Moncloa baja el tono tras el fiasco del pulso con Ferrovial y las duras críticas de los inversores

En realidad, fue el propio Sánchez quien decidió hace un mes sostener en persona ese virulento pulso contra la empresa, descalificando incluso en público a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.

De esa forma, al haber decidido liderar ese pulso, el resultado sólo puede ser interpretado como una derrota del presidente del Gobierno.

[Los accionistas de Ferrovial aprueban el traslado de la sede a Países Bajos con aplausos y palabras de apoyo]

“Puede haber un error de cálculo, por dar una batalla que sólo podía perder y, además, darla personalmente”, asegura un alto cargo de un ministerio ajeno al asunto.

Por otra parte, las intervenciones muy críticas contra el Gobierno de fondos e inversores internacionales en la junta de accionistas de Ferrovial son un importante toque de atención para el Ejecutivo.

De hecho, la dura reacción oficial al anuncio de traslado hace un mes fue sustituida este jueves por una respuesta muy tibia de fuentes del Gobierno, según la cual “el Gobierno respeta la decisión adoptada por los accionistas en la Junta General de Ferrovial. Vamos a continuar trabajando de manera constructiva con todas las empresas españolas para defender sus intereses e impulsar su expansión y crecimiento”.

“El Gobierno trabaja para atraer inversión y favorecer que las empresas en España puedan crecer, crear empleo y acceder a los mercados financieros desde nuestro país en las mejores condiciones posibles. Como ha quedado claro, por los análisis del supervisor del mercado de valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME), las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la bolsa norteamericana si así lo solicitan, ya que no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que lo impidan”, explicó el Gobierno. 

Y concluye que “todas las previsiones nacionales e internacionales apuntan a un crecimiento económico de nuestro país este año que casi duplica la media europea y de las principales economías de la zona euro. España es un país competitivo, que atrae talento e inversiones. En 2022, la inversión extranjera superó los 34.178 millones de euros, el segundo mejor año de la historia”.

Ayer, el asunto Ferrovial no fue incluido en el argumentario que reciben cada día desde Moncloa todos los ministros socialistas. 

En el pulso de Sánchez se incluye su negativa a hablar con los responsables de la compañía desde el mes de marzo y mantener los contactos a través de varias ministras, especialmente, Nadia Calviño, la vicepresidenta primera.

La estrategia, paso a paso

Cuando se anunció la decisión de poner en marcha el traslado, Sánchez hizo que un alto cargo de Moncloa explicara a los periodistas que le acompañaban en un viaje oficial que Del Pino, en realidad, lo que busca es beneficiarse personalmente pagando menos por impuesto de Patrimonio.

Se trataba de socavar los motivos del traslado, pero, en realidad, la tesis no se sostenía porque el máximo responsable de Ferrovial explicó que seguirá residiendo en España.

Esta estrategia la completó el presiente del Gobierno descalificando públicamente al empresario. “En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego creo que, tras este anuncio, no es el caso del señor Del Pino”, dijo a principios de marzo.

Los socialistas explicaban entonces que Moncloa aprovechaba la decisión de Ferrovial para insistir en la estrategia de hacer política frente a los poderosos y, al tiempo, lanzar un aviso a alguna otra empresa que pueda estar pensando en tomar una decisión similar. Era el relato del "rico que sólo busca ganar más dinero" para evitar el de "la fuga de una gran empresa a causa de decisiones del Gobierno".

[Pedro Sánchez acusa a Rafael del Pino de no ser "un empresario comprometido" con el país]

El Gobierno sí consiguió que Ferrovial rectificara su posición inicial y eliminara la "falta de seguridad jurídica" como causa de su decisión de trasladar la sede a Países Bajos.

Lo último de la estrategia del Gobierno ha sido intentar dividir a la junta de accionistas con una carta en la que explicaba que sí es posible cotizar en la Bolsa de Nueva York mientras se tiene sede en España y, además, advertía de que es posible que Hacienda reclame las exenciones fiscales por fusiones empresariales a las que se acoge Ferrovial.

El propio José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, insistió ayer en que si se observa que no hay causas económicas en el traslado podrían anularse esas exenciones fiscales. Fuentes del Gobierno aseguran que esa vía sigue abierta.

Políticamente, fuentes de Moncloa explican que intentarán hacer frente a la tesis de que Ferrovial adopta esta decisión como consecuencia de posiciones del Gobierno. También para mostrar que el líder del PP jalea la posible salida de más compañías, al justificarlas.

Esperan que el asunto esté presente en le debate que Sánchez y Feijóo mantendrán en breve en el Senado.

Podemos presionó ayer a Sánchez para que mantenga el pulso con Ferrovial. Así, la ministra Ione Belarra aseguró que "el Gobierno de España no puede permitir lo que estamos viendo con Ferrovial, tiene que ser mucho más contundente. Tienen que devolver hasta el último euro de dinero público que recibieron de los españoles y de las españolas”.

En los ministerios morados consideran que hay que echar leña al fuego. Considera que la decisión de Ferrovial no tiene justificación alguna, incluyendo las económicas que motivarían que la compañía se pudiera acoger a las deducciones que permite el régimen fiscal de fusiones y adquisiciones.

Además, acusan a la compañía de no tener sensiblidad con el país, con España, sobre todo teniendo en cuenta que la compañía se ha beneficiado de concursos públicos. Hablan de desprecio patriótico y consideran que hay que tomar medidas para evitar que los beneficios que la empresa ha logrado en nuestro país salgan con Ferrovial.

En este sentido, desde Unidas Podemos insisten en recuperar fórmulas que eviten las deslocalizaciones empresariales, o al menos que no salgan gratis. Para ello, reclaman que las compañías con base en España que lancen estrategias para deslocalizarse tengan que devolver las ayudas públicas que hayan recibido.

Precisamente, en esta dirección va una proposición de ley que Unidas Podemos propuso en marzo en el Congreso, cuando Ferrovial dio a conocer su intención de ‘mudarse’. Sin embargo, esta propuesta se ha quedado en la cuneta del Congreso: los morados no cuentan con cupo para introducirla en el Pleno de la Cámara Baja y los socialistas (y sus ministerios) la han desechado.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró en Twitter que "la inaceptable decisión de Ferrovial de cambiar su sede a Ámsterdam ha generado indignación en nuestro país. El Gobierno va a seguir defendiendo el interés general. Las empresas tienen que comprometerse con su país y la mejor forma es avanzar en democracia económica".