Una vez que se apruebe la Ley de Amnistía, Carles Puigdemont y los implicados en el proceso independentista catalán serán amnistiados en "un máximo de dos meses". Todos los casos tendrán que tramitarse —sin importar que se presenten recursos a la decisión de los jueces implicados— de forma "urgente y preferente", según se puede leer en el texto de la norma, que se registra este lunes en el Congreso, apenas 48 horas antes de que dé inicio el debate de investidura de Pedro Sánchez.
La Ley beneficiará a 309 independentistas y a 73 policías implicados en los acontecimientos del referéndum de 2017. Abarcará a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el procés en 2019.
Según ha adelantado este lunes el diario independentista Elnacional.cat y ha podido confirmar EL ESPAÑOL al tener acceso a la norma, el texto subraya que la amnistía se tendrá que aplicar por los jueces responsables de las instrucciones, procesamientos y condenas y tendrán que tomar "las decisiones [...] en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos".
La ley de Amnistía incluye todas las causas relacionadas con el procès desde 2012
El texto de la Ley no hace mención de nombres, pero la medida incluiría al expresident de la Generalitat huído desde 2017 Carles Puigdemont y a los también prófugos Toni Comín y Lluís Puig, ambos exconsellers. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí también se verán beneficiadas por la futura norma.
La norma incluye una referencia directa sobre Puigdemont y el resto de fugados al señalar que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión" así como las "órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención".
El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación, serán amnistiados.
Los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart —condenados por desórdenes públicos tras la reforma—, la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn —condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal—, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión, también se verán beneficiados por la Ley que han exigido Junts y ERC al PSOE como condición para investir a Sánchez como presidente.
Asimismo, Josep Lluís Alay, el exjefe de gabinete de Puigdemont, también resultará beneficado por la Ley de Amnistía. "También se entenderán comprendidas en este supuesto aquellas actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares o lograr que otras entidades públicas o privadas prestaran su apoyo a la consecución de la independencia de Cataluña", contempla el texto.
Alay fue acusado malversación y prevaricación por pagar con dinero de la Generalitat un viaje a Nueva Caledonia para observar la celebración de un referéndum en ese lugar.
La Ley marca un ámbito temporal, otro de hechos y el subjetivo, de las personas que deberán verse afectadas. El plazo va desde el 1 de enero de 2012, fecha en la que se queda marcado, pues, el inicio del procés, hasta este lunes 13 de noviembre de 2023, día en el que se registra la norma en el Congreso.
El artículo 1 enumera actos para "reivindicar, promover o procurar la secesión o la independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos".
Estos actos se describen como los "delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización" del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 o "cualesquiera de las conductas" relacionadas "directamente o a través de cualquier entidad pública o privada".
Es decir, todos los implicados en el movimiento secesionista, ya fuera como líderes o como colaboradores necesarios, desde el Govern, desde el Parlament o desde asociaciones como Òmnium Cultural o la ANC. De ahí los nombres de los líderes mencionados.
Los propios referendos del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017 vienen recogidos expresamente en el punto b) de este artículo, reconociendo que fueron "actos cometidos con la intención de convocar, promover o procurar" estas consultas "por quien careciera de competencias para ello" o porque esta "convocatoria o celebración haya sido declarada ilícita".
También se amnistiarán la divulgación del proyecto indepe en cualquiera de sus formas: "Recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares o lograr que otras entidades [...] prestaran su apoyo a la consecución de la independencia".
El mismo artículo añade a aquellas personas que "hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento [...], representación, protección o seguridad a los responsables" implicados. Aquí es donde encajarían los delitos, por ejemplo, del exconseller Miquel Buch, condenado por haber contratado a un mosso para que sirviera de escolta del expresident fugado en Waterloo.
El siguiente punto se dedica a los delitos de "desobediencia" y el de "desórdenes públicos". Esto es así porque el de sedición fue removido del Código Penal hace menos de un año, y fue sustituido por este último, durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, entre el PSOE y ERC.
El rapero independentista conocido como Valtonyc también podría llegar a ser amnistiado. Fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas incluidas en las rimas de raps que cantó en 2012 y 2013.
El texto de la Ley reza que "también quedarán amnistiados los actos de desconsideración o crítica vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos, los entes e instituciones públicas, así como sus símbolos o emblemas, en el curso de manifestaciones, asambleas, obras o actividades artísticas (...) que tuvieran como objeto reivindicar la independencia de Cataluña o prestar apoyo a quienes hubieran ejecutado actos amnistiados con arreglo a esta Ley". Sin embargo, una de las frases por las que Valtonyc fue juzgado decía que "ETA es una gran nación", que no tiene relación alguna con el procés catalán.
Sin rastro del 'lawfare'
El texto de la Ley, pendiente de ser aprobada, no menciona el término lawfare en ninguna ocasión. No hay ninguna alusión, al menos evidente, al concepto que indica que se ha producido una persecución política desde los tribunales.
Tampoco se menciona las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados sobre sentencias judiciales que ha levantado una crítica prácticamente unánime de todo el ámbito judicial español.