Los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete han aplazado este miércoles, por tercera vez consecutiva, la votación sobre la solicitud de Pedro Sánchez de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE, uno de los pagos adelantados que había exigido Carles Puigdemont a cambio de su apoyo. El Gobierno de Sánchez no ha logrado pagar este anticipo antes de la sesión de investidura, pese a que así lo reclamaba el expresidente catalán.
De hecho, el debate sobre las lenguas cooficiales en el Consejo de Asuntos Generales apenas ha durado 5 minutos. A diferencia de los dos intentos fallidos anteriores (en septiembre y octubre), esta vez ni siquiera ha estado presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para defender la solicitud española.
Sólo ha habido una corta intervención del secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, en la que ha explicado los avances (o más bien la falta de progresos) en la tramitación del expediente. Navarro ha concluido que la solicitud española seguirá discutiéndose a nivel técnico, pero no ha fijado ningún calendario, según han explicado a EL ESPAÑOL fuentes europeas.
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La única novedad es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido a sus homólogos una nueva propuesta corregida, cuyo objetivo es ofrecer más garantías de que no se producirá un efecto contagio. Se trata de consignar por escrito en el reglamento que las lenguas cooficiales españolas constituyen un caso único que no podrá ser utilizado como precedente por otras lenguas regionales o minoritarias europeas.
Para ello, el Gobierno ha propuesto un anexo que recoge las seis condiciones que deberá cumplir cualquier lengua regional para ser reconocida por la UE: que sea originaria de la UE; que cuente con reconocimiento constitucional; que se utilice en el Parlamento nacional; que se haya utilizado más de 10 años en instituciones comunitarias gracias a acuerdos administrativos; que se hayan depositado en Bruselas copias certificadas de traducciones de los Tratados a estas lenguas; y que el Estado miembro solicitante se haga cargo de todos los costes.
Esta propuesta corregida no sólo no ha servido para dispar las dudas del resto de socios, sino que ha generado nuevas quejas contra la gestión de Sánchez. El texto se envió muy tarde el lunes por la noche y la versión compartida con el resto de Estados miembros a través del correo electrónico no había sido traducida y estaba sólo en castellano, según ha relatado a este periódico un alto funcionario.
La versión en inglés no llegó hasta el martes, sin tiempo para preparar ningún debate en el Consejo de Asuntos Generales. Además, los socios europeos denuncian que el nuevo texto no incluye ningún tipo de análisis sobre el impacto legal, financiero y práctico que tendrá la solicitud sobre el catalán en la UE, pese a que lo vienen reclamando desde septiembre.
"Recibimos una propuesta en español el lunes por la noche sobre el tema. Todavía no hemos tenido tiempo de examinarla", ha dicho el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Anders Adlercreutz.
La presidencia española encargó en octubre a la Comisión de Ursula von der Leyen un informe detallado sobre los costes que tendría la inclusión del catalán, el gallego y el euskera en el reglamento lingüístico de la UE. Pero este estudio ni siquiera ha empezado a elaborarse.
"No tenemos todavía el informe de impacto material. Es normal. Tardan algunos meses esos informes porque estamos hablando de un informe detallado, que tiene que hacer un análisis sobre muchos aspectos", explicó Albares durante su visita a Bruselas el pasado lunes.