"Si estás leyendo este e-mail, es porque he sido ilegalmente detenida en Barcelona". Así comienza la exconsellera catalana Clara Ponsatí un correo electrónico dirigido a todos sus "colegas" eurodiputados del Parlamento Europeo (PE).
Ponsatí ha sido detenida este martes por los Mossos d'Esquadra, por orden del juez Pablo Llarena, instructor del procés.
"Se ha violado mi inmunidad como miembro de este Parlamento", sostiene en su correo electrónico, que avanza EL ESPAÑOL, en el que lamenta "el desprecio de las autoridades españolas por el Derecho europeo".
"Mi arresto ha sido ordenado por el juez español que investiga mi rol en el referéndum de independencia de Cataluña en 2017", comenta la exconsejera de Educación, que avanza al resto de eurodiputados que, tras su visita a la Ciudad Condal, pretendía volver este miércoles a Bruselas, donde se celebrará el próximo Pleno del PE.
Ponsatí, en el mail, se queja de que, con su detención, se han violado sus derechos a volver a Bruselas y participar en el Pleno del miércoles. También, el derecho de sus electores "a la participación política".
La exconsejera catalana finaliza su escrito instando a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, a "defender" la inmunidad de Ponsatí como europarlamentaria.
"Y os llamo a todos a expresar vuestra oposición a esta violación de nuestros derechos como diputados europeos y a trabajar conmigo para prevenir que las autoridades españolas sigan erosionando el Estado de Derecho y nuestro sistema de derechos y valores", finaliza el texto, escrito en inglés.
Este martes, en una rueda de prensa previa a su detención, celebrada en el Colegio de Periodistas de Barcelona, Ponsatí ya había advertido de que no se entregaría a la Justicia española, pues, según ha dicho, goza de inmunidad.
A diferencia de Meritxell Serret, exconsejera catalana que, tras pasar tres años fugada, regresó a España y se puso a disposición del Tribunal Supremo, Clara Ponsatí nunca ha reconocido la legitimidad de los magistrados españoles.
No obstante, Ponsatí tiene en vigor una orden nacional de detención, pese a que goza de la inmunidad europarlamentaria concedida, de forma cautelar, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tras la reforma del Código Penal emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que supuso la derogación del delito de sedición, Clara Ponsatí se enfrenta a una multa y a una posible inhabilitación por el de desobediencia, que no implica, en ningún caso, penas de cárcel.