La vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido este martes una larga reunión en Estocolmo con el comisario de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, para abordar el impacto en Doñana del proyecto de ley de regularización de regadíos promovido por el Partido Popular y Vox en el Parlamento andaluz. Sinkevicius le ha trasladado su "preocupación" por el deterioro del Parque Natural y su determinación de adoptar "todas las medidas a su disposición" para garantizar su protección.
"La Comisión está preocupada por la situación en Doñana y los posibles riesgos adicionales que este proyecto de ley podría suponer para este espacio emblemático en Europa, muy particular y muy rico", ha explicado la vicepresidenta tercera al término del encuentro.
Sinkevicius ha insistido en que España debe cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Doñana, que le obliga a tomar medidas para frenar las extracciones de agua subterránea y evitar el deterioro de los hábitats.
[Bruselas avisa de que tomará "medidas adicionales" para asegurar la protección de Doñana]
"El comisario ha recordado que se toma muy en serio la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia y que no dudará en utilizar todas las medidas a su alcance para que España cumpla lo antes posible el fallo del TJUE", según ha explicado un portavoz del Ejecutivo comunitario.
En cuanto a los "próximos pasos", la vicepresidenta tercera ha señalado que el Ejecutivo comunitario todavía está a la espera de una "respuesta formal" a la carta que envió en marzo, en la que avisaba de multas diarias si la Junta de Andalucía seguía adelante con la ley de regadíos.
La respuesta la tiene que en enviar el Gobierno central, que es el único interlocutor directo de la Comisión en los casos de expedientes sancionadores. Pero Ribera ha dicho que tiene previsto incluir en la misiva las explicaciones de la Junta de Andalucía "sobre lo que están haciendo".
"El principal mensaje es que la situación y las preocupaciones no han cambiado y que lo mejor sería concentrar los esfuerzos en reducir los riesgos sobre Doñana y no añadir ningún nuevo riesgo a este espacio", sostiene la vicepresidenta tercera.
En la carta de marzo, la directora general de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Florika Fink-Hooijer, que también ha participado en la reunión en Estocolmo, avisaba de que de prosperar la ley de regadíos "se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia".
La aprobación de esta norma "agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana". "Por otra parte, la sobreexplotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío", sostiene la directora de Medio Ambiente.
"Ante esta situación, la Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que se solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias", concluía la misiva.
Por su parte, el presidente del grupo popular europeo, el alemán Manfred Weber, y la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, han enviado una carta conjunta a la Comisión Europea en la que sostienen que "la proposición de ley del Parlamento andaluz para la mejora de la gestión agrícola de Doñana da solución a un problema histórico y protege el Parque".
Los políticos del PP sostienen que el proyecto de ley "no perjudica al Parque andaluz, sino que lo protege, ya que no permite la explotación del acuífero que alimenta el parque y no concede automáticamente el derecho al riego de las tierras clasificadas como tierras agrícolas regables con aguas superficiales".
Además, la norma "no afecta al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Doñana, sino que garantiza su cumplimiento". Montserrat y Weber reclaman una reunión urgente con la Comisión Europea para explicar los detalles de esta propuesta y lamentan el "daño importante que se está causando a la imagen de Doñana, de Andalucía y de su agricultura por intereses partidistas".