la inhabilitación de los miembros del PP en la Mesa del Senado, estaríamos encantados de pagar ese precio, si con ello consiguiéramos impedir definitivamente su tramitación". Y, con pocas esperanzas, ésa es la razón por la que se pedirá el informe jurídico.