Podemos prepara una ley para que presentadores de programas de actualidad y directivos de los medios de comunicación estén obligados a hacer públicos sus intereses económicos, al igual que ocurre con los cargos públicos. La propuesta tiene su origen, señalan fuentes de la formación, en el caso de Ana Rosa Quintana, a quien acusan de atacar la Ley de Vivienda por ser propietaria de 44 pisos turísticos.
"Al igual que los políticos, los periodistas pueden enfrentarse a conflictos de intereses que pongan en peligro el acceso constitucional a una información veraz de los ciudadanos", recalcan las mismas fuentes. "De este modo, la ciudadanía podrá conocer con transparencia los intereses económicos de quienes dirigen y deciden la línea editorial de los medios de comunicación".
La nueva norma, que todavía está siendo estudiada para presentarse en los próximos días, afectaría a los presentadores y directores de programas "con algún contenido político" en los grandes medios de comunicación, los de los informativos, los miembros de los consejos de dirección y los propietarios. De aprobarse el texto, todos ellos tendrían la obligación legal de publicar sus participaciones en cualquier tipo de sociedades, cotizadas o no, especificando qué actividad económica desarrollan.
En especial, el partido liderado por Ione Belarra hace hincapié en "las empresas que trabajan en sectores estratégicos [como la energía o la alimentación] y que operen en áreas que afectan a los derechos fundamentales [sanidad, educación, vivienda]". También deberán indicar cualquier facturación que lleven a cabo de forma directa o indirecta con otras empresas o con la administración pública.
"Las personas con gran poder mediático tienen la capacidad de orientar a la opinión pública, a veces no para proporcionar información veraz, sino para condicionar la toma de decisiones legislativas y ejecutivas de forma que beneficien sus propios intereses económicos privados", señalan desde la formación.
Contra Ana Rosa
La cruzada de los morados contra Ana Rosa Quintana viene de lejos, pero se ha recrudecido estos días tras la publicación de que posee 44 apartamentos turísticos entre Madrid y Sevilla a través de la empresa Slow Suites. Según una investigación de La Marea, muchas de ellas se encuentran en zonas tensionadas afectadas por la Ley de Vivienda, que emana de uno de los ministerios de Podemos (Derechos Sociales) y establece un tope máximo al 2% para las viviendas en alquiler.
En este contexto, la marca de Ana Rosa llegó en 2020 a estar en unos números rojos de -683.691,09 euros, "que descendieron hasta los -109.991,26 euros en el ejercicio siguiente". Según ha repetido el partido en varias ocasiones, "las casas son para vivir, no para especular".
Un asunto recurrente por el que el partido critica a la periodista es su apoyo mediático a Desokupa, la empresa dedicada a los desahucios forzosos "contra okupas e inquilinos problemáticos", según consta en su página web. De hecho, Ione Belarra propuso ilegalizarlos la semana pasada.