El PSOE propone desalojos de okupas según quién sea el dueño y lo saca del pacto de la Ley de Vivienda

Además, se podrá desokupar en 48 horas. Pero según quién sea el propietario de la casa, beneficiando a los pequeños propietarios, ya que la Ley de Vivienda ralentiza los desalojos de "personas vulnerables" en propiedades de grandes tenedores. Hay que tener en cuenta que la ley considera grandes tenedores a los que poseen diez o más inmuebles o cinco o más en una zona tensionada.  

Para conseguir su propósito, los socialistas resucitan una enmienda que plantearon en septiembre y que guardaron en un cajón al no ser del agrado de Unidas Podemos. El texto dice que "en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles" el juez o el tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en un plazo máximo de dos días desde la petición de la parte legítima o desde la remisión del atestado policial.

Cuando el PSOE planteó esta iniciativa, el diputado de Podemos Rafa Mayoral acusó al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, de estar "descentrado". Yolanda Díaz, por su parte, aseguró que este tipo de medidas "favorecen a la extrema derecha", e Irene Montero manifestó que la okupación "es un problema inventado por la derecha".  

Con esta medida, el PSOE trata de calmar al PSC, que está siendo muy contundente en su discurso contra la okupación en Cataluña, especialmente en Barcelona, donde le disputa la Alcaldía a Ada Colau. 

Las fuentes socialistas consultadas aseguran que se trabaja ya para sacar "cuanto antes y con el mayor consenso posible" la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia.  

[¿Es la Ley de Vivienda un 'chollo' para los ‘okupas’ o un balón de oxígeno para personas vulnerables?]

Esta ley se encontraba parada en el Congreso de los Diputados a la espera de ir a la Comisión de Justicia, pero en el PSOE esperan que vaya a Comisión "en las próximas semanas", según fuentes internas.

Aunque los socialistas no han iniciado negociaciones con el PP, son conscientes de que deben hacerlo, ya que no hay forma de que Unidas Podemos y otros socios que sí apoyan la Ley de Vivienda, como ERC y EH Bildu, aprueben una medida así.

Pero para el PSOE es capital atender la reclamación del PSC. Cataluña concentra el 42% de los casos de okupación de toda España y muchos alcaldes socialistas están enarbolando un discurso contra este fenómeno de cara a las municipales.

Un ejemplo es David Bote, regidor de Mataró y miembro de los socialistas catalanes, que este mismo jueves aseguró en una entrevista que su ciudad "quiere seguir liderando la lucha contra las okupaciones".

Si bien es difícil que la Ley de Eficiencia Organizativa vea la luz antes de las elecciones del próximo 28-M, fecha en la que Cataluña celebrará elecciones municipales pero no autonómicas, la tramitación servirá para desplegar el discurso y diferenciarse de los oponentes políticos.

No en vano, Pedro Sánchez va a cerrar la campaña electoral en Barcelona. Y, en cualquier caso, la ley tendrá que ver la luz antes de las generales del próximo mes de diciembre, donde la circunscripción de Barcelona es una de las que más diputados aporta al Congreso.

[Sánchez obligará a las Comunidades a "mediar" con los okupas de pisos de grandes propietarios]

La resurrección de esta medida contrasta con los acuerdos a los que el PSOE ha llegado con sus socios en la Ley de Vivienda, que se aprobará este jueves en el Congreso. La semana pasada, los socialistas acordaron una enmienda transaccional para crear "un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje" en algunas okupaciones, dependiendo de la situación económica del ocupante y del número de pisos que tenga el propietario.

La transaccional, que se aprobará este jueves con la ley, afectará a aquellas okupaciones llevadas a cabo por "personas vulnerables" y que lo hagan en inmuebles de grandes tenedores. 

En la enmienda se incluye el requisito de, cuando se vaya a presentar una demanda por okupación, especificar si se trata de la vivienda habitual del okupa y un documento que acredite o no si es persona vulnerable, "previo consentimiento de la persona ocupante", aunque con alternativas en caso de que no consienta.

Todo esto es responsabilidad del demandante, que tiene que demostrar además si es gran tenedor o no a través de un documento emitido por el Registro de la Propiedad. Además, corresponde a las comunidades autónomas ejercer de "órgano mediador" e intentar que se alcance un acuerdo entre las partes.

En caso de que no suceda, la autonomía tendrá que recurrir a los fondos aportados por el Estado a través del Plan Estatal de Vivienda para encontrar dicha solución habitacional.