El PSOE y el PP han aprovechado el debate sobre la situación del Estado de derecho en España celebrado este jueves en la Eurocámara para escenificar el bloqueo total de las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cuatro años. Socialistas y populares se han acusado mutuamente de la parálisis después de que Bruselas haya vuelto a pedir renovar el órgano de gobierno de los jueces y proceder justo después a su reforma.
"La Comisión ha recomendado a España que proceda a la renovación del Consejo del Poder Judicial con carácter prioritario e inicie, inmediatamente después de dicha renovación, un proceso con vistas a reformar el método de nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos", ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Vera Jourová, durante el debate en el pleno. El Ejecutivo comunitario quiere que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces.
Jourová ha reclamado además reforzar la independencia del Fiscal General del Estado, desvinculando la duración de su mandato de la del Gobierno. Finalmente, la vicepresidenta ha alertado de que "el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel sigue siendo motivo de preocupación, ya que los procedimientos siguen siendo largos y complejos".
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La Comisión de Ursula von der Leyen tiene previsto presentar en julio su cuarto informe sobre la situación del Estado de derecho en los países de la UE. Un documento que evaluará el grado de cumplimiento de cada país de las recomendaciones del año pasado, ha explicado Jourová.
Pese al nuevo aviso del Ejecutivo comunitario, los eurodiputados del PSOE y del PP han dejado claro que no habrá ni renovación ni reforma del CGPJ a corto plazo. "Sobre el CGPJ está claro, lo sabe todo el mundo: si no se renueva desde hace cinco años es porque lo tiene secuestrado el PP,que es el único que se niega a aportar los votos necesarios para la conformación de la mayoría de tres quintos, incumpliendo la Constitución y la ley orgánica española", ha dicho el portavoz del PSOE, Juan Fernando López Aguilar.
"Vicepresidenta Jourová, pierda toda esperanza: el Gobierno español ni ha cumplido ni va a cumplir con ninguna de las recomendaciones de sus informes. Por supuesto no con la reforma del ministerio fiscal, no con la reforma del CGPJ. Nos piden que juguemos un partido, pero dicen que solo van a jugar la primera parte y por tanto no se hablará de la modificación del sistema de elección del CGPJ", le ha replicado el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos.
"En el próximo informe del Estado de derecho aparecerá un Gobierno, y no hay que mirar a Israel, que utiliza su mayoría parlamentaria para dejar sin efecto sentencias judiciales cuando afectan a sus aliados políticos", ha dicho Zarzalejos.
El eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha acusado al PP de ignorar las recomendaciones de Bruselas. "Ustedes no escuchan, porque la comisaria ha dicho primero renovación y después cambio de elección. Hagan su trabajo, asuman sus responsabilidades. Porque el principal problema que tiene en estos momentos España con el Estado de derecho es que el líder de la oposición es un líder tutelado por la extrema derecha y por los medios de comunicación conservadores de Madrid", ha señalado Urtasun.
"España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por el actual gobierno socialista y comunista. Ustedes son los que han reformado el Código Penal derogando la sedición y rebajando el delito de corrupción", ha señalado la líder del PP en Bruselas, Dolors Montserrat.
Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazurtundúa, ha dicho que el bloqueo del CGPJ se debe a que "los grades partidos, Partido Popular y Partido Socialista, no quieren cambiar la ley, porque quieren seguir controlando". "La clave, comisaria, es primero cambiar la ley. Si no, nunca, nunca saldremos de esta situación", le ha reclamado a Jourová.
En el pleno también ha intervenido el expresidente catalán, Carles Puigdemont, que ha agradecido al Partido Popular haber propuesto este debate sobre el Estado de derecho en España porque contribuye a reforzar su "línea de defensa" para tumbar la euroorden, la "politización de la justicia española".