Este jueves se vota en el Congreso la convalidación del real decreto sobre la reforma de las pensiones en España. Esta segunda parte incluye el mecanismo de solidaridad intergeneracional y la ampliación del periodo de cómputo para lograr la "sostenibilidad" del sistema. El Gobierno sostiene que ha sido "acordado" con la Comisión Europea y los sindicatos. Sin embargo, Bruselas desmiente haberlo "avalado".
Así lo confirma, por escrito, un portavoz oficial de la Comisión preguntado por este último tramo de la reforma: "La Comisión sólo evaluará formalmente los elementos [...] en el contexto de la próxima cuarta solicitud de pago de España".
En todo caso, la convalidación del decreto saldrá adelante, como ya informó este periódico, una vez que el PNV, ERC y Bildu le han asegurado sus votos a la coalición de Gobierno, entre PSOE y Unidas Podemos. El PP, por su parte, votará en contra.
"En los últimos meses, hemos estado discutiendo esta reforma de pensiones con Bruselas", sostiene José Luis Escrivá. "Confío en que el señor Feijóo cambie de postura cuando compruebe hasta qué punto este modelo de pensiones es absolutamente sostenible a corto, medio y largo plazo. Porque si no, la Comisión no estaría ahí".
Y es que la clave de la cuestión está en la "sostenibilidad" del sistema. El propio comisario económico, Paolo Gentiloni, llevaba un año advirtiendo a España públicamente sobre las dudas que le generaba este punto, cuyo cumplimiento será fundamental en la "evaluación" de los hitos comprometidos entre Moncloa y Bruselas, en el marco del Plan de Recuperación.
De hecho, el hito debería haberse cumplido antes del cierre del año 2022, de modo que llega con tres meses de retraso.
La Comisión admite que "cualquier país puede sufrir una demora", pero sin el "aval al contenido", el Gobierno vería retenida la cuarta entrega de los fondos NextGenerationEU. Según el reglamento comunitario publicado el pasado 21 de febrero, la UE aplicará "la mayor sanción posible" a España.
Malestar en Bruselas
En líneas generales, la reforma busca que las pensiones se mantengan ancladas al IPC mientras aumenta el número de jubilados por la generación del baby boom, y sus bases de cotización son mayores. Cada mes, de hecho, se bate un récord milmillonario de gasto en este tipo de prestaciones, que crecen en un 11% anual.
Así, el proyecto ha sido criticado por poder suponer un obstáculo a la creación de empleo con el destope a las cotizaciones y los nuevos mecanismos, como la "cuota de solidaridad" para los sueldos altos. Ésta es la posición del PP y de la CEOE, por ejemplo. O del prestigioso diario Financial Times, que este miércoles calificaba de "perversa" la denominación de "mecanismo de solidaridad intergeneracional" a un sistema que hará que "los jóvenes trabajadores paguen más" para sostener a sus mayores.
"Espero que el Partido Popular cambie de postura cuando sepa hasta qué punto está discutido y entendido por las autoridades europeas, lo que le da un viso de robustez clarísimo a las medidas que hemos tomado", sostiene Escrivá.
Pero lo cierto es que la Comisión Europea se siente molesta con estos comentarios y ha salido a aclarar que el único "aval" dado hasta el momento es el de los tramos previos de la reforma, "en el contexto de las tres solicitudes de pago evaluadas hasta el momento".
Más concretamente, el portavoz citado explica que Bruselas "evaluó positivamente algunas reformas del paquete de pensiones que contribuyen a respaldar la adecuación y el poder adquisitivo de las pensiones, incluido su impacto fiscal individual". Pero que sigue pendiente el resto.
Alberto Núñez Feijóo saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en presencia de Esteban González Pons.
Es decir, que "el mecanismo de equidad intergeneracional, el ajuste de la base máxima de cotización, el período de referencia para el cálculo de las pensiones y la sostenibilidad fiscal general del paquete", se someterán a escrutinio cuando España solicite la cuarta entrega de los fondos de recuperación.
Y eso no se puede hacer hasta que sea ley lo incluido en el decreto que se somete a votación este jueves en el Congreso.
Feijóo "frívolo y antipatriota"
Hay que recordar que el PP se mostró primero escéptico y después contrario al texto legal.
De hecho, su portavoz económico, Juan Bravo, abrió la puerta a la abstención en los últimos días, si el Gobierno entregaba "un papel con la información requerida" que demostrara la "sostenibilidad" de sus cálculos. Aunque por boca de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, la reforma fue calificada de "parche electoralista, que aplaza el problema hasta 2025, para que lo aborde el próximo Gobierno".
Sin duda, el líder de la oposición se ponía la venda de las advertencias antes de la herida de los recortes... dando por hecho que le tocará a él hacerlo, como presidente del Gobierno.
Porque el decreto incluye una disposición adicional que encarga a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una evaluación cada tres años de la "sostenibilidad" de la reforma. Sin embargo, el Gobierno convocó un Consejo de Ministros extraordinario para aprobarla, sin esperar a que este organismo emitiera una evaluación de la misma.
Este mismo miércoles, el PSOE publicaba un vídeo de precampaña tratando de ridiculizar a Feijóo, sosteniendo que "en economía, no da ni una" y asegurando que la reforma de las pensiones está "pactada con Europa".
Escrivá fue preguntado, precisamente, por esto el pasado miércoles en Bruselas. Visiblemente nervioso, se limitó a calificar a Feijóo de "irresponsable, frívolo, insolvente y antipatriota" por haber criticado su reforma ante la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el comisario económico, Gentiloni.
Y sobre la acusación de que su proyecto da "una patada al problema" hasta 2025, aseguró: "Lo que tiene el sistema es una cláusula de rigor y disciplina a medio plazo, pero como el PP tiene muy mala relación con reglas fiscales, por eso le molesta", respondía, "ese elemento que le da mayor credibilidad y sostenibilidad al sistema".
Sin explicar qué quería decir con la comparación, y ante la insistencia del reportero sobre una evaluación ex-ante de la AIReF, el ministro cerró su comparecencia: "Tienen la información, ya veremos qué opinan cuando consideren que deben hacerlo".
El suspenso de la AIReF
Fue al día siguiente cuando llegó el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Igual que el Banco de España, el organismo considera que el nuevo sistema no asegura la sostenibilidad y agrava los números rojos, aumentando el déficit público en más de un punto a medio y largo plazo.
Teresa Herrero, actual presidenta de la AIReF, incluso acusó el pasado viernes de "falta de transparencia" en los cálculos a su antecesor en el puesto, el ministro Escrivá, responsable de la reforma.
Un día después, y contrariado por no haber sido advertido del suspenso a la reforma, Pedro Sánchez defendía la solvencia de la reforma, al acabar el Consejo Europeo en Bruselas. El Gobierno, de hecho, presume de que su decreto "para modernizar" el sistema de pensiones está recabando "un alto interés" entre sus colegas europeos, y que "será referencia de futuro de cómo se debe abordar este tipo de reformas en los países de la UE".
Tanto Sánchez como Escrivá contrastan, incluso, la "diferencia abismal" de su enfoque con el de la reforma francesa, que ha provocado una oleada de manifestaciones violentas en el país.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo.
El ministro incidió en que uno y otro proyecto van "en la dirección contraria". Según sus palabras, el objetivo del Gobierno español es "aumentar los ingresos" y el de Emmanuel Macron es "recortar derechos, aumentar la edad de jubilación, recortar prestaciones y hacerlo en un clima de confrontación social".
De momento, la Comisión ha hablado por boca de un portavoz. Pero en breve deberá dar una respuesta al Parlamento Europeo. El pasado viernes, Eva Poptcheva y Adrián Vázquez solicitaban una respuesta escrita y urgente por el riesgo de desequilibrio en las cuentas españolas.
Según la AIReF, la reforma podría llevar la deuda pública hasta el 186% del PIB y el déficit al 7% en el año 2070. Así, la pregunta parlamentaria de los eurodiputados de Ciudadanos -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- exige saber si "coinciden" estas estimaciones con las entregadas por Escrivá a la Comisión, y qué "ingresos adicionales" ha presentado el ministro para cubrir el aumento del déficit.
Finalmente, la clave que dejaría políticamente desnudo al Ejecutivo: "¿Confirma la Comisión que no ha avalado la propuesta del Gobierno, ya que evaluará dicha reforma cuando se solicite el cuarto desembolso de fondos NGEU?".